El ministro del Interior, Enrique Riera, lanzó un fuerte cuestionamiento al sistema de justicia al reclamar una mayor utilización de las tobilleras electrónicas como alternativa al control policial de personas beneficiadas con medidas de arresto domiciliario.
El secretario de Estado sostuvo que, pese a que el sistema tecnológico ya se encuentra plenamente operativo, su implementación sigue siendo limitada debido a la escasa aplicación por parte de jueces y fiscales, situación que, según afirmó, impide optimizar recursos humanos tanto en la Policía Nacional como en el sistema penitenciario.
Riera recordó que actualmente solo unas 200 tobilleras electrónicas están siendo utilizadas, mientras que otras 800 permanecen disponibles para su implementación inmediata.
«La idea es usar la tecnología y así tener a más policías disponibles para la seguridad del país. Pedimos a jueces y fiscales que usen esta tecnología», expresó el ministro.
El titular del Interior señaló que la utilización masiva de estos dispositivos permitiría liberar una importante cantidad de efectivos policiales que actualmente destinan gran parte de su tiempo a tareas de verificación del cumplimiento de arrestos domiciliarios ordenados por la justicia.
«Para la Policía sería liberar casi 8.000 policías que se abocan a verificar a personas con arresto domiciliario, y para el Ministerio de Justicia sería 800 personas privadas de libertad menos en las penitenciarías», sostuvo.
Las declaraciones representan una crítica directa a los operadores del sistema judicial, a quienes el ministro atribuye la falta de aprovechamiento de una herramienta tecnológica que, según indicó, ya cuenta con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento.
«El software está instalado, la Policía está preparada, el ministro de Justicia está preparado. Nosotros lo que hacemos es pedirle a jueces y fiscales que utilicen esos dispositivos», enfatizó.
Riera insistió en que el uso de las tobilleras electrónicas no solo contribuiría a una mejor administración de las medidas cautelares, sino que también permitiría reforzar la seguridad ciudadana mediante una redistribución más eficiente del personal policial.
«Yo tengo la intención de que estos señores tengan 9.000 policías más disponibles, reemplazados por la tecnología», afirmó.
El planteamiento del ministro se da en momentos en que distintas instituciones del Estado impulsan mecanismos tecnológicos para reducir costos operativos y mejorar el control de personas sometidas a medidas judiciales. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior consideran que la herramienta aún no está siendo aprovechada en toda su capacidad debido a la baja cantidad de resoluciones judiciales que disponen su utilización.
La postura de Riera vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del papel que desempeñan jueces y fiscales en la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento o al control presencial por parte de las fuerzas de seguridad.
