La jueza penal de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder, resolvió no hacer lugar al pedido de salida transitoria solicitado por María del Carmen Martínez Méndez, una de las personas condenadas en el marco del emblemático caso de corrupción conocido como “UNA No Te Calles”.

Martínez fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión por su participación en la red de corrupción que operaba dentro de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), estructura que también involucró al exrector Froilán Peralta y que desencadenó una histórica movilización estudiantil en 2015.

La defensa de la interna solicitó el beneficio de salidas transitorias, alegando el cumplimiento parcial de la pena. Sin embargo, la magistrada consideró que no corresponde otorgar este beneficio en esta etapa del cumplimiento de la condena, y que la interna deberá pasar primero por el periodo de prueba, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Además del rechazo al incidente, el juzgado ordenó su traslado al Pabellón 1 Alta del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), espacio destinado a internas en proceso de reinserción que anteriormente se encontraban en el programa “Hogar Nueva Oportunidad”.

Como parte del plan de reintegración social, también se impuso a Martínez un módulo de trabajo consistente en colaborar con las tareas de organización de la futura biblioteca del COMPLE, específicamente en la selección, orden y clasificación de materiales de lectura, provenientes del Buen Pastor.

La jueza dispuso que la ejecución del traslado y del módulo asignado deberá ser reportada por la dirección del centro penitenciario en un plazo de 24 horas una vez cumplida la diligencia.

El Ministerio Público, a través de la agente fiscal Patricia Sánchez, presentó una apelación general contra el sobreseimiento definitivo otorgado al senador Hernán Rivas, en el marco del proceso por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía sostiene que el juez penal de garantías incurrió en un error de interpretación legal al excluir esta calificación penal de la acusación y limitar el juicio oral únicamente al uso de documentos falsos.

La apelación se da luego de que el magistrado resolviera abrir la etapa de juicio oral y público únicamente por el tipo penal de uso de documentos públicos falsos (Art. 252 del Código Penal), dejando fuera la figura de producción mediata de documentos públicos de contenido falso (Art. 251), pese a que la acusación inicial incluía ambas conductas, vinculadas entre sí.

“Se produce un agravio concreto y real al cerrarse el debate sobre porciones fácticas fundamentales, limitando indebidamente el objeto del juicio”, sostiene la fiscal Sánchez en el escrito, advirtiendo además que esta decisión “afecta el ejercicio de la acción penal pública y genera un escenario de impunidad”.

La Fiscalía argumenta que Rivas obtuvo documentos académicos falsos un certificado de estudios y un título de abogado emitidos por la Universidad Sudamericana, los cuales no cuentan con respaldo documental válido que acredite que efectivamente cursó la carrera entre 2010 y 2015.

Estos documentos fueron utilizados por Rivas para acreditar su supuesta condición de abogado, primero para solicitar su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020, y posteriormente para ser electo como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 3 de julio del mismo año.

La fiscalía sostiene que estos hechos configuran claramente un acto de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, ya que si bien Rivas no elaboró directamente los documentos, sí habría inducido a la universidad a consignar información falsa para beneficiar su carrera política. Según la doctrina penal, la figura de producción mediata se aplica cuando un tercero emite un documento falso inducido por el autor.

Según el Ministerio Público, el juez incurrió en errores de juicio, al considerar que los certificados y el título universitario eran documentos privados, y por tanto, no podían integrar el tipo penal de producción de documentos públicos falsos. Además, se critica el cómputo de la prescripción de la acción penal, ya que no se tuvo en cuenta que la conducta punible se habría prolongado hasta julio de 2021, fecha en la que Rivas juró como abogado y obtuvo la matrícula profesional, documentos que sí tienen carácter público.

La fiscal Sánchez remarca que el caso tiene relevancia pública y social, dado que involucra a un exlegislador en una conducta que impacta directamente en la credibilidad de la administración de justicia. Por ello, el Ministerio Público solicita que se revoque el sobreseimiento parcial y se permita un juicio oral sobre todos los hechos y tipos penales inicialmente acusados.

“El objetivo de esta apelación es garantizar un debate amplio y exhaustivo en juicio, para esclarecer la totalidad de las conductas atribuidas a Hernán Rivas, que están estrechamente relacionadas entre sí”, concluye la apelación fiscal.

El período de prueba no es un mero trámite; es la etapa decisiva para que una persona condenada demuestre su voluntad de reintegrarse a la sociedad. Así lo sostiene el camarista Paublino Escobar en entrevista con Judiciales Net, quien subraya que esta fase permite evaluar el compromiso del condenado con su rehabilitación y su capacidad para vivir conforme a las normas.

