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Realizan 90 preliminares en una semana en Capital

Un total de 90 audiencias preliminares fueron llevadas a cabo en los distintos juzgados penales de la Capital durante la última semana de julio, de acuerdo con el más reciente informe elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.

El monitoreo, que abarcó el periodo comprendido entre el 27 y el 31 de julio de 2026, incluyó a los Juzgados Penales de Garantías, los especializados en Delitos Económicos, Crimen Organizado y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia con sede en Asunción.

Según el reporte, en esos cinco días se concretó el 68% de las audiencias preliminares fijadas, con un total de 90 diligencias desarrolladas. En contrapartida, 43 convocatorias no pudieron realizarse, lo que representa el 32% de las audiencias programadas para ese periodo.

El informe también identifica las principales causas que impidieron la realización de las diligencias. La mayoría de las suspensiones, 31 en total, obedecieron a solicitudes formuladas por las partes. Otras 10 audiencias fueron suspendidas debido a la incomparecencia de alguno de los intervinientes, mientras que dos quedaron sin efecto por la presentación de planteos procesales.

El seguimiento realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional forma parte de las tareas de control sobre el desarrollo de las audiencias en los distintos fueros, con el objetivo de medir los niveles de cumplimiento de la agenda judicial e identificar los factores que inciden en la suspensión de los actos procesales.

Abogados denuncian mora extrema en Tribunal Laboral

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La Asociación de Abogados Laboralistas lanzó un duro pronunciamiento contra la situación que atraviesa el Tribunal de Apelación del Trabajo, Segunda Sala, al advertir que la mora judicial alcanzó un nivel preocupante y afecta gravemente la resolución de los procesos laborales.

A través de un comunicado, el gremio manifestó su preocupación por la acumulación de expedientes y sostuvo que la falta de respuestas por parte de la Corte Suprema de Justicia profundiza una crisis que, según afirma, perjudica a trabajadores, empleadores y profesionales del Derecho.

Los abogados recordaron que en marzo de este año solicitaron una audiencia con los ministros de la Corte para exponer la situación generada tras la vacancia existente en la Sala y plantear como alternativa la designación de un magistrado itinerante con dedicación exclusiva. Sin embargo, señalaron que, pese a haber sido recibidos únicamente por el ministro Gustavo Santander, el resto de la máxima instancia judicial no respondió al pedido.

El gremio también cuestionó la decisión de integrar de manera interina a la magistrada María Lourdes Sanabria, al considerar que la acumulación de funciones no resolvió el problema de fondo y, por el contrario, derivó en un significativo retraso en la emisión de resoluciones.

Según el comunicado, la creciente cantidad de expedientes pendientes compromete principios esenciales del debido proceso, entre ellos la tutela judicial efectiva y el derecho de las partes a obtener una decisión dentro de un plazo razonable.

Asimismo, los abogados criticaron la ausencia de diálogo entre la Corte Suprema y los gremios vinculados al fuero laboral, sosteniendo que la falta de medidas concretas incrementa la incertidumbre y deteriora la confianza en el sistema de administración de justicia.

Ante este escenario, la Asociación de Abogados Laboralistas exigió a la Corte Suprema de Justicia una audiencia inmediata con los representantes del sector, la publicación de un informe que detalle la cantidad y antigüedad de los expedientes pendientes, la implementación de un plan urgente para reducir el atraso procesal y la designación de un magistrado idóneo con dedicación efectiva a la Segunda Sala del Tribunal de Apelación del Trabajo.

Como conclusión de su pronunciamiento, el gremio remarcó que la independencia judicial debe ir acompañada de mecanismos de gestión eficientes y advirtió que «justicia tardía es justicia denegada», en referencia a las consecuencias que la demora genera para quienes esperan una resolución definitiva de sus causas.

