La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender de manera preventiva, sin goce de sueldo, a la abogada Shirley Paola Irala Leite, quien se desempeñaba como actuaria judicial del juzgado penal de Garantías N.º 1 de Curuguaty, en la Circunscripción Judicial de Canindeyú. La medida fue adoptada por unanimidad por los ministros del máximo tribunal del país, ante la grave sospecha de la presentación de documentos presuntamente apócrifos por parte de la funcionaria.
La suspensión se da en el marco de una denuncia que afecta directamente la integridad del sistema de justicia, ya que, según las informaciones preliminares, Irala Leite habría presentado documentos aparentemente falsificados para postularse a un cargo superior dentro del Poder Judicial, en un concurso de méritos y aptitudes ante el Consejo de la Magistratura.
La solicitud de suspensión fue presentada por la ministra de la Corte Carolina Llanes, quien además es la superintendenta de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, jurisdicción donde se encuentra destinada la funcionaria investigada. La ministra argumentó que la actuaria ocupa un cargo sensible en la estructura judicial, y que la sospecha de haber falsificado documentos para ascender en la carrera judicial compromete gravemente la confianza institucional y pone en entredicho los principios de transparencia y probidad que deben regir el servicio público de justicia.
“Recibí información del Consejo de Administración de Canindeyú a partir de tomarse conocimiento que la funcionaria judicial Shirley Paola Irala Leite estaría involucrada en un supuesto hecho de producción y utilización de documentos públicos de contenido falso, específicamente certificados de estudio. Mínimamente tenemos que iniciar un sumario», subrayó la ministra Llanes.
La conducta atribuida a la actuaria judicial reviste una especial gravedad, dado que podría configurarse como una acción deliberada de producción de documentos falsos para intentar acceder a un puesto de mayor jerarquía dentro del sistema judicial. Por tanto, y considerando la naturaleza del cargo que ocupa, la misma fue temporalmente apartada de sus funciones mientras se sustancia la investigación correspondiente.
La decisión de la Corte busca garantizar la imparcialidad del proceso investigativo y preservar la institucionalidad del Poder Judicial, al evitar que la funcionaria permanezca en funciones mientras se evalúa la autenticidad de los documentos presentados y se determina si hubo o no una conducta dolosa, que también es investigada por el Ministerio Público.
Además, la medida sin goce de sueldo refleja la gravedad del hecho investigado y la intención del máximo tribunal de enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a posibles actos de corrupción o faltas éticas dentro del sistema de justicia.
El caso ha sido derivado a las instancias competentes para su análisis y eventual remisión al Ministerio Público, en caso de confirmarse indicios de hechos punibles.
La Corte Suprema reafirmó, a través de este acto administrativo, envía un claro mensaje a los funcionarios judiciales.
