Con la ratificación plena de la acusación por parte del Ministerio Público, este lunes se inició la audiencia preliminar para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros exfuncionarios municipales procesados en la causa conocida como «Tajy», que investiga un presunto esquema de corrupción durante la pandemia del Covid-19.
La diligencia se desarrolla ante el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien deberá resolver si la causa reúne los elementos suficientes para ser remitida a juicio oral y público.
En la primera jornada de audiencia, el fiscal Silvio Corbeta se ratificó íntegramente en los términos de la acusación presentada por el Ministerio Público y solicitó que el proceso sea elevado a juicio oral, argumentando que las pruebas colectadas permitirán demostrar un perjuicio patrimonial de más de G. 306 millones ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este, «encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos punibles», señaló.
Según sostuvo el representante fiscal, el debate oral será el escenario para producir y controvertir las evidencias que, a criterio de la Fiscalía, acreditan la existencia del esquema irregular montado para la adquisición simulada de insumos en junio de 2020, en plena emergencia sanitaria.
Por su parte, la defensa del exjefe comunal planteó la exclusión del hecho punible de administración en provecho propio, al considerar que dicha figura penal no reúne los presupuestos legales para ser atribuida a su defendido. El pedido deberá ser analizado por el magistrado junto con las demás incidencias planteadas durante la audiencia.
Miguel Prieto dijo en descargo, «Si se entregaron la materia prima, si se fabricaron los panes, sí se entregaron los panes. La fiscalía recibió órdenes para sostener esta acusación y estoy convencido que vamos a terminar ganando este juicio».
La acusación
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio superior a los G. 306 millones mediante un supuesto esquema de compras simuladas de insumos que nunca habrían sido entregados a la Municipalidad de Ciudad del Este.
El Ministerio Público sostiene que la adjudicación se realizó a la firma unipersonal Tajy, cuya actividad comercial estaba vinculada a la perforación de pozos artesianos y que, según la investigación, no disponía de los productos que supuestamente fueron adquiridos por la administración municipal.
En ese contexto, la Fiscalía afirma que las mercaderías nunca fueron entregadas y sostiene que la contratación formó parte de un mecanismo diseñado para desviar fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
En la acusación, el Ministerio Público atribuye a Miguel Prieto un rol protagónico en el supuesto esquema, al sostener que «desde la Intendencia municipal encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión de hechos de corrupción».
La audiencia preliminar continuará con el análisis de los planteamientos de las defensas, tras lo cual el juez Humberto Otazú deberá resolver si hace lugar al requerimiento fiscal de elevar la causa a juicio oral y público o si adopta otra decisión procesal respecto a los acusados.