Para los magistrados es más fácil aplicar la prisión preventiva, afirman

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El anuncio de una jornada de análisis sobre los nuevos desafíos del sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva generó la reacción del defensor público especializado en materia penal, Carlos Arce, quien cuestionó la distancia entre el debate académico y la realidad que, según afirmó, se vive diariamente en los tribunales.

El profesional comentó la publicación de Judiciales sobre la invitación a participar de la Jornada 2: “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), prevista para el próximo 20 de agosto, donde expertos nacionales e internacionales abordarán, entre otros temas, el uso excesivo de la prisión preventiva.

En ese contexto, Arce sostuvo que la problemática trasciende el plano teórico y advirtió que, en la práctica judicial, la aplicación de esta medida cautelar continúa siendo recurrente.

«El abuso de la prisión preventiva es un asunto que solo importa académicamente, ya que en los estrados judiciales importa poco o nada. Para los magistrados siempre es mucho más fácil aplicarla, mantenerla o confirmarla, aun cuando no sea necesaria o proporcional. Lo veo todos los días», expresó el defensor público.

Las declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el debate acerca del uso de la prisión preventiva en Paraguay, una medida cautelar que, conforme a los estándares constitucionales e internacionales, debe aplicarse de manera excepcional, fundada y proporcional, evitando que se convierta en una pena anticipada.

La jornada organizada por el CEJ reunirá a especialistas locales e internacionales para analizar los principales desafíos del sistema penitenciario, con especial atención al impacto que tiene el uso de la prisión preventiva en el hacinamiento carcelario y en la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal.

Las manifestaciones de Arce aportan la visión de un operador del sistema de justicia que litiga diariamente en defensa de personas procesadas, reavivando la discusión sobre la necesidad de fortalecer los criterios para la imposición de medidas cautelares y garantizar que la prisión preventiva mantenga su carácter estrictamente excepcional.

Fijan preliminar por millonaria estafa a colonos de Río Verde

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El juez penal de Garantías Vicente Coronel fijó para el próximo 21 de agosto de 2026, a las 08:45, la audiencia preliminar en la causa que investiga una presunta estafa de USD 1.600.000 en perjuicio de colonos menonitas de Río Verde. En la diligencia, el magistrado deberá resolver si el proceso es elevado a juicio oral y público.

El Ministerio Público acusa por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos a Willian Bogarín Campuzano, José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes, a quienes atribuye haber ejecutado un esquema fraudulento mediante falsas promesas de adjudicación de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

La acusación fue presentada por el fiscal Juan Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Penal de Santa Rosa del Aguaray, quien sostiene que durante la investigación fueron reunidos elementos probatorios suficientes para demostrar la participación de los tres procesados y sustentar la elevación de la causa a juicio oral.

Promesas de tierras y millonario perjuicio

De acuerdo con el requerimiento conclusivo, entre los años 2020 y 2022 los acusados habrían convencido a los colonos Herman y Bernardo Friesen Neufeld de invertir dinero bajo la promesa de obtener la adjudicación de 4.000 hectáreas de tierras en el Chaco, supuestamente afectadas por inconvenientes legales que ellos se comprometían a solucionar mediante gestiones ante el INDERT.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que tales gestiones nunca existieron y que las explicaciones brindadas a las víctimas solo buscaban mantener viva la expectativa de concretar la operación, mientras continuaban recibiendo importantes sumas de dinero.

Según la acusación, el perjuicio económico ocasionado asciende a USD 1.600.000.

Documentos falsos y recibos respaldan la acusación

El Ministerio Público afirma que José Ljubetic Arrellaga alimentaba de manera permanente una «expectativa ficticia» en las víctimas mediante el envío de supuestos informes sobre el avance de los trámites administrativos y judiciales relacionados con las tierras.

Esos reportes, atribuidos a Ljubetic, Bogarín Campuzano e Ilsa Paredes, fueron incorporados a la investigación a través de actas notariales y, según la Fiscalía, eran completamente falsos y formaban parte del mecanismo utilizado para sostener el engaño.

