Un intenso debate jurídico y de criterios se instaló en el seno de la Corte Suprema de Justicia tras el pedido de informe formulado por la Cámara de Diputados sobre las millonarias indemnizaciones que el Estado paraguayo ha debido afrontar en los últimos años por errores judiciales, privaciones ilegítimas de libertad, retardación de justicia y otras deficiencias en la prestación del servicio de justicia.

La discusión surgió durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial, donde los ministros analizaron no solo la elaboración de la respuesta requerida por el Congreso, sino también una cuestión de fondo que ha generado posiciones encontradas: determinar qué fuero tiene competencia para resolver las demandas de reparación por error judicial.

La controversia quedó expuesta entre quienes sostienen que estos reclamos deben ser tramitados ante la jurisdicción civil y aquellos que consideran que corresponde a los jueces penales pronunciarse sobre la existencia del error y la consecuente indemnización.

Entre los principales defensores de esta última postura se encuentran los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay, quienes sostuvieron que el juez penal es quien debe determinar la existencia del error judicial y, por consiguiente, decidir sobre las consecuencias derivadas de dicha actuación.

Frente a esa posición, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, recordó que durante décadas la competencia de los jueces civiles para entender en este tipo de acciones nunca fue cuestionada de manera formal dentro de los procesos judiciales.

Según explicó, todas las demandas de indemnización que llegaron a instancias superiores superaron los controles de competencia sin que existieran objeciones de fondo por parte de los organismos estatales encargados de la defensa patrimonial del Estado.

“No anulamos procesos por incompetencia del juez civil porque nunca se planteó formalmente esa excepción; todos los casos pasaron el filtro de competencia material y se asumió que el órgano civil era competente, ya que la Procuraduría nunca objetó desde 1992”, afirmó Martínez Simón durante el debate.

El pedido de Diputados

La discusión en la Corte se produjo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, impulsara un pedido de informe detallado sobre las condenas económicas impuestas al Estado paraguayo como consecuencia de actuaciones deficientes dentro del sistema de justicia.

La solicitud busca dimensionar el impacto patrimonial que han tenido las sentencias dictadas contra el Estado y determinar si existieron mecanismos para individualizar responsabilidades de magistrados, fiscales o funcionarios eventualmente involucrados.

En primer lugar, la Cámara Baja requirió conocer la cantidad de sentencias firmes emitidas durante los últimos diez años que hayan condenado al Estado al pago de indemnizaciones por error judicial, privación ilegítima de libertad, retardación de justicia, negligencia judicial, mal desempeño de magistrados, actuaciones u omisiones atribuibles a agentes fiscales o cualquier otra causa relacionada con el funcionamiento defectuoso de la administración de justicia.

Asimismo, los diputados solicitaron un detalle del monto total desembolsado por el Estado para cumplir con dichas resoluciones judiciales, discriminado por año y acompañado de información específica sobre cada expediente, incluyendo número de causa, órgano jurisdiccional interviniente, fecha de sentencia, fundamento de la condena y monto indemnizatorio establecido.

Otro de los puntos requeridos apunta a determinar si, una vez efectuados los pagos, el Estado promovió acciones de repetición o recuperación patrimonial contra magistrados, fiscales o funcionarios cuya conducta hubiera generado el perjuicio económico.

El informe también deberá precisar cuántos sumarios administrativos, investigaciones disciplinarias o comunicaciones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público fueron impulsados en relación con esos casos.

Finalmente, Diputados requirió información sobre los mecanismos institucionales actualmente vigentes para prevenir errores judiciales, evitar la retardación de justicia y reducir los riesgos de futuras condenas patrimoniales contra el Estado.

Elaboración del informe

El pedido parlamentario ya fue remitido a la Dirección de Estadística Judicial y a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, dependencias que tendrán a su cargo la recopilación y sistematización de los datos requeridos.

Mientras avanzan los trabajos técnicos para responder al Congreso, el debate abierto entre los ministros revela una discusión mucho más profunda sobre la responsabilidad estatal por errores judiciales y los criterios de competencia que han regido históricamente en este tipo de procesos.

La controversia adquiere especial relevancia en momentos en que varias sentencias condenatorias contra el Estado han cobrado notoriedad pública, reavivando cuestionamientos sobre la calidad del servicio de justicia y sobre quiénes deben asumir las consecuencias cuando una actuación irregular termina generando importantes costos para las arcas públicas.

El ministro del Interior, Enrique Riera, lanzó un fuerte cuestionamiento al sistema de justicia al reclamar una mayor utilización de las tobilleras electrónicas como alternativa al control policial de personas beneficiadas con medidas de arresto domiciliario.

El secretario de Estado sostuvo que, pese a que el sistema tecnológico ya se encuentra plenamente operativo, su implementación sigue siendo limitada debido a la escasa aplicación por parte de jueces y fiscales, situación que, según afirmó, impide optimizar recursos humanos tanto en la Policía Nacional como en el sistema penitenciario.

Riera recordó que actualmente solo unas 200 tobilleras electrónicas están siendo utilizadas, mientras que otras 800 permanecen disponibles para su implementación inmediata.

