El juez de garantías Elbis Bernal, decretó la prisión preventiva de su colega Ricardo Gosling Ferreira, sospechado de un grave caso de abuso sexual en niños. Según la sospecha fiscal, Gosling Ferreira abusó en tres oportunidades de la víctima.

El relato fiscal menciona que, entre los meses de agosto y diciembre de 2023, , el juez Ricardo Gosling Ferreira, señalado como cuarto implicado de los cinco imputados, también habría abusado sexualmente de la víctima, con la complicidad y consentimiento de la madre, quien, según la acusación, recibía dinero a cambio.

El Ministerio Público sostiene que tanto la madre como el juez imputado coaccionaban a la menor para que no hablara con nadie sobre lo sucedido. La mujer también fue imputada por su rol central en la facilitación de los abusos reiterados que sufrió su hija a manos de distintos agresores.

En mayo de 2025, la menor habría intentado huir de su casa, lo que permitió que una persona adulta se percatara de la situación y realizara la denuncia ante las autoridades. Según se detalla en la imputación, la víctima habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones debido al profundo trauma generado por los reiterados abusos y la falta de protección materna.

A partir de la intervención del Ministerio Público, se realizaron diversos actos investigativos y pericias psicológicas, que permitieron reunir elementos suficientes para imputar a los cinco presuntos responsables.

Una de las pruebas clave con las que cuenta la Fiscalía es el testimonio de la propia víctima, considerado sólido y coherente, que fue brindado en el marco de las garantías procesales que protegen a niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Este caso se suma a la preocupante estadística de abusos contra menores en el país, donde muchas veces el entorno familiar que debería protegerlos se convierte en su principal amenaza.

El joven emprendedor Marco Emmanuel González, imputado en el marco de una investigación relacionada con el presunto robo de máquinas de criptominería, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, tras permanecer casi cuatro meses en prisión preventiva en la cárcel de Emboscada.

La medida fue dispuesta por el juez Augusto Acuña, quien resolvió modificar la prisión preventiva inicialmente impuesta, luego de considerar que las sospechas que pesaban sobre el imputado se habrían atenuado según lo manifestado por los agentes fiscales de la causa. La decisión se adoptó conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Penal, que permite sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas cuando las circunstancias del caso lo justifican.

El magistrado explicó en su resolución que, “los elementos presentados por la defensa técnica permiten aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva, especialmente considerando que los propios fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen reconocieron que la participación del imputado en el hecho investigado se estaría debilitando”. Además, agregó que Marco Emmanuel González ha demostrado colaboración con el proceso, presentándose siempre ante los requerimientos judiciales y sin antecedentes penales previos.

En reemplazo de la prisión preventiva, se impusieron reglas de conducta como: arresto domiciliario estricto, fianza real mediante un inmueble valuado en 800 millones de guaraníes y la fianza personal del abogado Carlos Galeano Perrone.

La causa guarda relación con el allanamiento realizado en la sede de Miner X, empresa ubicada en Ciudad del Este y propiedad de González, donde se buscaban máquinas presuntamente robadas. No obstante, según la defensa del imputado, ninguno de los equipos encontrados en el lugar coincidía con las características de las máquinas denunciadas como sustraídas.

Por otra parte, el proceso judicial también ha estado marcado por controversias. La abogada Noelia Núñez, representante legal del procesado, denunció graves irregularidades en la recolección de evidencias, señalando que durante uno de los allanamientos, el denunciante habría manipulado las máquinas incautadas para verificar si eran de su propiedad, lo que según la normativa vigente debió haber sido realizado exclusivamente por peritos del Ministerio Público.

Con esta decisión judicial, Marco Emmanuel González enfrentará el proceso en libertad, bajo arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La abogada defensora Noelia Núñez, celebró que su cliente haya abandonado la cárcel teniendo en cuenta que fue injustamente involucrado en este caso.

La Policía Nacional detuvo a cuatro personas imputadas por el Ministerio Público en el marco de una investigación por un caso de abuso sexual contra una niña, que incluso involucra al magistrado Ricardo Gosling Ferreira quien también fue detenido, actualmente ya está separado del cargo y sin fueros.

El fiscal Jorge Benítez imputó a cinco personas cuatro hombres y una mujer por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para todos los procesados. En el caso de los detenidos, la medida ya se está ejecutando.

De acuerdo con el acta de imputación, el primer implicado, identificado como E.G., habría recogido a la madre de la víctima también imputada y a su hija de 13 años en su vehículo. Durante el trayecto, la mujer se bajó del automóvil, dejando sola a la menor con el imputado, quien presuntamente abusó sexualmente de ella. Posteriormente, el hombre entregó dinero a la madre, en lo que se presume como un pago por permitir el acto delictivo.

Un año después, en 2022, la madre habría llevado nuevamente a la menor a la casa de un segundo imputado, identificado como E.K., quien también habría abusado de la niña. Según el relato fiscal, tras el abuso, la víctima pidió regresar a su hogar, pero la madre se negó, dejándola nuevamente en el lugar. La mujer habría recibido otra suma de dinero a cambio.