La acusación también destaca que por cada entrega de dinero, Ljubetic Arrellaga suscribía recibos que actualmente integran el conjunto de pruebas ofrecidas para el juicio. La autenticidad de esos documentos fue corroborada mediante peritajes caligráficos, por lo que el Ministerio Público solicitó su admisión como prueba.

Rol de uno de los acusados

La Fiscalía sostiene además que, al momento de los hechos, Willian Bogarín Campuzano ocupaba un alto cargo en el Congreso Nacional, circunstancia que, presuntamente, fue utilizada para otorgar credibilidad y apariencia de legalidad al esquema denunciado.

Si bien durante las primeras etapas de la investigación surgieron versiones que mencionaban una eventual participación de magistrados en la maniobra, el Ministerio Público aclaró que la investigación no reunió elementos que permitieran formular una acusación sobre ese aspecto.

Con la audiencia preliminar ya fijada, será el juez Vicente Coronel quien analice la acusación, las pruebas ofrecidas y los planteamientos de las partes antes de decidir si el caso reúne los presupuestos legales para ser debatido en un juicio oral y público.

Ordenan la captura de Hugo Javier González para que cumpla su pena

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El juez de Ejecución Penal de la Capital, Carlos Mendoza, ordenó la captura del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y de su exjefe de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra, para el cumplimiento de la condena de 10 años de prisión que pesa sobre ambos por hechos de corrupción pública.

La disposición fue adoptada luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia dictada en su contra, remitiendo el expediente al Juzgado de Ejecución para el inicio de la etapa de cumplimiento de la pena.

Con la resolución judicial, las autoridades deberán proceder a la localización y detención de los condenados para su ingreso al sistema penitenciario, poniendo fin al proceso ordinario tras quedar agotadas las instancias de revisión.

Millonario esquema de desvío de fondos

La condena tiene su origen en una investigación que reveló un esquema de desvío de recursos públicos destinados a la reactivación económica durante la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la acusación, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles conformaron una estructura para justificar desembolsos irregulares mediante la utilización de documentos falsos y rendiciones de cuentas fraudulentas. El mecanismo consistía en respaldar gastos con facturas apócrifas emitidas por contribuyentes de distintas zonas del país e, incluso, por funcionarios autorizados a facturar a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).

Según la investigación, este sistema permitió simular la ejecución de proyectos y justificar transferencias de recursos públicos, obteniendo beneficios económicos de manera ilícita.

La sentencia

Tribunal de Sentencia halló a ambos responsables de los delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autores, imponiéndoles una pena de 10 años de prisión.

Durante la lectura del fallo, la jueza Karina Cáceres cuestionó con dureza la administración de los recursos públicos y sostuvo que el dinero destinado a asistir a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria fue ejecutado sin los respaldos legales correspondientes.

«La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5.105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes», expresó la magistrada al fundamentar la condena.

Con la orden de captura dictada por el Juzgado de Ejecución Penal, el proceso entra en su etapa definitiva, en la que deberá hacerse efectiva la pena privativa de libertad impuesta a los dos exfuncionarios tras quedar firme la sentencia condenatoria.

Fiscalía ratifica acusación contra Miguel Prieto en audiencia preliminar

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Con la ratificación plena de la acusación por parte del Ministerio Público, este lunes se inició la audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros exfuncionarios municipales procesados en la causa conocida como «Tajy», que investiga un presunto esquema de corrupción durante la pandemia del Covid-19.

La diligencia se desarrolla ante el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá resolver si la causa reúne los elementos suficientes para ser remitida a juicio oral y público.

En la primera jornada de audiencia, el fiscal Silvio Corbeta se ratificó íntegramente en los términos de la acusación presentada por el Ministerio Público y solicitó que el proceso sea elevado a juicio oral, argumentando que las pruebas colectadas permitirán demostrar un perjuicio patrimonial de más de G. 306 millones ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este, «encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos punibles», señaló.

