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Condenado a 28 años de cárcel por feminicidio

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La justicia aplicó una condena ejemplar de 28 años de prisión a Lucas Matías Prieto Cardozo de 23 años por feminicidio. El joven, asesinó de varias puñaladas a su psicóloga en el 2021 en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La agente fiscal de la causa Reinalda Palacios buscó la pena máxima de 30 años de cárcel por la brutalidad del crimen, pero el tribunal que juzgó la conducta del feminicida entendió que la pena justa que debía soportar es la de 28 años de encierro.

Los antecedentes revelan que, el día en que ocurrió el hecho en el local de un motel, el ahora condenado salió ese mismo día tras perpetrar el crimen, no sin antes decir al encargado que la víctima, de 64 años, psicóloga, se encontraba en una pieza y que iba a abonar el resto de lo que correspondía al hospedaje, al día siguiente.

El encargado halló a la mujer en un charco de sangre sin signos vitales. Según el informe del médico forense, el cuerpo de la mujer presentaba 28 heridas por arma blanca y una rigidez cadavérica de aproximadamente 12 horas. Posteriormente, en horas de la noche, Lucas Matías Prieto González fue detenido en la ciudad de Ñemby, departamento Central.

El Tribunal de Sentencia que dictó la pena estuvo conformado por los jueces, Librada Beatriz Peralta Céspedes, Mario Peralta y Marcelina Quintana de Acosta. La agente fiscal Palacios Jara había solicitado a los magistrados 30 años de prisión para el acusado.

Juez espera que su integridad, experiencia y honestidad sirvan para seguir sirviendo a la justicia

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El magistrado Gustavo Amarilla Arnica, quien inició su carrera en la administración de justicia hace 28 años, se postula para integrar el Tribunal de Apelación en Crimen Organizado y Delitos Económicos, un cargo creado recientemente.

En comunicación con Judiciales Net, el magistrado confirmó que se prepara para ser uno de los candidatos a ocupar el primer tribunal especializado del país y cree tener los méritos académicos y la idoneidad necesaria para ocupar dicho cargo y ejercer sus nuevas funciones con eficiencia y honestidad como lo viene haciendo a lo largo de su carrera en la justicia.

«Siempre tuve casos complicados, tengo experiencia, me considero idóneo, creo que el fuero exige integridad e idoneidad. Ojalá pueda salir, llevo 21 años como juez de Primera Instancia», acotó Gustavo Amarilla.

Explicó que el manejo de la criminalidad compleja es todo un desafío; implica una capacitación constante para estar a la altura de este tipo de procesos donde se lidia con personas ligadas a estructuras delictivas enormes y se persigue no solo la punibilidad sino también cortar la fuente económica de estas asociaciones criminales.

De los 28 años de Gustavo Amarilla en el sistema de justicia, hace 21 años que se desempeña como juez de primera instancia en sentencia; luego en Garantías penales, iniciándose como juez antidrogas con competencia a nivel territorial; luego en delitos económicos y anticorrupción, y desde hace unos años es uno de los magistrados que integra el fuero penal especializado como juez especializado en crimen organizado.

Amarilla Arnica alista su currículum para postularse al cargo y considera que su vida laboral, basada en el compromiso con la justicia, su honestidad e integridad, son sus principales herramientas para llegar al cargo creado para el fuero especializado y así seguir sirviendo desde ese lugar al sistema de justicia.

Jueza laboral deja un nefasto precedente para trabajadoras, denuncian

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El abogado Juan José Bernis, denunció a nuestro medio que la jueza en lo laboral Greta Bittar sentó un nefasto precedente en nuestro país al rechazar en dos oportunidades el pedido de reintegro al trabajo y la nulidad de despido respecto a una madre en periodo de lactancia que fue desvinculada de la Entidad Binacional Yasyreta.

“Se trata de un precedente nefasto e insólito en nuestro sistema judicial, con el que se evidencia un retroceso inmenso como país, al momento de garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y lactantes”, señaló el abogado. 

Según el abogado la magistrada no tuvo en cuenta el Código del Trabajo, artículo 136° y la Ley 5.508 de maternidad y apoyo a la lactancia materna, artículo 15.

Asimismo, lamentó la postura de la magistrada y los argumentos esgrimidos para no hacer lugar a la reincorporación de la trabajadora lactante, dijo que su único fin es dilatar el proceso y lavarse las manos, en un caso que debía resolverse de forma inmediata, atendiendo la gravedad del asunto, tal como ocurrió con las embarazadas y lactantes de Itaipú Binacional que fueron reintegradas rápidamente, tras ser despedidas ilegalmente con el grupo de 187 personas.

