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El arbitraje paraguayo avanza hacia estándares internacionales, afirman

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Tras su participación como panelista en la reciente Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), celebrada en Asunción, la experta en arbitraje Pamela González, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), conversó con Judiciales Net y compartió su visión sobre los avances y desafíos del arbitraje en el país.

Durante la entrevista, González resaltó que Paraguay viene realizando esfuerzos importantes para alinear su práctica arbitral con estándares internacionales, en un contexto donde el país se posiciona como receptor de inversiones extranjeras. “El arbitraje nos exige calidad porque somos un país receptor de inversiones. Nuestra práctica local debe incorporar cada vez más elementos del arbitraje internacional. Ese es el estándar que queremos alcanzar”, afirmó.

La especialista explicó que encuentros como la CLA no solo ofrecen un espacio para el debate académico y profesional, sino que también sirven como impulso para elevar la calidad técnica del arbitraje nacional. Intercambiar experiencias con colegas que litigan en el exterior, dijo, permite identificar buenas prácticas y fortalecer el sistema local.

En ese marco, subrayó la importancia del rol de los árbitros y litigantes, quienes deben asumir la responsabilidad de llevar adelante los procesos con rigurosidad técnica y compromiso ético. “Tenemos que estar a la altura en materia de litigación”, acotó.

Otro punto central de la entrevista fue el rol del Poder Judicial en la consolidación del arbitraje. Aunque se trata de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, González recordó que el arbitraje no es completamente independiente del sistema judicial, ya que los jueces jurisdiccionales ejercen un control sobre las decisiones arbitrales.

“Es fundamental que el Poder Judicial comprenda el contexto del arbitraje, los principios y actúe con una visión amplia y actualizada para no contaminarlo con prácticas locales”, expresó.

La visión de Pamela González deja en evidencia que Paraguay cuenta con profesionales comprometidos con el desarrollo del arbitraje como vía moderna, ágil y confiable para la resolución de disputas, y que el país está avanzando con paso firme hacia una práctica cada vez más profesional y técnica.

CLA concluye con éxito en Asunción y consolida a Paraguay como centro regional del arbitraje internacional

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Asunción fue el punto de encuentro de la comunidad arbitral internacional durante tres jornadas intensas de reflexión, análisis y proyección. Este viernes concluyó con gran éxito la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), un evento de alcance global que reunió a expertos, árbitros, académicos, abogados, jueces y representantes institucionales de diversos países para debatir sobre los desafíos actuales del arbitraje y sus perspectivas de futuro.

Durante tres días, los paneles se centraron en temas clave como la ética, la transparencia y la calidad de las decisiones arbitrales, considerados pilares esenciales para fortalecer este mecanismo de resolución de conflictos. Los expertos coincidieron en que el arbitraje solo podrá crecer y consolidarse como una vía legítima y eficiente si se sustenta en la integridad de todos sus actores: árbitros, abogados, peritos y partes involucradas.

Otro de los puntos más destacados fue la relevancia de resolver controversias con sobriedad y comprensión contextual, evitando decisiones desarraigadas de la realidad específica de cada caso. Además, se enfatizó que los espacios académicos y de formación técnica como la CLA deben ser motores de perfeccionamiento profesional, y no utilizados como herramientas para entorpecer procesos con recusaciones infundadas u obstáculos innecesarios. Como expresó uno de los panelistas.

Igualmente, se destacó la necesidad de contar con códigos de conducta claros, actualizados y respetados también fue subrayada, junto con la importancia de fomentar una cultura de autorregulación y responsabilidad compartida dentro de la comunidad arbitral. Esta visión busca preservar la esencia del arbitraje como un mecanismo neutral, eficaz y justo de resolución de conflictos.

Asimismo, se puso especial atención en el valor que tienen los laudos internacionales de alto impacto, que muchas veces se convierten en verdaderas guías interpretativas dentro del sistema arbitral. El seguimiento de estas decisiones permite anticipar criterios, entender tendencias y fortalecer la predictibilidad, sin caer en una rigidez que reste flexibilidad al proceso.