Según sostuvo el representante fiscal, el debate oral será el escenario para producir y controvertir las evidencias que, a criterio de la Fiscalía, acreditan la existencia del esquema irregular montado para la adquisición simulada de insumos en junio de 2020, en plena emergencia sanitaria.

Por su parte, la defensa del exjefe comunal planteó la exclusión del hecho punible de administración en provecho propio, al considerar que dicha figura penal no reúne los presupuestos legales para ser atribuida a su defendido. El pedido deberá ser analizado por el magistrado junto con las demás incidencias planteadas durante la audiencia.

Miguel Prieto dijo en descargo, «Si se entregaron la materia prima, si se fabricaron los panes, sí se entregaron los panes. La fiscalía recibió órdenes para sostener esta acusación y estoy convencido que vamos a terminar ganando este juicio».

La acusación

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio superior a los G. 306 millones mediante un supuesto esquema de compras simuladas de insumos que nunca habrían sido entregados a la Municipalidad de Ciudad del Este.

El Ministerio Público sostiene que la adjudicación se realizó a la firma unipersonal Tajy, cuya actividad comercial estaba vinculada a la perforación de pozos artesianos y que, según la investigación, no disponía de los productos que supuestamente fueron adquiridos por la administración municipal.

En ese contexto, la Fiscalía afirma que las mercaderías nunca fueron entregadas y sostiene que la contratación formó parte de un mecanismo diseñado para desviar fondos públicos durante la emergencia sanitaria.

En la acusación, el Ministerio Público atribuye a Miguel Prieto un rol protagónico en el supuesto esquema, al sostener que «desde la Intendencia municipal encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos de corrupción».

La audiencia preliminar continuará con el análisis de los planteamientos de las defensas, tras lo cual el juez Humberto Otazú deberá resolver si hace lugar al requerimiento fiscal de elevar la causa a juicio oral y público o si adopta otra decisión procesal respecto a los acusados.

Expertos locales e internacionales abordarán el abuso de la prisión preventiva

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El creciente hacinamiento en las cárceles, la expansión del crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva como medida cautelar serán algunos de los ejes centrales de la Jornada 2: “Nuevos Desafíos del Sistema Penitenciario”, organizada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que se desarrollará el próximo 20 de agosto, a las 18:00, en el Hotel Granados Park, ubicado sobre Estrella Nº 480 casi 15 de Agosto, en Asunción.

La actividad reunirá a autoridades judiciales, especialistas nacionales e internacionales, representantes de instituciones públicas, investigadores, integrantes de la sociedad civil y académicos para analizar una problemática que trasciende el ámbito penitenciario y repercute directamente en la seguridad ciudadana, la vigencia de los derechos humanos y la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de los centros de reclusión.

La jornada busca instalar un debate profundo sobre la crisis que atraviesa el sistema penitenciario paraguayo, donde a los problemas estructurales de larga data se suman fenómenos cada vez más complejos, como la consolidación de redes criminales que operan desde las cárceles, la corrupción penitenciaria y la utilización de los establecimientos de encierro como espacios para la coordinación y continuidad de actividades ilícitas.

Uno de los aspectos centrales del encuentro será el análisis del uso de la prisión preventiva en Paraguay y las consecuencias que genera tanto para las personas privadas de libertad como para el propio Estado. Desde la organización sostienen que esta medida cautelar debe ser comprendida no solo desde una perspectiva procesal, sino también como un factor determinante en la composición de la población penitenciaria y en la creciente sobrecarga que enfrentan los establecimientos carcelarios.

El abuso de la prisión preventiva, advierten los organizadores, incrementa el hacinamiento, dificulta la adecuada clasificación de las personas privadas de libertad, limita las posibilidades de gestión penitenciaria y termina debilitando la capacidad institucional para garantizar condiciones dignas de reclusión y ejercer un control efectivo sobre los centros penitenciarios.

