Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió hacer lugar al desafuero y a la suspensión en el cargo del agente fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, así como al inicio de oficio de su enjuiciamiento por la presunta comisión de un hecho punible. Este proceso queda supeditado a la causa penal que enfrenta por un presunto pedido de coima.

El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado, tras ser denunciado por solicitar una suma de 10 millones de guaraníes a cambio de beneficiar a un procesado por lesión grave. La imputación fue presentada por la agente fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle.

De acuerdo con la investigación, el pedido de dinero habría sido efectuado mediante mensajes de texto enviados por su asistente fiscal, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. La supuesta promesa consistía en no presentar la acusación formal y, eventualmente, facilitar una salida procesal favorable a cambio del soborno.

Según la denuncia, al no concretarse el pago, el fiscal Elizaur presentó la acusación. Sin embargo, posteriormente se habría realizado un nuevo pedido de dinero, esta vez por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Estos hechos motivaron la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Tras recibirse la denuncia, se organizó una entrega vigilada de dinero en la propia sede fiscal, procedimiento durante el cual el Ministerio Público fotocopió los billetes y acompañó la transacción. El operativo derivó en un allanamiento, en el que fueron incautados teléfonos celulares, equipos informáticos (CPUs) y dinero en efectivo. Además, la oficina del fiscal fue clausurada como parte de las diligencias.

Los elementos de prueba recabados comprometerían tanto al agente fiscal como a su asistente, motivo por el cual la fiscal Adle formuló la imputación correspondiente. En el caso de Elizaur, fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, y se solicitó la comunicación de la imputación al JEM, que resolvió por unanimidad la adopción de medidas contra el fiscal imputado.

Por su parte, la asistente fiscal Lilian Florenciano fue imputada como cómplice en el mismo hecho punible.

El juicio oral y público que se sigue a los 18 acusados de haber participado en el esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de activos ha superado la etapa incidental, y el Ministerio Público, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, pudo presentar sus alegatos iniciales en el juicio.

La diligencia se inició en julio pasado y recién ahora logró superar la etapa de incidentes, que ocupó los primeros meses del juicio oral, el cual también se vio interrumpido por una recusación al Tribunal de Sentencia que lleva el caso.

El Tribunal Especializado en Crimen Organizado de la capital, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, desarrolla el juicio oral correspondiente a los tres expedientes acumulados relacionados con la causa conocida como “A Ultranza Py”.

Los acusados incluyen a Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”; su hermano José Alberto Insfrán Galeano; Conrado Ramón Insfrán Villar; Luis Fernando Sebriano González; José Enrique Gamarra Villalba; Juan Carlos Ozorio Godoy; Alexis Vidal González Zárate; Reina Mercedes Duarte Aguilera; Fátima Irene Koube Ayala; Alberto Koube Ayala; María Noelia Colmán Alarcón; Magno Deleón Villalba; Aníbal Estigarribia Casco; Joceline Odorico Evangelista; Marina Nathalia Aranda Odorico; Luis Iván Estigarribia Alderete; María Virginia Araki y Rodrigo Emilio Montalva Agüero.

Según la Fiscalía, Miguel Ángel Insfrán lideraba una estructura de narcotráfico familiar y contaba con el apoyo logístico de una facción uruguaya vinculada al prófugo Sebastián Marset, además de una rama que suministraba cocaína desde Bolivia. El Ministerio Público sostiene que este grupo criminal habría logrado exportar al exterior más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos), destinadas principalmente a Europa y África.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas y de distintas empresas con perfiles adecuados, que no despertaran sospechas y se dedicaban precisamente al comercio internacional”, señala la acusación.

Durante la operación “A Ultranza Py”, se realizaron más de 100 allanamientos, en los que se incautaron vehículos incluidas aeronaves, automóviles de lujo y camiones con dobles fondos, además de depósitos ubicados en el departamento Central, cerca de puertos utilizados para enviar la droga fuera del país. El operativo contó con apoyo de la DEA, autoridades de Uruguay, Europol y la SENAD.