Denunció al mismo tiempo, que se registran otros atropellos graves a los derechos laborales de trabajadores paraguayos, que no son atendidos por los jueces en tiempo y forma.

Agregó que, “Ya es hora de que tengamos jueces que se sepan plantar y que le digan no a los políticos de turno; todos los abogados que nos animamos a denunciar estos hechos, vamos a ser perseguidos por la Superintendencia de la Corte, nos van a querer sacar la matrícula, nos van a querer hacer callar porque estamos denunciando lo que nadie se anima a denunciar, el manoseo del Poder Judicial,” expresó finalmente.

Rosarito Montanía es la primera jueza que evita enviar a Tacumbú a nuevos reclusos

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La jueza del fuero penal especializado Rosarito Montanía evitó enviar a Tacumbú a un grupo de personas imputadas por presumiblemente dedicarse al tráfico de droga y que operaba desde la Chacarita.

Tal como lo adelantó la jueza a nuestro medio pese a la reapertura del penal Tacumbú ella no enviará allí a ningún nuevo procesado porque la cárcel está manejada por el Clan Rotela.

La magistrada ordenó que todos los integrantes de la estructura liderada por Antoliano Galeano alias “Pelé”, guarden prisión preventiva en distintos penales de nuestro país.

Se ordenó que dos de los procesados guarden prisión en Padre de la Vega, a otros dos en Emboscada Antigua y otros al penal de Coronel Oviedo y las mujeres fueron enviadas dos de ellas a Coronel Oviedo y una por cuestiones de salud queda recluida en el Buen Pastor.

“Me parece un despropósito la reapertura de Tacumbú que está colapsado. Tacumbú hoy está tomado por el Clan Rotela”, sentenció la jueza Montanía.

La magistrada incluso instó a sus colegas a que saquen de Tacumbú a sus procesados y los envíen a otras penitenciarías que si tienen capacidad de seguir albergando a recluidos ya que consideraba el momento oportuno para hacerlo.

Remansito: El Estado logra millonario embargo sobre bienes de ocupantes vip

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Tras la demanda de la Procuraduría General de la República contra los ocupantes vip de Jardines de Remasito, la jueza en lo Civil y Comercial Claudia Domínguez decretó la prohibición de innovar sobre la finca 916 y a la vez dispuso un embargo millonario sobre los bienes de los demandados.

La justicia busca con estas medidas precautelar uno que las propiedades no sean vendidas y asegurar a la vez el monto de la demolición de las construcciones para devolver al propietario real las tierras en estado natural.

La medida fue adoptada a pedido del abogado del Estado que busca recuperar las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa y fueron ocupadas por personas que en su mayoría pagaron sumas irrisorias para asentarse en el lugar con lujosas residencias.

La demanda fue presentada contra 22 ocupantes, encabeza la lista de embargados, Miguel Antonio Reynal y se ordena el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de G 280.000.000.

También Horacio, Emilio, Mauricio, Claudia, Diego y Fernando Melgarejo Lezcano se ordena el embargo hasta cubrir la suma de 85.000.000 de guaraníes.

Sigue la lista con, Jorge Raul García y María del Socorro García hasta cubrir la suma de G 300.000.000.

Igualmente, Gumercindo Leguizamón Ortiz y Purificación Gómez de Ortiz hasta cubrir el embargo por G 53.000.000. Sigue la lista de demandados con, Ronney Daniel González Fernández hasta cubrir la suma de G 120.000.000.

Mientras que Giovanni Martín Amaini Ficher se le embarga sus bienes por G 250.000.000 y a Walter Escobar García por G 53.000.000. A Damián Vázquez se le embarga sus bienes por G 72.000.000.

A Sara Luisa Alviso de Simón y Hugo Simón se los embarga por G 212.000.000. Así también se le embarga sus bienes a los ocupantes Alfredo José Vinader y Víctor José Vinader por la suma de G 183.500.000.

Sigue la lista de demandados con Daniel Iván Gómez Rambado a quien se lo embarga hasta cubrir la suma de G 72.000.000. A la ocupante Rossana María Ramírez hasta cubrir la suma de G 94.000.000 y al ocupante Daniel Llano Benítez hasta cubrir la suma de G 27.000.000.