En ese contexto, la jornada propone reflexionar sobre la necesidad de construir políticas públicas que permitan enfrentar esta realidad mediante respuestas integrales, que combinen seguridad, fortalecimiento institucional, transparencia, supervisión efectiva, reducción del hacinamiento y pleno respeto a la dignidad humana, alejándose de enfoques basados exclusivamente en el endurecimiento de las respuestas penales.

El programa contempla dos paneles de alto nivel. El primero estará enfocado en el uso racional de la prisión preventiva y contará con la participación de la doctora Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, quien expondrá sobre la construcción de una política judicial orientada al uso racional de esta medida cautelar.

También participará el reconocido jurista argentino Alberto Binder, doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, quien abordará las bases para una nueva agenda sobre el litigio de la prisión preventiva desde la perspectiva de la justicia penal adversarial frente al crimen organizado. La moderación estará a cargo de María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales.

El segundo panel estará dedicado a analizar las cárceles como plataformas delictivas. En este espacio, el criminólogo Juan Martens presentará un análisis sobre la situación actual y la gobernanza criminal dentro de los establecimientos penitenciarios paraguayos, mientras que el sociólogo brasileño Rafael Godoi compartirá la experiencia de Brasil respecto al encarcelamiento masivo y la consolidación de organizaciones criminales surgidas desde las prisiones. La moderación será responsabilidad de la abogada e investigadora Magda Azcona.

La iniciativa es impulsada por el Centro de Estudios Judiciales, con el financiamiento de la Unión Europea y busca promover un intercambio de experiencias y conocimientos que permita identificar las principales debilidades del sistema penitenciario y generar propuestas concretas para fortalecer las políticas públicas en la materia.

La actividad se presenta como una oportunidad para abrir un diálogo amplio sobre uno de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente el país: recuperar el control legítimo de los establecimientos penitenciarios, reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva y avanzar hacia un sistema de justicia que combine eficacia, seguridad y respeto por los derechos fundamentales.

Operación YIDA: serían 2.000 las víctimas de ciberestafa

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Fiscalía y Policía actúan en Misiones contra una red con más de 2.000 víctimas y G. 605 millones en perjuicio. Fondos convertidos en criptomonedas en el exterior.

La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutan este lunes allanamientos simultáneos en el departamento de Misiones en el marco de la Operación «YIDA Transfronterizo», dirigida a desarticular una presunta organización criminal dedicada a ciberestafas, lavado de activos y asociación criminal. Según información preliminar difundida por el Ministerio Público, se identificaron más de 2.000 víctimas con un perjuicio confirmado de G. 605 millones, aunque las operaciones detectadas superan los USD 3 millones en criptoactivos.

La organización captaba víctimas mediante falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería. El mecanismo era sistemático: los afectados eran convencidos de realizar transferencias de dinero con la promesa de obtener ganancias elevadas a cambio de supuestas tareas digitales. Una vez realizados los depósitos, los fondos eran convertidos en criptomonedas (específicamente USDT, una moneda estable vinculada al dólar) y enviados a billeteras digitales controladas desde el exterior.

La conversión a criptomonedas cumple una función concreta en este tipo de esquemas: dificulta el rastreo de los fondos y permite moverlos entre jurisdicciones sin pasar por el sistema bancario tradicional. La red tenía ramificaciones internacionales, según la investigación del Ministerio Público.

Como parte del operativo, el Ministerio Público obtuvo 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento contra presuntos operadores locales en Misiones. Las autoridades no descartaron nuevas diligencias ni detenciones adicionales en el transcurso de la jornada.

La investigación lleva el nombre de Operación YIDA Transfronterizo, lo que sugiere coordinación con autoridades de otros países, aunque el Ministerio Público no precisó en la información inicial con qué jurisdicciones trabaja.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a desconfiar de ofertas laborales o de inversión que prometan ganancias elevadas a cambio de depósitos o transferencias de dinero. Este esquema (conocido internacionalmente como pig butchering) combina la promesa de trabajo remoto con una plataforma falsa de inversión que muestra ganancias ficticias para convencer a la víctima de depositar más dinero antes de desaparecer.

