La docente y jueza del fuero penal especializado, Lici Sánchez, conversó con nuestro medio sobre el rol del magistrado y los cuestionamientos que enfrenta actualmente el Poder Judicial, a raíz de los recientes escándalos que han salpicado a este sector.
El Ministerio de justicia informó que, tras la verificación de la situación procesal de personas privadas de libertad en el penal de San Pedro, se constató que 39 de ellas ya cumplieron la pena mínima.
Así lo dispuso el Ministerio del Interior de España, al ratificar lo resuelto por el Consejo de Ministros de enviar a nuestro país a la esposa del prófugo de la justicia, el narcotraficante Sebastián Marset.
Ante una mayor disponibilidad de tobilleras electrónicas, se propone ampliar su uso a la circunscripción de Central, donde existe el mayor número de casos de violencia familiar. Por ello, se solicita que este mecanismo de control a distancia se implemente en esta zona.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Lourdes Garcete, entregó a las partes la sentencia íntegra por la cual se condena a 24 años de prisión al policía Gustavo Florentín por el asesinato de Rodrigo Quintana.
El expediente continúa en fueros inferiores mientras se busca al último integrante necesario para completar los nueve miembros y, así, someter a estudio la expulsión de Kattya González del Senado.
La defensora pública, abogada Carla Mazzo, quien representa a la enfermera jubilada Luciana Bernadet Torres, ha solicitado una medida cautelar para retener los fondos depositados en la cuenta judicial correspondiente al juicio iniciado contra su clienta por una deuda ya cancelada.
Ante la negativa de tribunales inferiores de entregar un informe a la familia Pecci Albertini vía auxilio judicial, se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con la misma finalidad.
Este miércoles, en sesión plenaria, se propusieron dos acordadas para frenar el avance de la red de estafa serial conocida como la mafia de pagarés. Por un lado, se plantea una acordada que regule el sellado de los pagarés, y por otro, la creación de un portal de denuncias para auditar los casos reportados por los afectados.
