El abogado penalista Guillermo Ferreiro señaló a ABC TV que el proyecto de ley conocido como “antichicanas” es inconstitucional y un parche que no va a solucionar nada ya que es el propio sistema el que incumple los plazos.

También dijo que la nueva acordada que se propone desde la OTP, es otro parche que tampoco va a solucionar la mora judicial, que se debe buscar un mecanismo para dar respuesta en un plazo razonable y no cerrar la posibilidad a las personas que acuden al Poder Judicial para buscar una solución a sus litigios.

“El sistema de justicia tienen la obligación de darnos una sentencia fundada y  en plazo razonable, esta ley antichinacas es dramáticamente  inconstitucional e ignorante de la lógica” señaló el profesional al referirse a la lee que se encuentra en el Senado a propuesta de la Corte Suprema de Justicia que busca poner freno a las recusaciones infundadas.

Ferreiro dijo que lo que hace saturar al sistema son los casos mal planteados por el Ministerio Público y que los jueces de garantías no son capaces de frenar y se convierten en un pasa papeles de la fiscalía y con ello son los grandes traidores del sistema penal.

Por último, señaló Ferreiro que el Poder Judicial debe dejar de transferir su responsabilidad y hacer cumplir la constitución respecto a su propio presupuesto que desde hace años no se cumple, debido a no recibe lo que corresponde para mejorar su estructura y dar respuesta a la ciudadanía en sus conflictos.

La magistrada Mesalina Fernández, durante el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV, dijo que los plazos establecidos en el C.P.P no son acordes a la cantidad de casos que ingresan y saturan el sistema.

Mencionó que es necesario tener una estadística para determinar mejor los plazos, que actualmente los plazos no tienen una base científica. Señaló que es fundamental este aspecto para poder cumplir con dichos tiempos que en la actualidad es imposible por déficit material y de personal.

“Cuando entró a regir nuestro CPP, en el año 98, establecimos una cláusula cerrada que determinaba como plazo máximo de duración del proceso era la de tres años y el sistema no estaba preparado ni estructural, técnica ni humanamente e hizo rebasar el sistema”, señaló la jueza.

Agrego que, incluso con la ley Camacho que hizo ampliar el plazo de extinción a cuatro años, se siguen dando casos que extinguen o prescriben por el transcurso del tiempo. Que, para ello es importante contar con una base de datos que con exactitud diga cuantos casos concluyeron y cuantos no para decir que varios casos quedaron impunes comparados con los que concluyeron.

Mesalina Fernández, reconoció la lentitud con la que se manejan los procesos penales que incluso cuando llegan a la etapa de juicio oral por lo general ya pasaron dos años o más del tiempo que establece la ley para que una causa culmine.

La magistrada también hizo referencia sobre el nuevo planteamiento de acordada para otorgar salidas alternativas al juicio oral en los casos considerados de reproche reducido, dijo que es hacer una profecía que unos 30.000 casos o más tengan una salida que no sea el juicio oral, debido a que para ello es necesario lograr la aceptación del hecho por parte del procesado, conciliar con la víctima y que no haya tenido procesos anteriores y por lo general los hechos punibles de hurto son cometidas por personas que son reincidentes compulsivos.

El juez Rolando Duarte, coordinador de los juzgados de garantías, dijo a Judiciales TV, que existe una inmensa cantidad de casos cometidos en flagrancia y que el Ministerio Público debe arrimar con una salida procesal automática para no sobrecargar el sistema.

El magistrado se refirió concretamente a los casos de robo de carnes, shampoo, celulares, etc que saturan el sistema penal y que es necesario que tengan una administración distinta para descomprimir el sistema.

Mencionó que un 40% de los casos quedarían fuera del sistema penal, en caso que la Corte Suprema de Justicia apruebe la acordada que propone la OTP, con la cual las causas tendrán una salida rápida del sistema que a la vez hará que baje e hacinamiento en las cárceles del país donde existe una inmensa cantidad de personas privadas de libertad sin condena.