En sintonía con los avances tecnológicos, la conferencia también abrió espacio para una discusión crítica sobre el uso emergente de la Inteligencia Artificial en el arbitraje. Si bien se reconocieron sus aportes en análisis documental, gestión de evidencias y revisión de precedentes, los panelistas insistieron en que la IA no puede reemplazar la capacidad humana de interpretación y evolución, elementos clave en una disciplina jurídica tan matizada como el arbitraje.

Por último y con igual importancia, se analizó la protección de la inversión y el medioambiente y la importancia de que exista un equilibrio que proteja ambos aspectos considerando incluso la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a los estados a no generar daños al medioambiente.

La CLA ha sido, desde su primera edición en 2009, el principal punto de referencia para el desarrollo del arbitraje en América Latina. En 2025, esta edición adquiere un valor aún más especial, ya que se celebra en el marco del 25º aniversario de trayectoria académica del CEDEP, reafirmando su compromiso con la formación, la excelencia y la construcción de un arbitraje moderno y sólido en la región.

Susana Granado es designada como coordinadora de la Oficina Técnica de Apoyo a los Juzgados de Paz

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó por unanimidad a la camarista Susana Granado como nueva coordinadora de la Oficina Técnica de Apoyo a los Juzgados de Paz, una instancia clave para fortalecer el funcionamiento de los juzgados más cercanos a la ciudadanía.

La propuesta fue presentada por el ministro Alberto Martínez Simón, quien destacó la trayectoria profesional, académica y ética de la magistrada.

“Sabemos de la gran versación y experiencia de la jueza Susana Granado. Es muy reconocida por su trabajo profesional. Ganaríamos con su experiencia en este cargo”, afirmó el ministro durante la sesión plenaria.

La Oficina Técnica de Apoyo tiene como objetivo brindar asistencia técnica, asesoría y acompañamiento a los Juzgados de Paz, con el fin de mejorar su desempeño, resolver problemáticas específicas del fuero y garantizar una justicia cercana, eficiente y transparente.

La designación de Granado se produce en un momento clave, en el que el fuero de Paz enfrenta desafíos importantes, entre ellos casos recientes relacionados con el uso indebido de pagarés judiciales, que generaron preocupación pública y alertas sobre posibles irregularidades.

Desde esta dependencia, se trabajará para reforzar los mecanismos de control, mejorar la calidad del servicio judicial y brindar acompañamiento constante a los jueces de Paz en todo el país.

Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su compromiso de apostar a perfiles con alta capacidad técnica y solvencia ética, que impulsen una gestión más transparente, moderna y cercana al ciudadano, especialmente en los juzgados que, por su naturaleza, atienden casos cotidianos y urgentes.

La trayectoria de Susana Granado en el Poder Judicial, sumada a su experiencia en diversas instancias jurisdiccionales, representan una garantía para el fortalecimiento de la estructura judicial de base.

Expertos debaten sobre la transparencia y los desafíos éticos en el arbitraje internacional durante la CLA

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En el marco de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que se celebra esta semana en Asunción, destacados referentes del arbitraje local e internacional participaron en un panel de alto nivel que abordó uno de los temas más debatidos y sensibles del ámbito arbitral: la transparencia en los procesos y la ética de sus protagonistas.

Bajo el título “El doble y triple sombrero en el arbitraje internacional: ¿mito o verdadero problema?”, la mesa estuvo presidida por la reconocida abogada Laura Capalbo, y contó con las exposiciones de los expertos Eleonora Coelho, Elina Mereminskaya, Víctor Bonnin y Pamela González, todos ellos con amplia trayectoria en el campo del arbitraje comercial y de inversión.

Durante el panel, los especialistas coincidieron en que la transparencia por parte de los árbitros y tribunales arbitrales es fundamental para asegurar la legitimidad y el éxito de este mecanismo de resolución de conflictos. Subrayaron que una práctica arbitral basada en la apertura, la claridad en la información y la ética profesional contribuye a fortalecer la confianza de las partes involucradas, especialmente en un contexto internacional donde los intereses en juego suelen ser elevados.