«La idea es usar la tecnología y así tener a más policías disponibles para la seguridad del país. Pedimos a jueces y fiscales que usen esta tecnología», expresó el ministro.

El titular del Interior señaló que la utilización masiva de estos dispositivos permitiría liberar una importante cantidad de efectivos policiales que actualmente destinan gran parte de su tiempo a tareas de verificación del cumplimiento de arrestos domiciliarios ordenados por la justicia.

«Para la Policía sería liberar casi 8.000 policías que se abocan a verificar a personas con arresto domiciliario, y para el Ministerio de Justicia sería 800 personas privadas de libertad menos en las penitenciarías», sostuvo.

Las declaraciones representan una crítica directa a los operadores del sistema judicial, a quienes el ministro atribuye la falta de aprovechamiento de una herramienta tecnológica que, según indicó, ya cuenta con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento.

«El software está instalado, la Policía está preparada, el ministro de Justicia está preparado. Nosotros lo que hacemos es pedirle a jueces y fiscales que utilicen esos dispositivos», enfatizó.

Riera insistió en que el uso de las tobilleras electrónicas no solo contribuiría a una mejor administración de las medidas cautelares, sino que también permitiría reforzar la seguridad ciudadana mediante una redistribución más eficiente del personal policial.

«Yo tengo la intención de que estos señores tengan 9.000 policías más disponibles, reemplazados por la tecnología», afirmó.

El planteamiento del ministro se da en momentos en que distintas instituciones del Estado impulsan mecanismos tecnológicos para reducir costos operativos y mejorar el control de personas sometidas a medidas judiciales. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior consideran que la herramienta aún no está siendo aprovechada en toda su capacidad debido a la baja cantidad de resoluciones judiciales que disponen su utilización.

La postura de Riera vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del papel que desempeñan jueces y fiscales en la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento o al control presencial por parte de las fuerzas de seguridad.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer oficialmente las materias que integrarán la prueba escrita del 17° Concurso de Méritos para Notarios y Escribanos Públicos, brindando a los postulantes una guía detallada de los contenidos que serán evaluados en el proceso de selección.

La evaluación abarcará un amplio espectro de conocimientos vinculados al ejercicio de la función notarial, registral, civil, comercial, penal, tributaria y de protección de la niñez y la adolescencia, además de la normativa específica que regula la actividad de los escribanos en el país.

En el ámbito notarial, los concursantes deberán demostrar dominio sobre la organización profesional del notariado, los requisitos de acceso a la profesión, el sistema de registros, el arancel notarial, el régimen de suplencias, así como las competencias, deberes e incompatibilidades de los notarios y escribanos públicos. También serán evaluados aspectos relacionados con los informes trimestrales exigidos por la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), además del régimen disciplinario, faltas y sanciones.

La prueba incluirá igualmente contenidos referentes al documento notarial, el documento electrónico, la firma digital, los instrumentos públicos y privados, los procesos de legalización y apostilla, así como la protocolización de documentos y la conservación de protocolos. Asimismo, se examinarán los procedimientos vinculados a la redacción, autorización y formalización de actos notariales.

En el área de Derecho Civil y Comercial, el temario comprende disposiciones generales sobre interpretación de la ley y normas de conflicto, además del régimen jurídico de las personas físicas y jurídicas. Se incorporan temas relacionados con capacidad, domicilio, declaración de fallecimiento, interdicción e inhabilitación, incluyendo la revisión de la Ley N.º 7371/2025 en lo relacionado con la función notarial.

También serán objeto de evaluación materias vinculadas al Derecho de Familia, como matrimonio, regímenes patrimoniales, uniones de hecho, filiación, parentesco y curatela. A ello se suman los hechos y actos jurídicos, obligaciones, contratos, derechos societarios, derechos reales, sucesiones y el tráfico jurídico de bienes inmuebles.

Uno de los bloques más extensos del examen estará dedicado al ámbito registral, con énfasis en el funcionamiento del Registro Unificado Nacional (RUN), los principios registrales, la inscripción y publicidad de actos, la protección de terceros, el tracto sucesivo, la prioridad registral y la transferencia de bienes registrables.

La Corte también evaluará conocimientos sobre técnica registral, folio real y personal, expedición de certificados, responsabilidad por inexactitudes registrales, recursos administrativos y jurisdiccionales, así como la relación entre el catastro y los registros inmobiliarios. El temario incluye además cuestiones relativas a loteamientos, mensuras, parcelamientos, desarrollos inmobiliarios, propiedad horizontal, fideicomisos inmobiliarios y contratos.

En el ámbito de la Niñez y la Adolescencia, los aspirantes deberán manejar las disposiciones relacionadas con la patria potestad, representación legal de los menores, autorizaciones y actos de administración y disposición de bienes, así como el régimen de tutela.

Por otra parte, el componente penal contempla nociones de las normas del Código Penal vinculadas al ejercicio de la función notarial, incluyendo medidas cautelares, comiso, escrituración e intervención del escribano en actos derivados de resoluciones judiciales.

En materia tributaria, se examinarán las obligaciones fiscales relacionadas con la actividad profesional del notario, especialmente las vinculadas al impuesto inmobiliario, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Personal (IRP), las retenciones en sede notarial y los certificados de cumplimiento tributario.

