La agente fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, encabezó un allanamiento en la sede del Ministerio Público Zonal de Emboscada, en el marco de una investigación por un presunto pedido de coima que involucra al agente fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre y a una funcionaria de esa dependencia.
El Ministerio Público se encuentra en plena revisión de los audios y videos tras la entrega vigilada realizada este lunes en el propio despacho fiscal. Según la denuncia el pedido de coima se hizo por mensaje de texto por parte de la asistente para no formular acusación contra un proceso por lesión grave, como la familia no pudo juntar el dinero, el fiscal Elizaur lo acusó, pero luego vino un segundo pedido de dinero por un monto menor para allanarse a un pedido de suspensión condicional del procedimiento, todo según lo relata la denuncia presentada en la Unidad Anticorrupción.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco de la causa caratulada como “personas innominadas sobre cohecho pasivo agravado”. La orden autorizaba la incautación de teléfonos celulares pertenecientes al agente fiscal y a la funcionaria investigada, así como la copia de información contenida en equipos informáticos que pudieran estar vinculados a los hechos denunciados.
Durante el allanamiento se incautaron celulares, CPUs y dinero en efectivo, todo lo cual quedó bajo resguardo del Ministerio Público. La oficina del agente fiscal fue clausurada, mientras que la funcionaria implicada fue citada a declarar en el marco de la causa.
Se labró acta de la diligencia y se realizó la correspondiente toma fotográfica para documentar el procedimiento.
Cabe recordar que el fiscal Elizaur Aguirre ya había sido objeto de denuncias anteriores. En su momento, la abogada Noelia Núñez lo acusó públicamente de haber manipulado pruebas en una causa relacionada con criptominería. Según la denuncia, durante un allanamiento liderado por el fiscal, permitió que el denunciante manipulara evidencias para “verificar si eran de su propiedad”, una tarea que, de acuerdo con los protocolos, debía haber sido realizada exclusivamente por técnicos del Ministerio Público.
Dicha actuación habría derivado en un proceso penal considerado injusto contra el joven emprendedor Marco Emmanuel González, quien incluso permanece en prisión como consecuencia de ese procedimiento.
Según fuentes del Ministerio Público, una vez concluida la revisión de los elementos de prueba se estaría formalizando la imputación contra el fiscal investigado, lo que marcaría un nuevo episodio de escándalo dentro de la institución por este tipo de hechos.
