El traslado del presunto narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico, considerado líder de un grupo criminal transnacional, generó tensión entre las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales. El pasado fin de semana, el acusado fue trasladado al penal de Emboscada sin comunicación previa al Tribunal de Sentencia que lo juzga por sus actos dentro de la causa A Ultranza Py.
Esta situación motivó que las autoridades jurisdiccionales enviaran un pedido de informe al Ministerio de Justicia para conocer la justificación del traslado de Tío Rico desde el penal de máxima seguridad de Minga Guazú hasta el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, donde permanece bajo un régimen de estricto control y sin contacto con otras personas privadas de libertad.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que el movimiento respondió a razones de seguridad institucional, aunque el hecho no dejó de llamar la atención de los jueces que juzgan a Insfrán, debido a que no fueron informados de la situación.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada María Luz Martínez e integrado por los jueces Federico Rojas y Dina Marchuk, solicitó que el Ministerio de Justicia detalle los motivos, la fecha y el lugar exacto del traslado del acusado, considerado una persona de alto perfil.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, el traslado de Tío Rico responde a “razones de seguridad institucional y de gestión penitenciaria”, en el marco de las políticas de prevención y control aplicadas en los establecimientos de reclusión. En un comunicado, el Ministerio aseguró que las medidas buscan preservar la estabilidad y el orden del sistema penitenciario, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los derechos y la integridad de las personas privadas de libertad.
Según la Fiscalía, Miguel Ángel Insfrán lideraba una estructura de narcotráfico familiar, con apoyo logístico de una facción uruguaya vinculada al prófugo Sebastián Marset, además de una red que suministraba cocaína desde Bolivia. El Ministerio Público sostiene que este grupo criminal habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos), principalmente con destino a Europa y África.
“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas y de distintas empresas con perfiles adecuados, que no despertaran sospechas y se dedicaban precisamente al comercio internacional”, señala la acusación.
Durante la operación A Ultranza Py, se realizaron más de 100 allanamientos, en los que se incautaron vehículos incluidas aeronaves, automóviles de lujo y camiones con dobles fondos, además de depósitos ubicados en el departamento Central, cerca de puertos utilizados para enviar la droga fuera del país. El operativo contó con apoyo de la DEA, autoridades de Uruguay, Europol y la SENAD.
Insfrán se encuentra actualmente en plena etapa de juicio oral, dentro del proceso en su contra por narcotráfico, asociación criminal y lavado de activos.