Cinco de ocupantes ya entregaron sus llaves para evitar exponerse a un litigio con el Estado reconociendo la forma dudosa en la que adquirieron las tierras de la armada.

Con éxito cierra IX Congreso Nacional de la Defensa Pública

Se desarrolló el IX Congreso de la Defensa Público con el lema, “La Defensa Pública y la Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”, DESCA, se desarrolló varias ponencias de destacados juristas y exponentes de nuestra sociedad sobre las distintas ramas de los Derechos Humanos.

La defensora general Lorena Segovia remarcó el compromiso de la Defensa Pública a un modelo de justicia humanizada abierto a todos los sectores de la sociedad y en especial a los más vulnerables. Acotó que cierran la actividad muy motivados no solo por la inmensa cantidad de participantes, sino porque el Congreso fue un gran paso para aprender de las disertaciones que inspiran para seguir adelante.

La ministra Carolina Llanes fue una de las exponentes en este último día del Congreso, mencionó que los derechos se relacionan con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas que comprenden distintos derechos humanos, entre ellos el nivel de vida adecuado y el derecho de salud. Agregó que es obligación del Estado adoptar medidas de manera de manera a lograr progresivamente la aplicación de los derechos a través de acciones y estrategias legislativas, así como los mecanismos judiciales que permitan su concreción hasta alcanzar la plena efectividad.

Igualmente, el defensor adjunto Édgar Ríos habló de la importante labor que desempeña el Ministerio de la Defensa Pública para el acceso a la tutela judicial y que ésta sea efectiva, dijo que la Defensa Pública no es solo la puerta de acceso a la justicia para aquellas personas que no tienen como pagar un abogado, si no que existen algunas ramas donde esta institución actúa de oficio.

Por su parte el defensor adjunto en lo penal César Cañete, señaló que los derechos humanos tienen el mismo rango, son independientes y constituyen un sistema de derechos interconectado y están correlacionados.

Otro de los exponentes en este Congreso fue el doctor Rafael Obregón, recordó que cada convención es propicia para reflexionar sobre la importancia de redoblar esfuerzos en favor de la Niñez para que no solo tenga sueños y esperanzas, sino lograr que los países trabajen la construcción de sociedades más equitativas e inclusivas. Dijo que es muy importante la aprobación del proyecto de ley contra toda forma de discriminación.

Fueron dos días de intenso debate con exponentes destacados quienes en la oportunidad reafirmaron la importancia del respeto a los derechos humanos y la obligación del Estado de hacerlo efectivo para todos los ciudadanos.

La actividad se desarrolló en el Banco Central del Paraguay y toda la familia de la Defensa Pública participaron de la actividad, así como ministros de Corte, magistrados, embajador y otros importantes referentes.

Exdirector de TV Pública fue condenado por narcotráfico

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Cristian Turrini exdirector de TV Pública, fue sentenciado este jueves a cumplir 20 años de cárcel por su activa participación en el envío de más de 2.900 kilos de cocaína al extranjero en bolsas de carbón.

Turrini, fue condenado por tráfico internacional de droga y asociación criminal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de droga.

Quedó demostrada su participación en el caso de la carga de 2.900 kilos de cocaína incautada en un Puerto de Villeta en octubre de 2020 en bolsas de carbón vegetal con destino a Europa.

Para el tribunal de sentencia integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk, se probó que Turrrini tuvo una activa participación en el esquema de tráfico de droga y que la pena justa que debía soportar era la de 20 años de prisión. La agente fiscal de causa solicitó 15 años de cárcel para el hoy condenado.

«Era un colaborador principal de la asociación», señaló el magistrado Alfieri. «Para este tribunal no existen dudas de la participación de Turrini. Trabajaba en forma coordinada para contaminar la carga en carbón vegetal», agregó la jueza Dina Marchuck en un fallo unánime.

Si bien la Fiscalía representada por la agente Elva Cáceres pidió la pena de 15 años, el tribunal consideró sumar cinco años más al procesado por la gravedad del hecho.

Por su parte Turrini al escuchar su sentencia calificó de mentirosa a la fiscal Cáceres y al tribunal de sentencia les dijo que no respetan la constitución ya que se plantó evidencia en su contra.

El abogado de Turrini Eduardo Cazenave adelantó que apelará la sentencia. Cuestionó que el tribunal haya otorgado más años de cárcel de la que pidió el Ministerio Público.