Uno de los ejes centrales del debate fue la figura del árbitro que asume múltiples roles dentro del ecosistema arbitral por ejemplo, como abogado de parte en un caso y árbitro en otro, o como académico y consultor a la vez lo que comúnmente se denomina el “doble o triple sombrero”. En este sentido, los panelistas reflexionaron sobre los posibles conflictos de interés que esta práctica podría generar y cómo afectan a la percepción de imparcialidad del árbitro.

Si bien algunos sostienen que esta situación puede manejarse con criterios éticos firmes y una adecuada revelación de antecedentes, otros señalaron que, en la práctica, la línea entre lo aceptable y lo cuestionable puede volverse difusa, especialmente cuando no existe un marco uniforme de regulación entre jurisdicciones.

Los expertos fueron enfáticos al señalar que los espacios académicos, de debate técnico y formación constante, como la CLA, deben ser instrumentos para el crecimiento y perfeccionamiento de la práctica arbitral, y no utilizados con fines de recusación infundada o para generar obstáculos que entorpezcan la dinámica eficiente del arbitraje. En palabras de uno de los panelistas, “el conocimiento compartido no debe convertirse en un arma, sino en una herramienta de construcción”.

Además de la transparencia, el panel abordó de manera transversal el valor de la ética, tanto en los árbitros como en las partes que intervienen en el proceso arbitral. Se destacó que no solo los jueces árbitros deben actuar con integridad, sino también los abogados, peritos y otros actores, para que el arbitraje conserve su esencia de mecanismo neutral, eficiente y justo.

En esa línea, se subrayó la necesidad de que los códigos de conducta sean claros, actualizados y respetados, al tiempo que se fomente una cultura de autorregulación y responsabilidad compartida dentro de la comunidad arbitral.

Otro de los puntos analizados durante la mesa fue el valor que tiene la actualización constante de las decisiones de los tribunales arbitrales internacionales, especialmente aquellos laudos que, por su profundidad y alcance, terminan marcando precedentes relevantes. Estas resoluciones, en algunos casos, pueden generar jurisprudencia de hecho, ayudando a comprender cómo se interpreta y aplica el derecho en el ámbito internacional.

Los panelistas explicaron que el seguimiento de estas decisiones es esencial tanto para árbitros como para abogados de parte, ya que permite anticipar criterios, entender tendencias y mejorar la predictibilidad del sistema arbitral, sin que ello implique una rigidez jurídica.

Asimismo, la conversación incluyó una mirada crítica y constructiva sobre el rol emergente de la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica arbitral. Algunos expertos señalaron que la IA puede ser una herramienta valiosa para apoyar tareas analíticas, revisión de documentos, gestión de evidencias y análisis de precedentes. No obstante, se remarcó que, al tratarse de un sistema basado en algoritmos y datos pasados, la IA no puede sustituir la capacidad humana de interpretar, contextualizar y, sobre todo, evolucionar en función de la singularidad de cada caso.

La CLA 2025, que se desarrolla hasta este viernes en Asunción, reúne a referentes del arbitraje nacional e internacional, académicos, jueces, árbitros, abogados, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas. A lo largo de sus jornadas, se están abordando los principales desafíos que enfrenta el arbitraje en América Latina y el mundo, con el objetivo de fortalecer su práctica, promover su acceso y mejorar la calidad de los procesos.

Este encuentro no solo posiciona a Paraguay como un actor relevante dentro del mapa arbitral regional, sino que también promueve el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas, claves para el desarrollo de sistemas de resolución de conflictos más justos, transparentes y eficaces.

La discusión sobre la transparencia, la ética y la innovación tecnológica en el arbitraje es apenas uno de los muchos temas que marcan la agenda de esta importante conferencia, que apunta a consolidar una práctica arbitral moderna, coherente y alineada con los estándares internacionales.

