En sus alegatos finales la agente fiscal Claudia Aguilera solicitó la aplicación de 16 años de pena privativa de libertad al cantante Pablo Benegas, ya declarado reprochable por el Tribunal de Sentencia por abuso sexual en niños y pornografía infantil.

En el marco del juicio oral y público que soporta el acusado, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por los jueces Rossana Maldonado y Manuel Aguirre ya lo declaró culpable. El juicio está divido por lo que primero se decidió sobre la reprochabilidad y luego el Ministerio Público expuso sobre los años de cárcel que considera corresponde al enjuiciado cantante.

El Ministerio Público acusó a Pablo Benegas por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación. Resultaron víctimas dos niñas en estado de vulnerabilidad, pero el Tribunal de Sentencia dio por probado los hechos de pornografía infantil y abuso sexual.

La fiscalía, sostiene que, durante el periodo investigativo se pudo colectar numerosas evidencias entre ellas las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, pericias informáticas, declaración de testigos y otros medios de prueba que confirman que Pablo Benegas abuso de ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la Cámara Gesell, las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido en la casa del acusado entre el 9 y 10 de noviembre del 2023. Este caso tuvo una gran trascendencia, luego de que las niñas llegaran hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy enjuiciado.

Según el relato de la fiscalía, el 9 de noviembre del 2023 Pablo Benegas habría llevado a su vivienda a las dos hermanitas una niña de 11 y una adolescente de 16, ambas en condiciones de vulnerabilidad. El hombre, bajo engaño les dio de comer y tomar gaseosa, que contenían cocaína y Benzodiacepina, le dio G 500.000 a la de 16 años y se aprovechó de la condición de las víctimas y las agredió sexualmente.

Por su parte la defensa del acusado a cargo del doctor Guillermo Duarte Cacavelos, busca la condena mínima de cuatro años a su cliente.

El juicio oral y público al senador Erico Galeano continúa este jueves en su fase documental, en el marco de la acusación formulada por el Ministerio Público, que lo señala por presuntamente brindar logística al crimen organizado.

La audiencia se reanudó con la intervención del agente fiscal Silvio Corbeta, quien destacó varios puntos contenidos en los informes que forman parte del expediente judicial y que ya fueron admitidos como prueba.

Esta etapa del juicio se extiende desde hace varios días debido al volumen considerable de documentos que deben ser leídos y analizados por las partes, quienes resaltan aquellos aspectos que consideran relevantes ante el Tribunal de Sentencia encargado del caso.

El senador colorado Erico Galeano enfrenta cargos de asociación criminal y lavado de dinero, por su presunta colaboración con la estructura liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según la Fiscalía, Galeano habría facilitado su avión a los mencionados líderes criminales para trasladarse dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos por dicha colaboración. Asimismo, se lo acusa de haber simulado la venta de su casa en el complejo Aqua Village por USD 1 millón, a favor de “Tío Rico”.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte del escrito de acusación que se debate en la audiencia.

El fiscal Corbeta sostiene que la participación de Galeano no fue aislada ni accidental, sino que formaba parte de una colaboración sostenida con la red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Esta causa penal forma parte de un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, con colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.

El operativo permitió desmantelar una red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones internacionales, y derivó en la incautación de bienes por más de USD 150 millones, actualmente bajo administración de la Senabico.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia, conformado por el magistrado Pablino Barreto como presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros.

En el marco de un proyecto respaldado por la Unión Europea, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ) firmaron un convenio para desarrollar un modelo de supervisión y asesoría de prueba en procesos penales, con participación activa de la sociedad civil. La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la justicia y enfrentar el abuso de la prisión preventiva, particularmente en causas sin relevancia penal.

La firma del acuerdo se realizó con el acompañamiento de autoridades del Poder Judicial y delegados de la Unión Europea. La propuesta plantea que una entidad no gubernamental en este caso, el CEJ asuma un rol clave en el control y seguimiento de las medidas alternativas a la prisión, a fin de asegurar su correcta aplicación y contribuir a la descongestión del sistema penitenciario.

