El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió archivar la denuncia presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes. La decisión se adoptó a solicitud del Ministerio Público, que concluyó que los hechos denunciados carecen de relevancia penal conforme al análisis jurídico y probatorio realizado en el marco de la investigación.
La resolución judicial se fundamenta en el dictamen presentado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, quienes integraron el equipo encargado de conducir las diligencias. Los agentes del Ministerio Público argumentaron que, tras un exhaustivo proceso técnico de análisis jurídico y probatorio, no se hallaron elementos que configuren un hecho punible conforme a lo establecido en el Código Penal.
Los fiscales indicaron que el proceso de subsunción jurídica resultó negativo, es decir, los hechos investigados no encuadran dentro de las figuras penales invocadas en la denuncia. En particular, se analizó la supuesta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito, señalando que dicho tipo penal exige más que un simple aumento patrimonial: requiere la existencia de actos concretos de adquisición u obtención de bienes, o de cancelación de obligaciones, que no se correspondan con las legítimas posibilidades económicas del funcionario, y que hayan ocurrido luego de su ingreso a la función pública.
“En el presente caso, la denuncia realizada hace mención a un incremento patrimonial injustificado, sin detallar hechos concretos que den cuenta de adquisiciones, pagos u otras operaciones que permitan configurar un comportamiento típicamente penalizable”, sostiene el dictamen fiscal.
El Ministerio Público señaló que se llevaron a cabo múltiples diligencias orientadas a verificar los extremos de la denuncia. Entre ellas, se solicitó información patrimonial a diversas instituciones del Estado paraguayo, sin que de dichos informes surgieran elementos que acrediten un aumento injustificado del patrimonio del expresidente Cartes.
Cabe destacar que el denunciante, Arnaldo Giuzzio, se negó en varias oportunidades a ratificarse en su denuncia y, además, promovió recusaciones contra todos los fiscales asignados al caso, lo cual fue también considerado por el Ministerio Público al evaluar la consistencia de la causa.
Asimismo, el equipo fiscal refirió que la denuncia incluía acusaciones sobre presunto lavado de activos derivados del contrabando, hechos que tampoco fueron acreditados durante la pesquisa, pese a las gestiones realizadas incluso a nivel internacional para la obtención de información relevante.
Otro de los ejes de la denuncia se centraba en la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), a la que Giuzzio atribuía supuestas maniobras contables para simular préstamos a terceros con el fin de aparentar ingresos. Sin embargo, según el Ministerio Público, no se hallaron pruebas fehacientes que confirmen dichas irregularidades.
En cuanto al contrabando, los fiscales explicaron que este tipo de delito exige la participación de estructuras criminales transnacionales específicamente, una red entre país emisor y país receptor y, si bien reconocen la existencia de investigaciones abiertas sobre hechos de contrabando en la región, aclaran que no se pudo establecer una relación directa entre esas actividades ilícitas y las empresas paraguayas mencionadas en la denuncia.
