El periodista Carlos Granada, acusado de presunto acoso sexual, debía enfrentar esta mañana una audiencia preliminar; sin embargo, recusó a las tres agentes fiscales que llevan su caso por supuesta falta de objetividad, y la diligencia quedó suspendida.
En busca de evidencias tras el comiso de cinco toneladas de cocaína en Bélgica, este miércoles la Senad y el Ministerio Público realizaron siete allanamientos en busca de información.
El tribunal de sentencia separó el juzgamiento público del acusado Raúl Fernández Lippmann, quien será juzgado una vez que se resuelva un incidente pendiente en alzada.
El Consejo de la Magistratura integró esta semana solo 20 ternas de entre los centenares de cargos vacantes que requieren una urgente integración, ya que afectan el buen funcionamiento del Poder Judicial.
La defensa de la suspendida agente fiscal Ana Girala recusó al juez José Delmas, por lo que una vez más la audiencia preliminar prevista para esta mañana quedó suspendida hasta tanto se confirme la competencia del juez de la causa.
Dos hombres recuperaron su libertad tras dos años en prisión preventiva sin ninguna prueba que los conecte a un homicidio. La hipótesis inicial del Ministerio Público es que ambos discutieron con su compañero de trabajo antes de que lo encontraran muerto.
La Corte confirmó a los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez para entender en una serie de incidentes que impiden hasta la fecha el segundo juicio oral para exdiputado Tomás Rivas acusado por estafa.
La periodista Angie Prieto fue citada para el próximo 26 de septiembre para su juicio oral y público por injuria, tras la querella entablada en su contra por Marcelo Fleitas.
El abogado Rubén Maciel denunció la llamativa acusación del Ministerio Público contra su cliente, una mujer de 81 años, quien es acusada por el político Víctor Manuel Guanes Olmedo de presunta estafa.
En la sesión plenaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia aprobó el texto propuesto para reglamentar la Ley 5.863/2017, que implementa el uso de dispositivos de control en los procesos penales, y que en una primera fase será utilizado en los casos de violencia familiar.