Aplican condena ejemplar de 28 años de cárcel para autor de brutal feminicidio

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El Ministerio Público, representado por el agente fiscal Rodrigo Espínola, logró una sentencia ejemplar de 28 años de prisión para Sebastián Esteche, hallado culpable del feminicidio de Deidamia Agüero Céspedes, ocurrido el 30 de agosto de 2022 en un inquilinato del barrio Don Bosco, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El caso, considerado uno de los más atroces en el Departamento de Amambay, concluyó con una de las penas más altas dictadas por este tipo de crímenes. El Tribunal de Sentencia dio por acreditada la versión fiscal, que detalló cómo Esteche atacó brutalmente a su expareja utilizando un cuchillo de cocina, provocándole dieciséis heridas en el tórax, cuello y brazos, en presencia del hijo menor de ambos.

De acuerdo con el informe del médico forense, la víctima falleció tras una rápida agonía causada por un shock hipovolémico. La acusación defendida por el fiscal Espínola presentó el caso como un acto de violencia de género extremo, sustentado con pruebas forenses, testimonios y reconstrucción del hecho.

“La pena impuesta representa un mensaje contundente: los crímenes de feminicidio no serán tolerados ni quedarán impunes. Es una victoria para la justicia y un paso firme en la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, expresó el fiscal al finalizar la audiencia.

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio del hijo de la víctima, quien presenció el ataque. Según su relato, las últimas palabras de su madre fueron: “Te amo, hijo”, frase que marcó emocionalmente tanto al tribunal como a la comunidad.

“Esa frase es un eco doloroso que quedará para siempre. Hoy, al menos, podemos decir que se ha hecho justicia para ese niño y para la familia de Deidamia”, agregó Espínola. “Esta condena fue posible gracias al compromiso de todos: investigadores, peritos, médicos y el equipo fiscal. Cuando el sistema funciona como debe, la justicia prevalece.”

Con este fallo, el sistema judicial reafirma su compromiso en la erradicación de la violencia de género, enviando un mensaje claro de que estos crímenes serán sancionados con todo el rigor de la ley.

La Corte audita el expediente de Miguel Cuevas

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A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría de gestión jurisdiccional del expediente en el que Miguel Cuevas fue condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito.

Según explicó el ministro, es necesario conocer las razones por las cuales la Corte Suprema está tardando en emitir el fallo, y, sobre todo, que la ciudadanía sepa los motivos de este retraso.

Comentó que la prensa ya se hizo eco de la situación, y que es necesaria una investigación para esclarecer qué ocurre con el expediente en cuestión.

«Es importante que la ciudadanía se entere cuál es el motivo de la no decisión, porque es necesario que ese informe de gestión indique cuál es la causa por la que no se puede expedir esa resolución. Hay que explicar los motivos que impiden la emisión de una decisión en este caso», subrayó el ministro Manuel Ramírez Candia.

Miguel Cuevas fue sentenciado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Para la justicia, Cuevas no puede justificar la suma de 1.934 millones de guaraníes en su patrimonio, monto que excede ampliamente sus ingresos legales. El fallo fue unánime en primera instancia y posteriormente confirmado por un tribunal de apelaciones.

De momento, el caso se encuentra en la Corte, donde debe ser estudiado el recurso de casación presentado por Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del condenado, quien alega la existencia de vicios “insalvables”. Por esta razón, solicita que la Sala Penal de la Corte Suprema anule el fallo recurrido y, mediante decisión directa, ordene la absolución de Cuevas o el envío de la causa a otro tribunal de sentencia.

Experto destaca la importancia del contexto en el arbitraje internacional durante la CLA en Asunción

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Durante la conferencia inaugural de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que se desarrolla en Asunción, el reconocido jurista Eduardo Silva Romero subrayó la importancia del contexto en los procesos arbitrales internacionales, un aspecto que, según afirmó, suele ser olvidado por los tribunales arbitrales.

“El contexto en el arbitraje lo es todo, sin embargo, está olvidado en el arbitraje internacional”, advirtió Silva Romero, al tiempo de señalar que su correcta consideración permite que las decisiones arbitrales se tomen con objetividad, evitando así la subjetividad que puede distorsionar los procesos.

El experto explicó que uno de los errores más frecuentes en la práctica arbitral es ignorar la finalidad del contrato dentro de su contexto, lo cual puede afectar profundamente la interpretación y resolución del conflicto.