Actualmente, Miguel Ángel Insfrán cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

La Fiscalía Adjunta, a cargo de Matilde Moreno, confirmó al agente fiscal especializado en crimen organizado Deny Yoon Pak al frente de la causa abierta contra la esposa del narcotraficante Sebastián Marset, Gianina García.

El agente fiscal fue recusado por la defensa de la imputada por presunta mala fe, al ocultar supuestamente pruebas en su contra, pero finalmente fue confirmado para continuar investigando la causa.

Según el Ministerio Público, Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, es una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos en el marco del Operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con el relato fiscal, se identificó que entre los años 2020 y 2021, García Troche participó activamente en el esquema económico de la organización criminal encabezada por Marset y el también acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.

Dicha organización habría logrado exportar al exterior más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos), destinadas principalmente a Europa y África.

El documento fiscal detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada por Marset, quien acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir condena por tráfico internacional de drogas. Desde entonces, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se radicaron de manera permanente en territorio paraguayo.

A partir de ese momento, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con el apoyo de colaboradores en el ámbito financiero y empresarial.

De acuerdo con la investigación, Gianina García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por Marset, e incluso habría realizado operaciones destinadas a insertar esos fondos dentro del sistema económico nacional.

El 23 de marzo de 2021, García Troche abrió una cuenta en el Banco Visión a su nombre, mediante la cual realizó diversas operaciones financieras. Entre ellas destacan transferencias recibidas por G. 14.667.636, el 15 de mayo de 2021, y G. 6.594.550, el 3 de junio del mismo año.

Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, que la acreditaba como propietaria de un camión Volvo matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación demostró que el vehículo no estaba a su nombre y que dicha información era inexistente.

El expediente también menciona que el 3 de mayo de 2021, García Troche constituyó la empresa “Grupo San Jorge S.A.”, bajo el nombre de fantasía “Total Cars”, junto a la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, provendría de las ganancias del tráfico de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que esta empresa fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal liderada por Marset e Insfrán.

El caso de Gianina García Troche expone la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia varios continentes.

Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades paraguayas avanzan en el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el que García Troche figura como una pieza clave en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.

Estos detalles salieron a la luz luego de que la imputada declarara ante el Ministerio Público, antes de pretender que el agente fiscal fuera separado del caso.

La Fiscalía obtuvo una condena en un caso de estafa cometida mediante la modalidad de phishing, una forma de ciberdelito que busca engañar a personas para obtener sus datos financieros y usarlos sin autorización. La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, logró que el Tribunal condene a Pedro Daniel Rojas Vallejos, ciudadano argentino residente en Paraguay, a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución, además de ordenar la devolución del dinero sustraído.

El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando se registró una transferencia irregular de G. 20.000.000 desde la cuenta bancaria de la víctima, sin su conocimiento ni consentimiento. La operación fue realizada a través del sistema SIPAP y los fondos fueron transferidos a una cuenta a nombre de Rojas Vallejos, quien inmediatamente redirigió el monto a otra cuenta también de su titularidad.

La entidad bancaria detectó la maniobra como inusual, ya que la transferencia se realizó tras un único acceso (logueo) desde un dispositivo móvil no registrado como propiedad del cliente. El banco reportó la operación como “no reconocida” por su titular, y se presentó la denuncia correspondiente.

El phishing es una técnica de estafa digital que consiste en obtener de forma fraudulenta datos sensibles como claves, usuarios o información bancaria, haciéndose pasar por entidades legítimas a través de mensajes, correos o sitios web falsos.

Durante el juicio, Rojas Vallejos intentó justificar la operación presentando una factura de contado emitida por su empresa “Sideral Group S.A.” en concepto de venta de una supuesta máquina mineradora de criptomonedas, por el mismo monto transferido. También aseguró dedicarse a la venta de divisas virtuales y declaró ser titular de una cuenta en la plataforma Binance.

