La jueza de Ejecución Penal, María Lidia Wyder, reiteró la orden de captura contra el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, con el objetivo de dar inicio a la ejecución de la condena de ocho años de prisión impuesta por el delito de lesión de confianza.
En noviembre del año pasado, Cárdenas presentó una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un intento por frenar el cumplimiento de la condena. Sin embargo, la Sala rechazó la acción in limine, es decir, sin entrar a analizar el fondo del planteamiento, por considerarla manifiestamente improcedente.
El rechazo fue firmado por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, quienes confirmaron la validez de la condena firme, habilitando así su ejecución inmediata. Pese a ello, el exintendente continúa interponiendo incidentes con el fin de dilatar el cumplimiento efectivo de su pena.
El proceso que derivó en su condena está relacionado con el desvío de G. 860 millones que debían destinarse a la construcción de 15 escuelas en el año 2016. Según la investigación, los fondos fueron transferidos para obras que no se realizaron y que tampoco fueron fiscalizadas, evidenciando un esquema de corrupción dentro de la administración municipal.
Además de Cárdenas, también fueron condenados otros exfuncionarios de la Comuna: el exdirector de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, recibió una pena de seis años de prisión, y Carlos María Mendieta, exencargado de la Dirección de Obras, fue sentenciado a tres años, ambos en calidad de cómplices. Sus condenas también quedaron firmes.
A pesar de contar con una sentencia firme, Roberto Cárdenas continúa sin cumplir su pena, amparado en la permisividad del sistema judicial, que hasta ahora no ha logrado ejecutar efectivamente la condena. Las autoridades judiciales reiteran que corresponde el inmediato cumplimiento de la pena, mientras el condenado sigue utilizando herramientas procesales para dilatar el proceso.