El Código de Ejecución Penal, en su artículo 54, establece que el juzgado de ejecución penal debe fijar la fecha de compurgación de la pena y determinar desde qué momento el condenado podrá acceder a la libertad condicional. Pero esa resolución también debe incluir el periodo de prueba y estar apoyada en un informe técnico‑criminológico que permita valorar las condiciones reales de reinserción del condenado.

Escobar recalca que esa etapa permite al sistema judicial observar no solo el comportamiento del condenado sino su responsabilidad para cumplir normas sociales básicas. Del mismo modo sostiene que esta fase es esencial para asegurar que la eventual libertad no se convierta en una amenaza para la comunidad.

“Una vez transcurrido el tiempo establecido para solicitar la libertad condicional, el juzgado deberá conceder dicho beneficio, pues de lo contrario se llegaría a lo absurdo de cumplir con la condena sin poder ser liberado el condenado, por cuestiones atinentes a la estricta dogmática que exige el cumplimiento de las etapas de ejecución”.

“En primer lugar, el principio más importante que establece la Constitución Nacional es el reconocimiento de la dignidad humana; eso nos remite al objeto de la pena: la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”, acotó.

El camarista advierte que la ley no discrimina a la persona o qué delito cometió, sino los resultados de los estudios criminológicos y el cumplimiento efectivo de las etapas previstas para su reinserción. Por eso considera que la promoción al periodo de prueba es una herramienta fundamental, pues es allí donde se concreta la función resocializadora de la pena.

Recientemente, Escobar emitió su voto en esos mismos términos en el expediente de Fernando González Karjallo, quien fue promovido al período de prueba. En ese fallo, los camaristas Arnulfo Arias, Escobar y Adriana Rojas consensuaron que González Karjallo cumplía los requisitos legales: haber cumplido más del 50 % de su condena, buena conducta acreditada y tratamiento psicológico iniciado. Sostuvieron que negar el pase al período de prueba, cuando estaban presentes esas condiciones, implicaría una interpretación rígida del sistema penal y atentar contra la lógica progresiva que debe guiar la ejecución de la pena.

Con ese antecedente reciente, se refuerza la idea de que el período de prueba no es opcional ni secundario.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete, resolvió condenar a 12 años de pena privativa de libertad al músico Pablo Benegas, hallado culpable de los delitos de abuso sexual en niños y pornografía infantil. La condena se dictó al término del juicio oral y público que se desarrolló durante las últimas semanas y que concluyó este viernes con la lectura de la sentencia.

En sus alegatos finales, la agente fiscal Claudia Aguilera había solicitado al Tribunal la imposición de una condena de 16 años de cárcel para el acusado, basándose en la gravedad de los hechos y en la contundencia de las pruebas presentadas durante el juicio. Sin embargo, el colegiado consideró que una pena de 12 años era proporcional a los delitos finalmente comprobados en juicio, estableciendo así la sentencia definitiva.

Cabe mencionar que, en una audiencia anterior, el Tribunal ya había declarado la culpabilidad de Benegas, en el marco de un juicio dividido. La determinación del tiempo de condena fue resuelta en esta última etapa del proceso.

El Ministerio Público acusó formalmente a Pablo Benegas por los delitos de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación, en perjuicio de dos menores de edad que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad. No obstante, tras la valoración de las pruebas producidas en juicio, el Tribunal dio por plenamente comprobados los hechos relacionados con pornografía infantil y abuso sexual en niños, descartando los otros tipos penales imputados inicialmente.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la acusación estaba respaldada por evidencia sólida y diversa, incluyendo: Declaraciones de las víctimas en entrevistas realizadas mediante el sistema de Cámara Gesell, donde ofrecieron un relato coherente, detallado y consistente de los hechos, pericias informáticas realizadas a dispositivos electrónicos incautados al acusado.

De acuerdo al relato presentado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 9 y 10 de noviembre del 2023, en la residencia del acusado. Las víctimas dos hermanas, una niña de 11 años y una adolescente de 16 habrían sido llevadas a la vivienda de Benegas, donde él les ofreció alimentos y bebidas contaminadas con cocaína y benzodiacepinas. Según la acusación, la mayor recibió G. 500.000 como parte del engaño y, aprovechando el estado de indefensión inducido por las sustancias, el acusado perpetró los abusos sexuales.

Este caso tomó notoriedad pública cuando ambas menores ingresaron a un hospital público con síntomas de intoxicación severa y signos físicos compatibles con abuso sexual. Fue entonces cuando las víctimas señalaron al músico Pablo Benegas como el autor de los hechos.

Con esta resolución, Pablo Benegas ha sido sentenciado a cumplir 12 años de reclusión en un establecimiento penitenciario, conforme a lo dispuesto por el Tribunal. La sentencia aún puede ser apelada ante un tribunal de alzada, si así lo consideran las partes.