El juez Fidelino Cáceres resolvió declarar la nulidad de actuaciones en un proceso ejecutivo promovido por la firma Vanessa y Asociados, tras constatar inconsistencias en las notificaciones realizadas durante el trámite. La decisión se da en el marco de una causa vinculada a denuncias sobre presuntas irregularidades en juicios de cobro de pagarés.
La resolución judicial se sustenta en que varias notificaciones atribuidas a un mismo ujier habrían sido registradas en fechas y horarios coincidentes, pero en distintos puntos del país, lo que fue considerado materialmente imposible. Esta situación fue planteada por la defensa pública Leticia Casaccia, que cuestionó la validez de las diligencias por afectar el derecho a la defensa de la demandada, Ninfa Elizabeth Ramírez Romero.
En su análisis, el juez interviniente concluyó que “las notificaciones mencionadas son de cumplimiento imposible, ya que una misma persona no pudo haber estado en el mismo horario y en la misma fecha en lugares distintos y tan lejanos unos de otros”, lo que impidió que la demandada tomara conocimiento oportuno del proceso.
Asimismo, se observó que una de las notificaciones fue realizada en una institución educativa en un horario en el que no había actividad, sin que haya sido recibida por persona alguna, lo que también fue considerado un vicio grave en el procedimiento.
A partir de estos elementos, el magistrado dispuso la nulidad de la notificación practicada en febrero de 2022, así como de todas las actuaciones posteriores derivadas de la misma, incluyendo el embargo ejecutivo y la sentencia definitiva dictada en octubre de ese año. Igualmente, ordenó que se realice una nueva notificación conforme a derecho, en el domicilio real de la afectada.
El fallo también contempla la devolución de los montos que habían sido retenidos en concepto de embargo, medida que impacta directamente en la situación económica de la demandada.
Este caso se suma a otros similares en los que se investigan posibles irregularidades en procesos de cobro, conocidos públicamente como parte de la denominada “mafia de pagarés”, y reabre el debate sobre los mecanismos de control en las notificaciones judiciales y las garantías procesales.
