La detención e imputación del ciudadano argentino Ariel Fernando Morán, de 56 años, por el presunto rapto de una adolescente de 17 años en la Costanera de Asunción, motivó la aparición de nuevas denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas de un mismo mecanismo de captación y amenazas.

En una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM, el jefe del Departamento Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, Humberto Aquino, informó que, desde la aprehensión del sospechoso, ya fueron recogidos cuatro testimonios que describen una conducta reiterativa utilizada por el hombre para acercarse a sus víctimas.

Según explicó el comisario, las mujeres comenzaron a relatar sus experiencias una vez que Morán fue detenido, al sentirse en condiciones de denunciar sin temor. Agregó que todos los testimonios coinciden en un mismo modo de actuar.

Aquino señaló que el ciudadano argentino utilizaba redes sociales y plataformas de citas para contactar a mujeres. Tras generar confianza, las invitaba a encontrarse personalmente, donde inicialmente mantenía una actitud cordial y amable.

De acuerdo con la investigación policial, posteriormente ofrecía dinero, bebidas alcohólicas y drogas, además de proponer actividades remuneradas, como desempeñarse como acompañantes. Cuando las mujeres rechazaban esas propuestas, el comportamiento cambiaba drásticamente.

El jefe policial indicó que, según los relatos de las denunciantes, el sospechoso recurría a amenazas, despojaba a las víctimas de sus teléfonos celulares y las intimidaba con represalias contra ellas y sus familiares si no accedían a sus exigencias. Incluso, una de las denunciantes afirmó que el hombre llegó a exhibir un arma de fuego para amedrentarla.

Las autoridades sostienen que este patrón de captación, intimidación y violencia se repite en todos los casos denunciados hasta el momento, por lo que no descartan la aparición de nuevas víctimas a medida que avance la investigación.

Aquino también reveló que Morán registra dos denuncias en Argentina y que anteriormente estuvo privado de libertad durante aproximadamente un año en ese país.

El ciudadano argentino permanece detenido e imputado en Paraguay por el supuesto rapto de una adolescente de 17 años, hecho que dio origen a la investigación y permitió que otras mujeres decidieran denunciar situaciones similares atribuidas al mismo hombre.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró prescripta la acción penal por el hecho punible de lavado de dinero en la causa abierta al exconcejal colorado Óscar Rubén González Chaves, pero mantuvo firme su responsabilidad por enriquecimiento ilícito al disponer que un nuevo Tribunal de Sentencia realice un juicio oral y público únicamente para determinar la pena que deberá cumplir.

La resolución, contenida en el Acuerdo y Sentencia N° 187, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de casación planteado por la defensa del condenado. Como consecuencia, el máximo tribunal dejó sin efecto tanto el Acuerdo y Sentencia N° 73 del Tribunal de Apelación Penal como la Sentencia Definitiva N° 315 que había impuesto una pena de cinco años y seis meses de prisión.

No obstante, la Corte no absolvió a González Chaves. Por el contrario, dispuso el reenvío del expediente a un nuevo Tribunal de Sentencia para que, en un nuevo juicio oral, se lleve adelante exclusivamente la individualización de la sanción correspondiente por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, luego de concluir que el delito de lavado de dinero ya no puede ser perseguido penalmente al haber operado la prescripción.

Mientras se sustancia el nuevo proceso, la Sala Penal ordenó además que la instancia encargada de continuar con la causa disponga el arresto domiciliario del exconcejal como medida de control para asegurar el conocimiento permanente de su paradero.

La condena queda sin efecto

Con esta decisión, pierde vigencia la condena de cinco años y seis meses de cárcel que González Chaves resuelta en agosto de 2024 y que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Apelación.

En aquel fallo, un Tribunal de Sentencia concluyó, por mayoría, que el encausado incrementó de manera injustificada su patrimonio durante el ejercicio del cargo de concejal municipal de Luque y que ocultó bienes y cuentas bancarias en sus declaraciones juradas, conducta que configuró el delito de declaración jurada falsa, absorbido jurídicamente por el enriquecimiento ilícito.

El presidente del Tribunal de Sentencia, Matías Garcete, sostuvo durante la lectura del fallo que la valoración de las pruebas respetó la base fáctica de la acusación, descartando que se hubiera generado indefensión, como alegó la defensa.

Asimismo, el colegiado determinó que el lavado de dinero tuvo como hecho precedente el enriquecimiento ilícito y que las operaciones se realizaron mediante la firma Príncipe di Savoia, constituida en 2009, empresa que según el tribunal carecía de capacidad económica suficiente para justificar las operaciones investigadas.

Solo resta definir la pena

La decisión de la Corte implica que el nuevo Tribunal de Sentencia ya no deberá volver a analizar la totalidad del caso, sino concentrarse en la fijación de la pena correspondiente al enriquecimiento ilícito, luego de que el máximo tribunal declarara extinguida la acción penal por lavado de dinero.

En el juicio cuya sentencia quedó anulada, los magistrados habían considerado como atenuantes la edad del acusado y su comportamiento durante el proceso, razones por las cuales fijaron una condena inferior a la dictada en el primer juicio, que había sido de ocho años de prisión.

Con el reenvío ordenado por la Sala Penal, será un nuevo Tribunal de Sentencia el encargado de realizar la audiencia oral y pública para establecer la sanción definitiva que deberá cumplir González Chaves por el delito que permanece vigente en la causa.

La viuda del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, Joana Izabel Rodrigues, solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías de Amambay a través de su aboga Noelia Núñez, la reapertura de la investigación sobre la muerte del legislador, con el objetivo de que se realice una evaluación médico-forense más amplia que permita determinar con mayor precisión las circunstancias del deceso.

El pedido fue presentado por la abogada Noelia Núñez, la nueva representante legal de la familia, quien plantea la conformación de una Junta Médica Pericial especializada para analizar el dictamen de autopsia elaborado por el médico forense Pablo Lemir.

En el escrito, la profesional sostiene que, tras acceder íntegramente a las actuaciones judiciales y fiscales, detectó «indeterminaciones biomecánicas y tanatológicas» en el informe forense, por lo que considera que un análisis colegiado resulta indispensable para despejar cualquier duda sobre la causa de muerte del parlamentario.

La presentación argumenta que la nueva pericia constituye una herramienta científica necesaria para garantizar el esclarecimiento de los hechos y fundamenta el pedido en el derecho de la víctima y sus familiares a una tutela judicial efectiva, así como en el principio de objetividad que debe regir la investigación penal.

Además de solicitar la reapertura de la causa, la abogada ofreció los puntos específicos que deberán ser abordados por la eventual Junta Médica Pericial y pidió que las partes puedan designar peritos de control para participar del procedimiento.

La causa ya había sido cerrada por la justicia, pero, hoy la familia busca someter a un contradictorio el dictamen pericial del Ministerio Público.

La solicitud quedó a consideración del juez de la causa, quien deberá resolver si hace lugar al planteamiento y dispone la reapertura de la investigación para la producción de las nuevas diligencias periciales requeridas por la representación de la familia.

La causa por el fallecimiento del diputado Lalo se había cerrado con la desestimación de la denuncia contra efectivos policiales.