Sin embargo, la investigación fiscal demostró que el procesado solo se encuentra registrado ante las autoridades como prestador de servicios de reparación de equipos informáticos, y no como corredor de cambio ni como importador o comerciante de equipos de minería. No pudo acreditar inscripción ante el Banco Central del Paraguay (BCP) ni cumplir con los requisitos exigidos por la Ley N.º 2794, que regula a corredores y casas de cambio. Tampoco presentó documentación válida sobre la importación o comercialización de máquinas mineradoras, actividad que requiere formalización ante la Dirección Nacional de Aduanas y facturación legal autorizada por la SET.

El Tribunal resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido del Ministerio Público, disponiendo la restitución del dinero a la víctima y la remisión de los antecedentes al BCP, la DNIT y la Seprelad, para que las instituciones competentes tomen nota de la situación y evalúen posibles infracciones en el ámbito financiero y regulatorio.

Este caso representa un importante precedente en la persecución penal de delitos informáticos en Paraguay, al demostrar que las operaciones fraudulentas cometidas a través de medios electrónicos pueden ser rastreadas, documentadas y sancionadas por la vía judicial.

El pasado 8 de octubre debía realizarse la audiencia preliminar para los acusados; sin embargo, una nueva recusación contra el juez Miguel Palacios volvió a frustrar su realización en la causa. En este proceso, recientemente, la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una auditoría de gestión jurisdiccional para determinar las causas por las que, desde hace años, el expediente permanece paralizado en esta etapa.

En esta ocasión, el acusado Yamil Cabaña Santacruz recusó al magistrado, por lo que el expediente, una vez más, fue remitido a la cámara que debe dar trámite a una apelación planteada por el mismo acusado. Esto implica que el caso vuelve nuevamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el incidente presentado.

Las acciones tibias asumidas en el caso han permitido que el proceso penal, con la anuencia de los propios operadores del sistema, permanezca estancado durante años en esta etapa, manteniendo a los acusados en prisión preventiva sin una condena firme.

La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría del caso, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que han impedido su avance.

La medida surge en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema judicial, dado que la audiencia preliminar fue suspendida al menos en 14 ocasiones, sin que hasta la fecha se haya logrado elevar la causa a juicio oral. Al parecer, esto no preocupa a las partes, ya que las dilaciones continúan planteándose, y tanto el juez como el tribunal de alzada siguen dando trámite a estos actos dilatorios.

El juez Miguel Palacios convocó a los principales procesados, entre ellos Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, a una nueva audiencia preliminar bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en la causa. Sin embargo, esto no impidió que, una vez más, la audiencia fuera frustrada este mes.

Actualmente, son 24 las personas procesadas que deben comparecer ante la justicia. La nueva convocatoria busca finalmente destrabar un expediente que se ha convertido en símbolo del letargo judicial, a pesar de tratarse de un caso de alto impacto vinculado al crimen organizado.

La causa se originó a partir del Operativo Berilo, desarrollado en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintas localidades del departamento de Alto Paraná. La operación incluyó alrededor de 20 allanamientos, que permitieron la incautación de 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de lujo y fuertes sumas de dinero en efectivo.

Más de 30 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente algunos investigados fueron desvinculados. A lo largo de los años, el número de procesados se redujo a 24.

El Ministerio Público acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

No obstante, el proceso ha estado plagado de incidentes procesales, recusaciones de jueces intervinientes. En una etapa clave, la acusación formal presentada por la Fiscalía fue anulada por no haberse acompañado de las evidencias requeridas. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó la invalidez de dicha acusación y ordenó que el caso fuera remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado para la presentación de una nueva acusación.

Con la auditoría ordenada por la Corte, se busca establecer responsabilidades sobre las demoras y obstáculos procesales que han impedido el avance del expediente. La medida también refleja la preocupación institucional por la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal, especialmente en causas sensibles relacionadas con el narcotráfico y la corrupción.