Finalmente, la CSJ informó que los postulantes deberán conocer la normativa relacionada con la función notarial, incluyendo códigos, leyes, decretos, acordadas y resoluciones emitidas por la propia Corte Suprema de Justicia vinculadas al Registro Unificado Nacional.

Con la publicación de este temario, la máxima instancia judicial busca ofrecer claridad a los concursantes y garantizar una evaluación integral de las competencias requeridas para el ejercicio de la función notarial y registral en el país. El examen escrito constituye una de las etapas centrales del concurso de méritos para acceder al registro de escribano.

El examen está previsto para el próximo 1 de septiembre de 2026, a las 16:00, en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes.

El reconocido abogado penalista Osvaldo Granada Sallaberry realizó una dura evaluación sobre el estado actual del sistema de justicia paraguayo y, en particular, del Ministerio Público, institución que, según afirmó, atraviesa una profunda crisis institucional marcada por la influencia política, la pérdida de credibilidad y constantes cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción.

En una entrevista concedida a Judiciales Net, el profesional, de extensa trayectoria en el ámbito jurídico nacional, sostuvo que varios de los problemas estructurales que hoy afectan al Poder Judicial tienen su origen en el diseño institucional adoptado tras la promulgación de la Constitución Nacional de 1992.

A criterio del especialista, la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados respondió a una intención legítima de democratizar la selección y el control de jueces y fiscales, pero los resultados terminaron siendo diametralmente opuestos a los esperados.

“Lamentablemente la gran equivocación surge de la Constitución. Esto que se hizo de tan buena fe, queriendo democratizar la forma en que se elegían los jueces, incorporó dos instituciones que fracasaron estrepitosamente”, expresó.

Granada Sallaberry señaló que la participación de representantes políticos dentro de dichos órganos terminó generando una creciente influencia partidaria en los procesos de selección y juzgamiento de magistrados.

“Nadie pudo imaginar que con los representantes del Congreso se ocasionaría el colapso. Los políticos coparon y dominaron”, afirmó.

Según explicó, esta situación habría derivado en una progresiva politización de los organismos encargados de velar por la independencia judicial, afectando tanto la carrera de magistrados como la estabilidad de quienes intentan ejercer sus funciones con autonomía.

“Tenemos dos organismos que están absolutamente politizados. Con eso juegan con las denuncias en contra de la gente buena del tribunal como una especie de garrote sobre los buenos magistrados y también para favorecer la entrada de los políticamente correctos”, sostuvo.

Críticas al Ministerio Público

Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo centrado en la situación del Ministerio Público. Para Granada Salaberry, la institución atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

“Yo creo que la Fiscalía está en terapia intensiva en estos momentos, absolutamente cooptada por el poder político”, manifestó.

El penalista también cuestionó la conducción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a quien reconoció por su trayectoria académica y judicial, aunque consideró que el cargo exige capacidades distintas a las demostradas durante su carrera como magistrado.

“Emiliano Rolón era un buen profesor, era un buen magistrado, tenía unos fallos espectaculares en la Cámara, pero nunca fue para insertarse en esto”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre el creciente deterioro de la imagen institucional del Ministerio Público ante la ciudadanía y el surgimiento de versiones y sospechas relacionadas con supuestos hechos de corrupción dentro de la institución.

“Ahora la gente ya lo acusa de una absoluta corrupción moral y económica. Estas acusaciones ya se están escuchando de un magistrado tranquilo como era Rolón Fernández, porque no sabe sofocar los incendios que tiene”, afirmó.

“Arde Troya dentro de la Fiscalía”

Durante la entrevista, Granada Sallaberry sostuvo que uno de los principales problemas radica en la falta de respuestas contundentes frente a los cuestionamientos que afectan a distintas dependencias fiscales.

“Cuando a vos te sale algo mal en un juicio, de repente te dicen: costó tanto, a tu fiscal se le dio tanto, y se distribuyó esa plata dentro de la Fiscalía”, señaló, al referirse a comentarios y sospechas que circulan en distintos ámbitos vinculados al sistema de justicia.

En ese contexto, cuestionó que el debate institucional continúe centrado en aspectos doctrinarios mientras persisten denuncias y cuestionamientos internos.

“Vos le ponés a un fiscal que te sigue hablando de garantismo, del proceso penal, y te sigue dando clases magistrales mientras arde Troya dentro de las Fiscalías diversas”, manifestó.

Dependencia del poder político

Finalmente, el abogado advirtió sobre lo que considera una creciente subordinación de la justicia a los intereses políticos, situación que, según dijo, compromete seriamente la independencia de los órganos encargados de administrar justicia.

“Estamos en un Poder Judicial que cada vez más va dependiendo del poder más corrupto de la República, que lo sostengo hace muchísimos años, que es el Poder Legislativo”, concluyó.

Las declaraciones del penalista se producen en medio de un escenario de intenso debate sobre la transparencia, la independencia y la credibilidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia en Paraguay, temas que continúan ocupando un lugar central en la agenda pública y jurídica del país.