El abogado José Fernández Zacur recurrió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la decisión del Tribunal de Apelaciones que incorporó de oficio dos tipos penales más en la causa contra Juan Manuel Gustale Cardoni. La defensa sostiene que los camaristas excedieron los límites de su competencia, violaron la prohibición de reforma en perjuicio del imputado y agravaron su situación procesal sin que existiera una apelación fiscal.
La defensa del expresidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale Cardoni, recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para cuestionar la incorporación de oficio de los tipos penales de lavado de activos y asociación criminal, dispuesta por el Tribunal de Apelaciones en el marco de una revisión de la prisión preventiva.
El recurso de apelación general fue presentado por el abogado José Fernández Zacur, quien sostiene que los camaristas fueron más allá de los puntos sometidos a su consideración y terminaron emitiendo una decisión jurisdiccional originaria, en lugar de limitarse a resolver la impugnación planteada.
«El Tribunal no actuó como órgano revisor, sino que emitió una decisión jurisdiccional originaria», advierte la defensa en su escrito. En ese sentido, aclara que no pretende habilitar una tercera instancia para volver a discutir la prisión preventiva, sino obtener una primera revisión jurisdiccional de una determinación desfavorable que fue introducida directamente por el órgano de alzada.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la resolución incorporó nuevas calificaciones penales sin que estas hubieran sido objeto de la apelación. Según Fernández Zacur, el Ministerio Público no recurrió para solicitar el agravamiento de las imputaciones, sino que, al contestar el recurso de las defensas, se limitó a pedir el rechazo de la apelación y la confirmación de la prisión preventiva.
La defensa considera que esta actuación vulnera el artículo 456 del Código Procesal Penal, que establece que el tribunal que resuelve un recurso debe limitarse exclusivamente a los puntos de la resolución que fueron impugnados.
También denuncia la transgresión del artículo 457 del mismo cuerpo legal, que consagra la prohibición de la reformatio in peius, es decir, impide modificar una resolución en perjuicio del imputado cuando solamente este o su defensor recurrieron.
«La defensa recurrió para mejorar su situación procesal y terminó enfrentando una calificación penal más gravosa», sostiene el abogado, quien considera que la incorporación de lavado de activos y asociación criminal amplió considerablemente el escenario jurídico al que se enfrenta su representado.
El planteamiento adquiere mayor relevancia porque, según el escrito, el propio Tribunal de Apelaciones hizo referencia a una expectativa de pena de hasta quince años y utilizó esa valoración para reforzar la existencia del peligro de fuga, conforme al artículo 243 del Código Procesal Penal.
Para la defensa, el perjuicio no desaparece por el hecho de que se haya mantenido la misma medida cautelar. Argumenta que la reforma peyorativa no protege únicamente contra el agravamiento de la privación de libertad, sino también contra cualquier empeoramiento de la situación jurídica del recurrente.
Asimismo, Fernández Zacur sostiene que la resolución es recurrible por causar un agravio irreparable, conforme al artículo 461, numerales 3 y 11, del Código Procesal Penal. Fundamenta este argumento en que la ampliación de las imputaciones, el incremento de la expectativa punitiva y la utilización de esas nuevas calificaciones para sostener el peligro de fuga generan consecuencias que difícilmente podrían repararse posteriormente.
Otro punto de preocupación de la defensa es la posibilidad de que el propio Tribunal de Apelaciones pretenda declarar inadmisible el recurso. Al respecto, sostiene que esa atribución corresponde exclusiva e inherentemente a la Sala Penal de la Corte, por tratarse del órgano al que la ley asigna competencia para entender en la impugnación.
«El único órgano competente para declarar admisible o inadmisible un recurso es, exclusiva y excluyentemente, dicha Sala Penal», enfatiza el escrito, que invoca además el artículo 16 de la Constitución Nacional y las disposiciones procesales sobre competencia jurisdiccional.
En definitiva, la defensa plantea que el problema central no radica simplemente en la posibilidad de modificar una calificación jurídica durante el proceso, sino en determinar si el Tribunal de Apelaciones estaba habilitado para introducir nuevas figuras penales al resolver un recurso que únicamente cuestionaba la prisión preventiva y que había sido promovido por los imputados.
Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá examinar los cuestionamientos y resolver si corresponde habilitar el análisis de fondo de la impugnación contra la incorporación de los tipos penales de lavado de activos y asociación criminal por el órgano jurisdiccional sin que esto haya sido sometido a su consideración por el titular de la acción penal.
