La jueza especializada Rosarito Montanía otorgó al Ministerio Público un plazo adicional de cuatro meses para presentar su acto conclusivo en la causa abierta contra Pastor Emilio Soria Merlo, expresidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
La agente fiscal Yeimy Adle imputó a Soria Merlo, junto a otros funcionarios y exfuncionarios del SENAVE, por presunto pedido de coima a importadores de productos frutihortícolas. Debido a la complejidad del caso y a la existencia de actos investigativos pendientes, la fiscalía solicitó más tiempo para completar la investigación y consolidar las pruebas necesarias.
Entre los procesados se encuentran los exfuncionarios Miguel Ángel Báez Soria y Martín Luis María Lezcano Villalba, así como los funcionarios Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto y Sergio Marcos Rodríguez Escobar. También están implicados terceros ajenos al SENAVE: Roberto Cárdenas Ramírez, Víctor Manuel Leiva Cardozo, Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibiades Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Todos ellos fueron imputados por delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con diferentes modalidades de participación que incluyen autoría, instigación y complicidad. Según la fiscalía, estas personas presuntamente exigieron sumas millonarias a importadores para autorizar los certificados de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), un requisito indispensable para la importación legal de productos agrícolas.
La denuncia fue presentada el 4 de marzo de 2024 por Karen Leticia Leguizamón, en representación de la Asociación ASICOPACE. Según la acusación, funcionarias del SENAVE exigían pagos indebidos de Gs. 10.000.000 por cada AFIDI, cuando el costo oficial del certificado es de Gs. 17.715. El esquema de cobro irregular operó entre diciembre de 2023 y abril de 2024, generando demoras injustificadas en los trámites de importación y presión directa a los importadores, quienes recibían llamadas, visitas y advertencias de funcionarios y terceros con acceso a los datos del sistema Ventana Única de Importador (VUI).
Este sistema ilegal de cobro afectó directamente a los importadores, quienes se sentían obligados a realizar pagos indebidos para evitar retrasos que podrían comprometer la llegada y conservación de sus productos. La ampliación del plazo otorgado a la Fiscalía permitirá profundizar en las investigaciones, analizar las pruebas pendientes y determinar con precisión las responsabilidades de todos los involucrados.
