El juez de Ejecución Penal de la Capital, Carlos Mendoza, ordenó la captura del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y de su exjefe de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra, para el cumplimiento de la condena de 10 años de prisión que pesa sobre ambos por hechos de corrupción pública.
La disposición fue adoptada luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia dictada en su contra, remitiendo el expediente al Juzgado de Ejecución para el inicio de la etapa de cumplimiento de la pena.
Con la resolución judicial, las autoridades deberán proceder a la localización y detención de los condenados para su ingreso al sistema penitenciario, poniendo fin al proceso ordinario tras quedar agotadas las instancias de revisión.
Millonario esquema de desvío de fondos
La condena tiene su origen en una investigación que reveló un esquema de desvío de recursos públicos destinados a la reactivación económica durante la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con la acusación, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles conformaron una estructura para justificar desembolsos irregulares mediante la utilización de documentos falsos y rendiciones de cuentas fraudulentas. El mecanismo consistía en respaldar gastos con facturas apócrifas emitidas por contribuyentes de distintas zonas del país e, incluso, por funcionarios autorizados a facturar a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Según la investigación, este sistema permitió simular la ejecución de proyectos y justificar transferencias de recursos públicos, obteniendo beneficios económicos de manera ilícita.
La sentencia
Tribunal de Sentencia halló a ambos responsables de los delitos de lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, en calidad de autores, imponiéndoles una pena de 10 años de prisión.
Durante la lectura del fallo, la jueza Karina Cáceres cuestionó con dureza la administración de los recursos públicos y sostuvo que el dinero destinado a asistir a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria fue ejecutado sin los respaldos legales correspondientes.
«La plata del pueblo paraguayo fue utilizada de forma irregular: desembolsaron G. 5.105 millones sin respaldo documental, y ni siquiera se presentó el convenio para explicar las 14 obras existentes», expresó la magistrada al fundamentar la condena.
Con la orden de captura dictada por el Juzgado de Ejecución Penal, el proceso entra en su etapa definitiva, en la que deberá hacerse efectiva la pena privativa de libertad impuesta a los dos exfuncionarios tras quedar firme la sentencia condenatoria.