«Existe una situación crítica en las penitenciarías, y este es un esfuerzo conjunto entre las instituciones involucradas. Desde el CEJ apoyaremos las iniciativas del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema para avanzar en esta propuesta», expresó María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ.

Durante el acto, el presidente de la Corte, César Diesel, subrayó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre el alcance del proyecto, indicando que la aplicación de medidas alternativas debe entenderse como una respuesta jurídica válida ante el hacinamiento carcelario.

“Es necesario que exista comprensión y apoyo, ya que hay demandas tanto por la aplicación de medidas alternativas como por el hacinamiento penitenciario. Los jueces se encuentran en medio de esa realidad, y la Corte acompaña para que se cumpla lo que establece la ley”, sostuvo Diesel.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Justicia para mejorar la infraestructura penitenciaria, lo que permitirá separar a personas procesadas de aquellas con condena, mejorando así las condiciones de reclusión.

El modelo de control que propone el CEJ se articulará con la Oficina Técnica Penal (OTP) y permitirá recolectar datos relevantes, fortalecer la transparencia en la ejecución de las medidas de prueba, y garantizar que estas sean aplicadas en conformidad con los principios del debido proceso.

Este paso representa un cambio sustancial en la política criminal del país, al habilitar mecanismos de control civil en el ámbito judicial, especialmente en casos de poca relevancia penal, donde la privación de libertad preventiva ha sido usada históricamente como única respuesta y hoy se busca revertir.

La Cámara de Apelaciones Penal de Delitos Económicos resolvió otorgar el beneficio del período de prueba al condenado Fernando Ramón González Karjallo, tras revocar la decisión de la jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer, quien había rechazado su promoción bajo el argumento de que aún presentaba indicadores psicológicos negativos.

González Karjallo fue condenado en diciembre de 2021 a cinco años de prisión por lavado de dinero. Actualmente, ya ha compurgado más del 50 % de su condena, condición habilitante según la Ley de Ejecución Penal (Ley N.º 5162/14) para solicitar el paso al tercer periodo del régimen penitenciario progresivo, también conocido como período de prueba.

La jueza de Ejecución Penal había rechazado la solicitud con base en un informe psicológico que sugería continuar con tratamiento emocional dentro del penal. Según su criterio, aún no existían elementos suficientes que acreditaran una evolución favorable del condenado que justificara el pase al período de prueba.

“No se trata de una cuestión automática, sino de la evaluación particular del avance psicológico y conductual del interno”, fundamentó la magistrada en su resolución.

La defensa del condenado apeló la resolución y sostuvo que la jueza interpretó de forma inexacta el Código de Ejecución Penal, considerando que, el tratamiento psicológico ya estaba en curso desde febrero de 2024 y que no existe ningún artículo que exija la culminación del tratamiento como condición excluyente para avanzar al período de prueba.

El principio de progresividad penitenciaria exige que el cumplimiento de la pena no sea solo cuantitativo, sino también cualitativo, permitiendo que los condenados avancen progresivamente hacia su reinserción.

La jueza habría considerado indirectamente la existencia de otras causas abiertas, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.

También, la abogada Raquel Talavera expuso informes técnico-criminológicos favorables, incluyendo evaluaciones psicológicas y conductuales que calificaron al interno como una persona con autocrítica, sensibilidad y buena conducta, sin consumo de sustancias y con vocación laboral.

En su voto, el camarista Arnulfo Arias consideró que no existen impedimentos legales para que González Karjallo acceda al período de prueba, ya que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 54 del Código de Ejecución Penal.

“El tratamiento que pueda acompañar al mejoramiento de su estado emocional o psicológico, podría hacerse estando bajo el régimen mencionado (período de prueba). No debería ser un obstáculo”, expresó el magistrado.

Arias fue acompañado en su postura por el camarista Paublino Escobar Garay, quien coincidió en que el fallo de la jueza presentaba contradicciones con el principio de progresividad y con los informes técnicos existentes.

