Arrancó la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, exdirector financiero de Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. La diligencia se desarrolla ante el juez Rodrigo Estigarribia, quien debe decidir si eleva el caso a juicio oral.

El fiscal Piñánez ratificó la acusación y pidió que la causa pase a juicio oral, ya que considera que las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público son sólidas.

En su momento, el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda del funcionario municipal Wilfrido Cáceres, quien se desempeñó como director de Administración y Finanzas durante la pandemia de COVID‑19, y era considerado hombre de confianza del entonces intendente Óscar Rodríguez.

Cáceres fue acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos, los cuales intentó ocultar, según el Ministerio Público.

Su esposa, Ruth Da Silva, fue acusada de lavado de dinero, al igual que su secretaria Camila Ramírez. Ambas habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, en una operación realizada de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. El matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para encubrir bienes que no podían justificar con sus salarios. Sin embargo, la diligencia respecto a ellas quedó pospuesta, ya que una de ellas cambió de abogado y la otra no se presentó.

Según los antecedentes del caso, Ruth Da Silva compró dos terrenos en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo, por valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y, poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a Camila Ramírez por la misma suma. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside allí con comodidades ostentosas.

El relato fiscal detalla que Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondientes al período 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021).

Según lo determinado por la CGR, existe inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría. Esto motivó un análisis de correspondencia por parte del ente contralor, que concluyó que no hay coherencia entre los bienes declarados y los ingresos de Cáceres y su esposa, tras cruzar las declaraciones juradas con información de entidades públicas y privadas.

Una nueva recusación contra el juez Miguel Palacios volvió a frustrar la realización de la audiencia preliminar en la causa conocida como Berilo. En este proceso, recientemente la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una auditoría de gestión jurisdiccional para determinar cuáles son las causas por las que, desde hace años, la causa está paralizada en esta etapa.

Esta vez, el acusado Yamil Cabaña Santacruz recusó al magistrado, por lo que el expediente, una vez más, sube a Cámara para su análisis. Hasta que la competencia del juez sea confirmada, la diligencia quedará pospuesta.

La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial ordenó la auditoría de todo el trámite de la causa, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que han impedido su avance.

La medida surge en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema judicial, debido a que la audiencia preliminar fue suspendida en al menos 14 ocasiones, sin que hasta ahora se haya podido elevar la causa a juicio oral.

El juez Miguel Palacios convocó a los principales procesados, entre ellos Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, a una nueva audiencia preliminar bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en la causa. Sin embargo, esto no impidió que, una vez más, la audiencia fuera frustrada.

Actualmente, son 24 las personas procesadas que deben comparecer ante la justicia. La nueva convocatoria busca finalmente destrabar un expediente que se ha convertido en un símbolo del letargo judicial, pese a tratarse de un caso de alto impacto vinculado al crimen organizado.

La causa se originó a partir del Operativo Berilo, desarrollado en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintas localidades del departamento de Alto Paraná. La operación incluyó alrededor de 20 allanamientos, que permitieron la incautación de 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de lujo y fuertes sumas de dinero en efectivo.

Más de 30 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente se desvinculó a algunos de los investigados. A lo largo de los años, el número de procesados se redujo a 24.

El Ministerio Público acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

Sin embargo, el proceso ha estado plagado de incidentes procesales, recusaciones de jueces intervinientes y fallos técnicos. En una etapa clave, la acusación formal presentada por la Fiscalía fue anulada por no acompañar las evidencias. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó la invalidez de dicha acusación y ordenó que el caso sea remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado para la presentación de una nueva acusación.

Con la auditoría ordenada por la Corte, se busca establecer responsabilidades sobre las demoras y obstáculos procesales que han impedido el avance del expediente. La medida también refleja la preocupación institucional por la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal, especialmente en causas sensibles relacionadas con narcotráfico y corrupción.

El juez Matías Garcete convocó al imputado joven para el próximo 17 de octubre, a las 8:00, a la audiencia de imposición de medidas, en el marco de una nueva causa penal por el presunto abuso sexual de una alumna del mismo colegio.

El joven, identificado con las iniciales T.R.G.A., enfrenta una nueva imputación por abuso sexual, sumando así tres causas penales en su contra.

En esta ocasión, el fiscal Hernán Mendoza presentó la imputación contra el exalumno del Colegio American School of Asunción ASA por los supuestos hechos punibles de abuso sexual y violación, que habrían ocurrido cuando el imputado tenía apenas 16 años. La víctima es una adolescente menor de edad.