“En los casos de flagrancia donde no requiere un proceso investigativo el Ministerio Público ya puede solicitar un procedimiento abreviado como primer requerimiento, con lo que ya se va a tener una sentencia condenatoria y por ende la personas estará privado de libertad como condenado y no como prevenido. Es una muy buena acción esperamos que la Corte apruebe esto porque va a beneficiar a los justiciables en general” señaló Rolando Duarte.

Según una estadística del año pasado, el 75% de los casos ingresados al sistema penal son los hechos considerados delitos que tienen una expectativa de pena de hasta cinco años o multa.

El registro advierte que, del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, ingresaron 20.956 causas por hurto agravado, 9.682 casos por hurto, mientras que por estafa ingresaron 10.337 casos, producción de documentos no auténticos, 10.007 casos, son hechos punibles que pueden ser objeto de salidas compositivas o demás presupuestos ya establecidos en el artículo 301 del C.P.P.

La Sala Penal a través de la Oficina Técnica propone una nueva acordada que operativice dichas salidas procesales para lograr descomprimir el sistema penal, saturado de casos que debieran llegar tan siquiera a la etapa de audiencia preliminar y menos a un debate oral.

Si se da cumplimiento a lo ya establecido en la norma se logrará que el 40% de los casos queden fuera de la etapa de juicios orales con salidas compositivas, ya sea con procedimientos abreviados, suspensión condicional del procedimiento o criterio de oportunidad.

Cerca de 30. 000 casos podrían quedar en la etapa preliminar si se cumple con las salidas alternativas al juicio oral y público. Actualmente existe una saturación de casos en los juzgados de garantías y en la etapa de juicios orales donde se pierde tiempo con los casos considerados bagatelarios existiendo numerosos casos complejos que merecen la atención de la justicia.

El Tribunal de sentencia que juzga al diputado Miguel Cuevas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, hizo lugar a la inclusión de pruebas requeridas por el Ministerio Público.

La presidenta del tribunal de sentencia Elsa García explicó que el tribunal, tiene la facultad horizontal de incluir o excluir pruebas que hayan sido rechazadas en la etapa preliminar.

La magistrada explicó que la inclusión de estos medios prueba, no viola el principio de igualdad de las partes y que tampoco pretende suplir inactividad del Ministerio Público porque son pruebas que ya fueron diligenciadas.

Agregó que la defensa tendrá la oportunidad de indagar y hacer un contra examen al perito Javier González y que prácticamente la pericia será producida en este juicio oral, que no afecta al ejercicio de la defensa.

“El tribunal de sentencia posee este control horizontal, ya hemos ejercido esa facultad en varias causas, en ese sentido creemos que engloba y alcanza a todo lo que se produjo en la etapa preparatoria e intermedia. Dejamos constancia de que en algunas causas hemos tomado decisiones a través del control horizontal, incluso hemos tomado decisión de admitir pruebas que han sido rechazados por los juzgados de garantías. Estamos habilitados para estudiar cualquier inclusión o exclusión de medios de prueba” señaló la jueza García.

Esta pericia era fundamental para el Ministerio Público debido a que es esta pericia la que refleja que supuestamente no existe correspondencia entre los ingresos y egresos por parte del legislador.

El fiscal Deny Pak presentó la acusación contra 14 personas. La acusación afecta al exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas acusadas en la causa.

La jueza Rosarito Montanía recibió las decenas de cajas de documentos y evidencias tras la presentación del agente fiscal de la causa. En horas de la siesta de este jueves se realizó la presentación del acto conclusivo y se pidió juicio oral y público.

El Ministerio Público imputó en esta causa a 27 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África.

De los 27 imputados, trece ya están en prisión preventiva. El considerado líder del esquema es Alberto Koube quien es uno de los principales exponentes de la organización al igual que Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” detenido en Brasil con fines de extradición.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.