Ambos coincidieron en que el cumplimiento del 50 % de la pena, la buena conducta, y el tratamiento psicológico ya iniciado, son suficientes para que el interno acceda a esta etapa del régimen penitenciario, votos al que se adhirió la camarista Adriana Rojas, con lo que el condenado tendrá derecho a iniciar su proceso para la libertad condicional.

La abogada Noelia Núñez denunció públicamente al agente fiscal Bernardo Javier Elizaur, actualmente imputado por un presunto pedido de coima, por haber protagonizado un caso de presunto abuso de poder y presión indebida, que derivó en la privación arbitraria de libertad de su cliente, el joven emprendedor Marcos Emmanuel González.

Según relató la profesional del derecho, el pasado 24 de mayo, se llevó a cabo un allanamiento en el local comercial de González. Aunque la orden judicial era genérica, el empresario accedió voluntariamente a abrir su oficina y colaborar con el procedimiento. Sin embargo, durante el operativo según la denuncia se produjeron graves irregularidades.

La abogada asegura que el denunciante se presentó haciéndose pasar por técnico del Ministerio Público, acompañado de guardaespaldas y de un asesor jurídico del Senado, sin justificación clara sobre su participación en el procedimiento. A pesar de que en el lugar existían documentos que, de acuerdo con Núñez, demostraban el origen legal de las máquinas, estos fueron ignorados por el fiscal actuante.

El fiscal Bernardo Elizaur, quien hoy enfrenta una imputación por cohecho pasivo, es señalado por la abogada como responsable de un “apriete” hacia su defendido. Núñez sostiene que la actuación de Elizaur formó parte de un patrón de presión indebida que ella misma vivió “en carne propia”, dejando como saldo la detención de su cliente sin pruebas suficientes y bajo condiciones que califica de inhumanas.

“¿Quién le devolverá a mi cliente los días de cárcel, el hambre, el frío y el sufrimiento?”, cuestionó.

La privación de libertad de González a pesar de haber colaborado con las autoridades y el contexto en el que se desarrolló el procedimiento, generan serias dudas sobre la legalidad y ética de las actuaciones del fiscal imputado.

La denuncia de la abogada Núñez vuelve a poner en foco el desempeño del Ministerio Público, especialmente en momentos en que la institución atraviesa cuestionamientos por corrupción y abuso de poder.

El fiscal Bernardo Elizaur ya fue imputado formalmente en un caso paralelo por el presunto cobro de una coima, mientras en este nuevo episodio se abren interrogantes sobre posibles nuevas responsabilidades penales y administrativas. La defensa de González analiza las vías legales para frenar este proceso que inició con las actuaciones del agente fiscal indiciado por corrupción.

El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado tras ser denunciado por solicitar una coima de 10 millones de guaraníes a cambio de beneficiar a un procesado por lesión grave. La imputación fue presentada por la agente especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle.

De acuerdo con la investigación, el pedido de dinero habría sido realizado a través de mensajes de texto enviados por su asistente fiscal, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. La supuesta promesa era no presentar acusación formal y, eventualmente, facilitar una salida procesal favorable a cambio del soborno.

Según la denuncia, al no concretarse el pago, el fiscal Elizaur procedió con la acusación. Sin embargo, más adelante se habría realizado un nuevo pedido de dinero, esta vez por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Estos hechos motivaron la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Tras recibir la denuncia, se organizó una entrega vigilada de dinero en la propia sede de la unidad fiscal, donde el Ministerio Público fotocopió los billetes y acompañó la transacción. El operativo derivó en un allanamiento, durante el cual fueron incautados teléfonos celulares, CPUs y dinero en efectivo. Además, la oficina del fiscal fue clausurada como parte de las diligencias.

Los elementos de prueba recabados comprometerían tanto al agente fiscal como a su asistente, por lo que la fiscal Adle formuló la imputación correspondiente. En el caso de Elizaur, fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, y se solicitó la comunicación de la imputación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el objetivo de que le sean retirados los fueros y pueda ser sometido a proceso penal.

Por su parte, la asistente fiscal Lilian Florenciano fue imputada como cómplice por el mismo hecho.