Entre los meses de agosto y diciembre de 2023, la misma dinámica se repitió, esta vez en la residencia del tercer imputado, I.C., donde la niña habría sido abusada en dos o tres ocasiones, según la investigación. En ese mismo periodo, el juez Ricardo Gosling Ferreira, señalado como cuarto implicado, también habría abusado sexualmente de la víctima, con la complicidad y consentimiento de la madre, quien, según la acusación, recibía dinero a cambio.

El Ministerio Público sostiene que tanto la madre como el juez imputado coaccionaban a la menor para que no hablara con nadie sobre lo sucedido. La mujer también fue imputada por su rol central en la facilitación de los abusos reiterados que sufrió su hija a manos de distintos agresores.

En mayo de 2025, la menor habría intentado huir de su casa, lo que permitió que una persona adulta se percatara de la situación y realizara la denuncia ante las autoridades. Según se detalla en la imputación, la víctima habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones debido al profundo trauma generado por los reiterados abusos y la falta de protección materna.

A partir de la intervención del Ministerio Público, se realizaron diversos actos investigativos y pericias psicológicas, que permitieron reunir elementos suficientes para imputar a los cinco presuntos responsables.

Una de las pruebas clave con las que cuenta la Fiscalía es el testimonio de la propia víctima, considerado sólido y coherente, que fue brindado en el marco de las garantías procesales que protegen a niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Este caso se suma a la preocupante estadística de abusos contra menores en el país, donde muchas veces el entorno familiar que debería protegerlos se convierte en su principal amenaza.

El fiscal Benítez reiteró su pedido de prisión preventiva para los cinco imputados, medida que se irá cumpliendo conforme avancen las detenciones.

El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra la jueza de Paz Analía Cibils, señalada como presunta integrante de la estructura criminal conocida como la “mafia de los pagarés”, y fijó las fechas 11, 12 y 13 de noviembre para la audiencia preliminar.

En esa diligencia se decidirá si la causa será elevada a juicio oral y público, tal como lo solicita el Ministerio Público, que considera que existen suficientes elementos para someter a juicio a la magistrada por su participación en el esquema delictivo.

La acusación fue formulada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, quienes investigan uno de los casos de corrupción más graves que involucra directamente al Poder Judicial en los últimos años. La red criminal operaba desde varios juzgados de Paz de Asunción, y según la investigación, se utilizaban procedimientos judiciales fraudulentos para ejecutar pagarés falsificados y embargar bienes sin el conocimiento ni notificación previa a los supuestos deudores.

La causa salpica a tres jueces, funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza, quienes habrían conformado una estructura dedicada a falsificar documentos y simular procesos judiciales para apropiarse de bienes mediante embargos irregulares.

La jueza Analía Cibils, del Juzgado de Paz de La Encarnación de Asunción, está acusada por varios hechos punibles relacionados con asociación criminal, prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros delitos vinculados al esquema investigado.

El caso, conocido como el de la “mafia de los pagarés”, ha generado una fuerte conmoción institucional por la profundidad del entramado y la participación de funcionarios judiciales en una presunta organización delictiva que operó con impunidad durante años.

Se encuentran varios procesos abiertos a raíz de este hecho y van avanzando a medida que los fiscales colectan la información requerida. Igualmente, el Ministerio Público ha logrado que algunos de los funcionarios implicados reconozcan los hechos, beneficiándolos con salidas al proceso penal a cambio de testificar contra los jueces que según los funcionarios recibían y reclamaban abiertamente el pago mensual por las notificaciones fraudulentas.

El Ministerio Público logró la condena de cuatro adolescentes, quienes, durante una fiesta, llevaron a la víctima de este hecho a la fuerza hasta el lugar donde fue sometida sexualmente.

La agente fiscal Mirian Santos obtuvo una condena de cuatro años de pena privativa de libertad para los jóvenes, por la comisión del hecho punible de coacción sexual y violación, todos en calidad de coautores.

Los elementos probatorios reunidos durante la investigación fueron contundentes para el Tribunal de Sentencia, ya que permitieron demostrar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad de los adolescentes hoy sentenciados: dos varones y dos mujeres.

Conforme a los antecedentes, el hecho ocurrió el 21 de enero de 2023, aproximadamente a las 18:30, en una vivienda de la ciudad de San Antonio. El hecho se produjo durante el festejo de un cumpleaños, en el que se encontraban varios adolescentes. La víctima fue sometida por uno de ellos en el interior de un sanitario, al cual fue llevada a la fuerza por los otros implicados.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Gloria Garay e integrado por los jueces Carolina Silveira y Javier Sapena, encontró culpables a los cuatro adolescentes, por lo que fueron sentenciados a cumplir la condena de cuatro años de prisión.

La violencia en todas sus formas fue escalando entre los adolescentes, hasta el punto de que hoy cuatro de ellos terminan condenados por haber obligado a la víctima a vivir este cruel episodio en su vida.