El juez penal de Garantías Vicente Coronel fijó para el próximo 21 de agosto de 2026, a las 08:45, la audiencia preliminar en la causa que investiga una presunta estafa de USD 1.600.000 en perjuicio de colonos menonitas de Río Verde. En la diligencia, el magistrado deberá resolver si el proceso es elevado a juicio oral y público.
El Ministerio Público acusa por los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos a Willian Bogarín Campuzano, José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes, a quienes atribuye haber ejecutado un esquema fraudulento mediante falsas promesas de adjudicación de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La acusación fue presentada por el fiscal Juan Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Penal de Santa Rosa del Aguaray, quien sostiene que durante la investigación fueron reunidos elementos probatorios suficientes para demostrar la participación de los tres procesados y sustentar la elevación de la causa a juicio oral.
Promesas de tierras y millonario perjuicio
De acuerdo con el requerimiento conclusivo, entre los años 2020 y 2022 los acusados habrían convencido a los colonos Herman y Bernardo Friesen Neufeld de invertir dinero bajo la promesa de obtener la adjudicación de 4.000 hectáreas de tierras en el Chaco, supuestamente afectadas por inconvenientes legales que ellos se comprometían a solucionar mediante gestiones ante el INDERT.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que tales gestiones nunca existieron y que las explicaciones brindadas a las víctimas solo buscaban mantener viva la expectativa de concretar la operación, mientras continuaban recibiendo importantes sumas de dinero.
Según la acusación, el perjuicio económico ocasionado asciende a USD 1.600.000.
Documentos falsos y recibos respaldan la acusación
El Ministerio Público afirma que José Ljubetic Arrellaga alimentaba de manera permanente una «expectativa ficticia» en las víctimas mediante el envío de supuestos informes sobre el avance de los trámites administrativos y judiciales relacionados con las tierras.
Esos reportes, atribuidos a Ljubetic, Bogarín Campuzano e Ilsa Paredes, fueron incorporados a la investigación a través de actas notariales y, según la Fiscalía, eran completamente falsos y formaban parte del mecanismo utilizado para sostener el engaño.
La acusación también destaca que por cada entrega de dinero, Ljubetic Arrellaga suscribía recibos que actualmente integran el conjunto de pruebas ofrecidas para el juicio. La autenticidad de esos documentos fue corroborada mediante peritajes caligráficos, por lo que el Ministerio Público solicitó su admisión como prueba.
Rol de uno de los acusados
La Fiscalía sostiene además que, al momento de los hechos, Willian Bogarín Campuzano ocupaba un alto cargo en el Congreso Nacional, circunstancia que, presuntamente, fue utilizada para otorgar credibilidad y apariencia de legalidad al esquema denunciado.
Si bien durante las primeras etapas de la investigación surgieron versiones que mencionaban una eventual participación de magistrados en la maniobra, el Ministerio Público aclaró que la investigación no reunió elementos que permitieran formular una acusación sobre ese aspecto.
Con la audiencia preliminar ya fijada, será el juez Vicente Coronel quien analice la acusación, las pruebas ofrecidas y los planteamientos de las partes antes de decidir si el caso reúne los presupuestos legales para ser debatido en un juicio oral y público.
