Un intenso debate jurídico y de criterios se instaló en el seno de la Corte Suprema de Justicia tras el pedido de informe formulado por la Cámara de Diputados sobre las millonarias indemnizaciones que el Estado paraguayo ha debido afrontar en los últimos años por errores judiciales, privaciones ilegítimas de libertad, retardación de justicia y otras deficiencias en la prestación del servicio de justicia.
La discusión surgió durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial, donde los ministros analizaron no solo la elaboración de la respuesta requerida por el Congreso, sino también una cuestión de fondo que ha generado posiciones encontradas: determinar qué fuero tiene competencia para resolver las demandas de reparación por error judicial.
La controversia quedó expuesta entre quienes sostienen que estos reclamos deben ser tramitados ante la jurisdicción civil y aquellos que consideran que corresponde a los jueces penales pronunciarse sobre la existencia del error y la consecuente indemnización.
Entre los principales defensores de esta última postura se encuentran los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay, quienes sostuvieron que el juez penal es quien debe determinar la existencia del error judicial y, por consiguiente, decidir sobre las consecuencias derivadas de dicha actuación.
Frente a esa posición, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, recordó que durante décadas la competencia de los jueces civiles para entender en este tipo de acciones nunca fue cuestionada de manera formal dentro de los procesos judiciales.
Según explicó, todas las demandas de indemnización que llegaron a instancias superiores superaron los controles de competencia sin que existieran objeciones de fondo por parte de los organismos estatales encargados de la defensa patrimonial del Estado.
“No anulamos procesos por incompetencia del juez civil porque nunca se planteó formalmente esa excepción; todos los casos pasaron el filtro de competencia material y se asumió que el órgano civil era competente, ya que la Procuraduría nunca objetó desde 1992”, afirmó Martínez Simón durante el debate.
El pedido de Diputados
La discusión en la Corte se produjo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, impulsara un pedido de informe detallado sobre las condenas económicas impuestas al Estado paraguayo como consecuencia de actuaciones deficientes dentro del sistema de justicia.
La solicitud busca dimensionar el impacto patrimonial que han tenido las sentencias dictadas contra el Estado y determinar si existieron mecanismos para individualizar responsabilidades de magistrados, fiscales o funcionarios eventualmente involucrados.
En primer lugar, la Cámara Baja requirió conocer la cantidad de sentencias firmes emitidas durante los últimos diez años que hayan condenado al Estado al pago de indemnizaciones por error judicial, privación ilegítima de libertad, retardación de justicia, negligencia judicial, mal desempeño de magistrados, actuaciones u omisiones atribuibles a agentes fiscales o cualquier otra causa relacionada con el funcionamiento defectuoso de la administración de justicia.
Asimismo, los diputados solicitaron un detalle del monto total desembolsado por el Estado para cumplir con dichas resoluciones judiciales, discriminado por año y acompañado de información específica sobre cada expediente, incluyendo número de causa, órgano jurisdiccional interviniente, fecha de sentencia, fundamento de la condena y monto indemnizatorio establecido.
Otro de los puntos requeridos apunta a determinar si, una vez efectuados los pagos, el Estado promovió acciones de repetición o recuperación patrimonial contra magistrados, fiscales o funcionarios cuya conducta hubiera generado el perjuicio económico.
El informe también deberá precisar cuántos sumarios administrativos, investigaciones disciplinarias o comunicaciones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público fueron impulsados en relación con esos casos.
Finalmente, Diputados requirió información sobre los mecanismos institucionales actualmente vigentes para prevenir errores judiciales, evitar la retardación de justicia y reducir los riesgos de futuras condenas patrimoniales contra el Estado.
Elaboración del informe
El pedido parlamentario ya fue remitido a la Dirección de Estadística Judicial y a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, dependencias que tendrán a su cargo la recopilación y sistematización de los datos requeridos.
Mientras avanzan los trabajos técnicos para responder al Congreso, el debate abierto entre los ministros revela una discusión mucho más profunda sobre la responsabilidad estatal por errores judiciales y los criterios de competencia que han regido históricamente en este tipo de procesos.
La controversia adquiere especial relevancia en momentos en que varias sentencias condenatorias contra el Estado han cobrado notoriedad pública, reavivando cuestionamientos sobre la calidad del servicio de justicia y sobre quiénes deben asumir las consecuencias cuando una actuación irregular termina generando importantes costos para las arcas públicas.