“El contexto ayuda a pulir el arbitraje y a que la resolución de conflictos sea más eficaz. Es uno de los principales inconvenientes que he observado en mi experiencia ante tribunales arbitrales internacionales”, enfatizó.

Desde este miércoles y hasta el viernes, Asunción es sede de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA 2025), uno de los encuentros más relevantes de la región y del mundo en materia de arbitraje comercial e inversiones.

La conferencia se celebra en el Centro Cultural del Puerto, bajo el lema: «El Arbitraje en 2025: mantener lo esencial, actualizar lo contingente».

Organizado por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), el evento adquiere especial significado este año, ya que coincide con el 25º aniversario de trayectoria académica del CEDEP, entidad que ha promovido este encuentro desde su primera edición en 2009.

Más de 70 referentes internacionales participan del evento, incluyendo árbitros, abogados, académicos, jueces y representantes de organismos multilaterales de América Latina, EE.UU., Europa y otras regiones.

Entre los paneles más esperados, para este jueves se prevé la discusión sobre:

«El doble y triple sombrero en el arbitraje internacional: ¿mito o verdadero problema?»

«¿Las cortes nacionales especializadas en comercio internacional representan una amenaza para el arbitraje internacional?»

La jornada concluirá con una conferencia magistral del experto Gonzalo Flores, centrada en los desafíos del arbitraje de inversión a partir de la práctica del CIADI.

Más de 700 víctimas documentadas en el caso de “la mafia de los pagarés”

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Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron los fiscales durante una conferencia de prensa.

Los imputados enfrentan cargos por prevaricato, uso de documentos no auténticos y producción de documentos falsos. Los allanamientos realizados en los juzgados de Paz de Recoleta, San Roque, La Encarnación y Catedral revelaron al menos 710 víctimas documentadas, aunque se estima que podrían existir miles más en un subregistro.

El Ministerio Público presentó acusación contra 61 personas vinculadas a una estructura criminal que operaba desde el sistema judicial, conocida como “la mafia de los pagarés”. La red habría ejecutado descuentos compulsivos ilegales a cientos de ciudadanos, sin que estos fueran notificados ni tuvieran conocimiento de los procesos en su contra.

La causa implica a dos juezas en funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza, quienes habrían articulado un esquema de falsificaciones y maniobras procesales con el objetivo de ejecutar embargos sin conocimiento de los supuestos deudores.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la acusación contra las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); así como contra los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque).

De acuerdo con la acusación, empresas de cobranzas, con el apoyo de sus abogados y funcionarios judiciales, promovían acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro basados en pagarés o deudas presuntas. Durante estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones judiciales sin que los demandados tuvieran conocimiento alguno, permitiendo así embargos ilegales y el avance de los juicios sin legítima defensa.

Las resoluciones judiciales emitidas con base en documentación apócrifa y procedimientos irregulares violaban abiertamente el derecho al debido proceso y beneficiaban de manera directa a las partes actoras.

La lista de acusados está encabezada por jueces de Paz, seguidos por ujieres, actuarios judiciales y abogados de empresas de cobranzas.

Según los fiscales, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron durante una conferencia de prensa este miércoles en la Fiscalía General del Estado.

Los imputados enfrentan cargos por prevaricato, uso de documentos no auténticos y producción de documentos falsos. Los allanamientos realizados en los Juzgados de Paz de Recoleta, San Roque, La Encarnación y Catedral revelaron al menos 710 víctimas documentadas, aunque se estima que podrían existir miles más en un subregistro.

En el requerimiento conclusivo, los fiscales solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para cuatro ujieres y el sobreseimiento de un abogado, quienes habrían colaborado con información clave para el avance de la investigación.

Asunción recibe a referentes mundiales para la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje CLA

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La ciudad de Asunción se convierte esta semana en el epicentro del arbitraje internacional con la inauguración oficial de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que se desarrolla en el Centro Cultural del Puerto hasta el 26 de septiembre. La actividad convoca a juristas, árbitros, académicos y profesionales de alto nivel, provenientes de más de una decena de países.