Las señales de alerta más comunes: contacto no solicitado por redes sociales o mensajería, promesa de ingresos fijos por tareas simples como calificar productos o dar «me gusta», y solicitud de depósitos previos para «activar» la cuenta o acceder a retiros.

Despierta Paraguay: Chena y Yesika Bracho citados para conciliar

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La Justicia convocó a una audiencia de conciliación entre el empresario de medios Christian Chena y la ciudadana venezolana Yesika Bracho, vinculada a la página web «Despierta Paraguay», en el marco de la querella por presunta calumnia impulsada por el empresario.

La diligencia fue fijada para el jueves 6 de agosto, a las 09:00, y constituye un paso procesal previo a la eventual elevación de la causa a juicio oral y público, luego de que la querella presentara formalmente su acusación.

El proceso es impulsado por la abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal de Chena, quien solicitó que el expediente avance a la siguiente etapa procesal al considerar reunidos los elementos suficientes para sustentar la acusación por calumnia.

La querella sostiene que la investigación no debe limitarse a la identificación de una sola persona, sino que debe permitir determinar quiénes habrían creado, administrado y operado la estructura detrás de la página «Despierta Paraguay», señalada por la difusión de publicaciones que, según la denuncia, afectaron el honor y la reputación del empresario.

En ese contexto, la vinculación de Yesika Bracho con la investigación adquiere especial relevancia para la parte querellante, que considera que su participación podría aportar información clave para identificar a los responsables de la plataforma digital.

La causa se originó a partir de una querella innominada promovida por Christian Chena con el propósito de individualizar a las personas que administraban las cuentas asociadas a «Despierta Paraguay», a las que atribuye la publicación de contenidos presuntamente calumniosos.

La audiencia de conciliación representa una etapa obligatoria dentro del procedimiento penal antes de que el juzgado resuelva si corresponde remitir el expediente al Tribunal de Sentencia Unipersonal para la realización del juicio oral y público, instancia en la que se debatirá la responsabilidad penal de los acusados en caso de no prosperar un acuerdo entre las partes.

Disponible en línea obra sobre delitos económicos

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La comunidad jurídica ya cuenta desde ahora con acceso en línea a la obra «Doctrina y Perspectivas en Delitos Económicos. Nuevas Dimensiones en la Justicia Penal. Volumen I», del magistrado Ubaldo Matías Garcete Piris, una publicación que reúne un amplio análisis sobre los desafíos actuales del derecho penal económico.

Si bien el lanzamiento de este trabajo académico ya había sido presentado anteriormente, la principal novedad es que el contenido se encuentra disponible en formato digital, facilitando su consulta por parte de jueces, fiscales, defensores, abogados, docentes, estudiantes e investigadores.

La publicación fue destacada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia y enlace del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Eugenio Jiménez Rolón, durante una sesión plenaria del máximo tribunal, en la que resaltó la importancia de promover la producción y difusión del conocimiento jurídico como parte del fortalecimiento institucional del sistema de justicia.

El volumen, elaborado por el juez especializado en delitos económicos, aborda más de cincuenta temas relacionados con los delitos económicos, ofreciendo un análisis doctrinario sobre figuras penales de creciente relevancia en la práctica judicial.

Entre los contenidos desarrollados se encuentran estudios sobre el delito de estafa, la usura, los denominados delitos de «cuello azul» y otras conductas vinculadas al derecho penal económico, aspectos que también fueron resaltados por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, durante la presentación de la obra.

La disponibilidad digital del material representa una herramienta de consulta para los operadores de justicia y la academia, contribuyendo al debate jurídico y a la actualización permanente en una de las áreas de mayor evolución dentro del derecho penal.

Las personas interesadas en acceder a la publicación o recibir más información pueden comunicarse con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia a través de los internos 2210, 2610, 2711, 2790 y 2541.

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