El joven se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario, medida impuesta en el marco de otras dos causas abiertas por los mismos delitos, dictadas por el juez de Garantías Raúl Florentín y el juez penal de la adolescencia Matías Garcete. Este último es quien ha fijado la nueva audiencia de imposición de medidas, correspondiente a la tercera causa.

Todos los hechos se habrían dado luego de una fiesta y en casas particulares donde el joven se habría propasado con las alumnas de su excolegio aprovechándose del estado de indefensión de las mismas.

Este lunes se suspendió la audiencia preliminar para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien fue acusado por el Ministerio Público en el marco del conocido caso de presunta corrupción durante la pandemia, denominado “detergente de oro”. La diligencia quedó suspendida debido a recursos pendientes en Cámara presentados por el acusado Wilfrido Cáceres, lo que motivó la suspensión de la audiencia.

El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia había convocado a Rodríguez y a otras 15 personas acusadas a una audiencia preliminar, etapa procesal clave en la que se definirá si la causa se eleva a juicio oral y público.

Rodríguez fue acusado formalmente por lesión de confianza y asociación criminal, por supuestamente haber encabezado un esquema destinado a defraudar al Estado mediante compras públicas sobrefacturadas realizadas en 2020, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Según la investigación de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, liderada por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González, las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Rodríguez generaron un daño patrimonial de G. 1.830 millones.

El Ministerio Público sostiene que se realizaron adquisiciones de productos de limpieza a precios altamente inflados, en contrataciones direccionadas hacia empresas previamente seleccionadas, en clara violación de las normativas de competencia y transparencia.

Junto con Rodríguez, también están acusados exfuncionarios municipales y empresarios, entre ellos: César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke, Enrique Chávez Benítez, Ernesto Armoa Ramírez, Víctor Frágueda Ortiz, Jorge Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Argüello Vielma, María Cano Torres, Pedro Cano Martínez y Benicio Cano Martínez.

El esquema habría operado durante la pandemia, favoreciendo a un grupo de proveedores que, según el expediente fiscal, continuaron contratando con el municipio incluso después de la emergencia sanitaria, lo que para los investigadores constituye un patrón sistemático de corrupción.

El Ministerio Público considera que existen suficientes pruebas documentales, testimoniales y técnicas para acreditar los hechos y llevar a los acusados a juicio. De confirmarse el requerimiento fiscal durante la audiencia preliminar, la causa se elevará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados.

Ante el juez Miguel Palacios, se inicia la audiencia preliminar del senador Hernán Rivas, acusado de utilizar documentos falsos para acreditar ser abogado, jurar como tal y ocupar en dos oportunidades un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como abogado mau.

La acusación fue presentada por las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, quienes sostienen que Rivas habría accedido indebidamente a su cargo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al presentar un título universitario y un certificado de estudios falsos, documentos con los que habría acreditado de manera fraudulenta su condición de abogado, requisito indispensable según el artículo 253 de la Constitución Nacional.

De acuerdo con la acusación fiscal, Rivas fue designado en 2020 como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM, y luego, en 2023, ya como senador, fue nuevamente electo para el mismo cargo. En ambas ocasiones, habría recurrido a documentos presuntamente apócrifos para sustentar su idoneidad legal.

Entre los documentos cuestionados por el Ministerio Público figuran un certificado de estudios fechado el 12 de mayo de 2018 y un título universitario emitido el 6 de marzo de 2020 por la Universidad Sudamericana, registrado posteriormente ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Fiscalía afirma que no existe constancia académica válida que respalde los datos consignados en dichos documentos.

Según la acusación, Rivas nunca cursó la carrera de Derecho, a pesar de lo cual solicitó su matrícula como abogado el 11 de junio de 2020 y, posteriormente, juró como tal el 7 de julio de 2021, obteniendo así la matrícula profesional de forma presuntamente indebida.

La situación se agravó cuando, en julio de 2023, Rivas presentó una copia autenticada de dicha matrícula para respaldar nuevamente su supuesta formación profesional ante el JEM, lo que facilitó su designación como representante de la Cámara Alta.

La Fiscalía sostiene que el legislador incurrió en falsedad en ambas oportunidades al atribuirse una profesión que no ejerció legalmente, y remarca que los documentos presentados carecen de sustento académico o fáctico verificable.

Con la citación a audiencia preliminar, el juez Palacios da curso al análisis judicial del caso, que podría derivar en la elevación a juicio oral si se ratifica la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En esta diligencia se resolverá el pedido del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral y público.