Bajo el lema “El arbitraje en 2025: mantener lo esencial, actualizar lo contingente”, esta edición marca un punto de inflexión en el debate regional sobre los desafíos que enfrenta el arbitraje comercial y de inversiones en un contexto global cambiante.

El evento es organizado por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), que celebra sus 25 años de labor académica, y cuenta con el respaldo de instituciones líderes del ámbito jurídico y empresarial de América Latina, Europa y Estados Unidos.

En ese sentido, su presidente, el doctor José Moreno, destacó que la CLA será toda una experiencia enriquecedora para quienes participen de las distintas exposiciones y actividades de debate.

Durante tres días, más de 70 expertos internacionales de países como Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Francia y Suiza compartirán experiencias, buenas prácticas y análisis sobre la evolución del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos y garantía de seguridad jurídica en las inversiones.

Participan centros de arbitraje, jueces, representantes de organismos multilaterales, estudios jurídicos y universidades, en un entorno propicio para el intercambio técnico y académico.

Además de las conferencias centrales, la CLA 2025 propone un formato dinámico que incluye almuerzos temáticos, espacios de networking profesional, actividades para jóvenes árbitros y conversaciones intergeneracionales entre referentes del derecho. Igualmente, el espacio está diseñado para que los profesionales puedan realizar sus tareas propias sin perderse el evento central que congrega a los juristas más renombrados.

Estas actividades buscan no solo fortalecer la comunidad arbitral, sino también formar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con estándares éticos y de excelencia en la solución de controversias.

Durante la conferencia inaugural, el experto Eduardo Silva Romero habló sobre el olvido de la idea de «contexto» en el arbitraje. Dijo que el contexto lo es todo y lo resumió en tres ejes fundamentales: hechos, normas y valores.

La conferencia cuenta con el respaldo institucional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), junto con el acompañamiento de reconocidos centros de arbitraje y estudios jurídicos de la región.

Con su realización en Paraguay, la CLA 2025 consolida a Asunción como un centro estratégico para el desarrollo del arbitraje en América Latina, al tiempo que posiciona al país como un actor relevante en el escenario jurídico internacional.

Corte Suprema ordena auditoría en la causa Berilo

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La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar del proceso penal. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial del país ordenó la auditoría de todo el trámite de la causa, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que impidieron su avance.

La medida surge en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema judicial, debido a que la audiencia preliminar fue suspendida en al menos 14 ocasiones, sin que hasta ahora se haya podido elevar la causa a juicio oral.

El juez Miguel Palacios convocó nuevamente a los principales procesados, entre ellos Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, a una nueva audiencia preliminar fijada para el 7 de octubre a las 8:30, esta vez bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en la causa.

Actualmente, son 24 las personas procesadas que deben comparecer ante la justicia. La nueva convocatoria busca finalmente destrabar un expediente que se ha convertido en un símbolo del letargo judicial, pese a tratarse de un caso de alto impacto vinculado al crimen organizado.

La causa se originó a partir del Operativo Berilo, desarrollado en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintas localidades del departamento de Alto Paraná. La operación incluyó alrededor de 20 allanamientos, que permitieron la incautación de: 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de lujo y fuertes sumas de dinero en efectivo.

Más de 30 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente se desvinculó a algunos de los investigados. A lo largo de los años, el número de procesados se redujo a 24.

El Ministerio Público acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.

Sin embargo, el proceso ha estado plagado de incidentes procesales, recusaciones de jueces intervinientes y fallos técnicos. En una etapa clave, la acusación formal presentada por la Fiscalía por no acompañar las evidencias. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó la invalidez de dicha acusación y ordenó que el caso sea remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado para su acusación.

Con la auditoría ordenada por la Corte, se busca establecer responsabilidades sobre las demoras y obstáculos procesales que han impedido el avance del expediente. La medida también refleja la preocupación institucional por la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal, especialmente en causas sensibles relacionadas con narcotráfico y corrupción.

La nueva audiencia convocada para octubre será clave para determinar si, finalmente, la causa logra avanzar a juicio oral o si continúa atrapada en una etapa preliminar.

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