Fuero especializado cuenta con alta aprobación ciudadana

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La Encuesta Nacional de Victimización reveló una valoración positiva muy alta respecto al trabajo que realizan los jueces y tribunales de la jurisdicción especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado, que llega al 43%.

Es la primera vez que se realiza una medición como esta, y también es la primera vez que la percepción ciudadana hacia la labor de los magistrados que componen una parte del Poder Judicial es valorada positivamente por los consultados.

El doctor en criminología, Juan Martens, explicó que la valoración positiva hacia los magistrados que se encuentran cumpliendo funciones en el fuero especializado podría estar directamente relacionada con los grandes operativos llevados a cabo en los últimos tiempos, donde además de las detenciones de personas con poder e influencia, se concretaron comisos multimillonarios sin precedentes en el país.

Martens sostuvo que es fundamental seguir fortaleciendo la jurisdicción especializada con nuevos mecanismos de trabajo, tal como lo viene realizando la Corte Suprema de Justicia bajo la coordinación de la ministra Carolina Llanes. Resaltó que la cooperación de la USAID, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, ha sido clave para fortalecer el fuero especializado.

A los encuestados se les consultó sobre el trabajo de varias instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la labor de jueces y tribunales, lo que arrojó una valoración aceptable de la ciudadanía, un 43,4%.

En el poco tiempo que lleva en Paraguay la creación del fuero especializado, se ha logrado avanzar no solo en la cantidad de casos con sentencia, también en el cumulo de bienes comisados del crimen organizado y en la capacidad de respuesta del Poder Judicial pese a las limitaciones presupuestarias en la que se maneja el fuero. En gran parte esto se debe al nivel de capacidad, integridad y valentía de los jueces que integran este fuero cuyos desempeños hoy son valorados positivamente por la ciudadanía.

La justicia especializada incluso ha sentado jurisprudencia con resoluciones respecto a la forma de reclusión de los considerados líderes de estructuras criminales, así como la de frenar chicanas indebidas en el proceso penal.

Poder Judicial combate decididamente a la criminalidad organizada, afirman

La ministra Carolina Llanes presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, destacó el esfuerzo y el compromiso del Poder Judicial y todos los actores del fuero especializado en la persecución penal de la criminalidad compleja.

Acotó que el combate al crimen organizado es una lucha que no solo atañe al Poder Judicial sino a otros estamentos del Estado, como prevención pero que los resultados en el ámbito del Poder Judicial han sido muy auspiciosos respecto a los casos la corrupción, crimen organizado y delitos económicos.

“Estamos comprometidos no solo como parte del Estado sino como organismo que tiene a su cargo el juzgamiento de este tipo de  criminalidad, tenemos un fuero penal especializado, tenemos jueces especializados, jueces que se están capacitando permanentemente, pese a que no está siendo acompañado con un presupuesto adecuado.

Aclaró que el combate al crimen organizado no es exclusivo del Poder Judicial. “Esto no es única competencia del sistema de justicia, esto afecta a todos los estamentos formales del Estado y la sociedad civil y todos deben estar enfocada en la prevención y represión. Los jueces están un poco desmotivados ante este informe, simplemente quiero destacar lo que está haciendo el Poder Judicial en el ámbito penal y el compromiso firme y decidido de la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra la criminalidad organizada”, resaltó la ministra Carolina Llanes.

Las declaraciones de la máxima autoridad fueron realizadas en el plano de la Corte Suprema de Justicia, tras el informe del índice global del crimen organizado que evalúa los niveles de crimen organizado en un país y su reacción ante la criminalidad organizada que pone a Paraguay en cuarto lugar. La ministra salió al paso de este informe según dijo sin ánimos de cuestionarlo o criticar los parámetros de evaluación pero que tenía la obligación de aclarar que el Poder Judicial si está haciendo lo que lo que corresponde en ámbito de competencia.

Fiscalía logra seis meses más para investigar a Erico Galeano

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El Ministerio Público obtiene un plazo extraordinario de seis meses adicionales para investigar al senador Erico Galeano, es decir, tiene tiempo hasta el 24 de mayo del próximo año para presentar conclusiones en contra del legislador acusado de prestar logística al crimen organizado.

Tras revisar la solicitud de prórroga extraordinaria presentada por los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado aprobó la prórroga solicitada y extendió la investigación fiscal por seis meses más.

El Ministerio Público aún está recopilando pruebas para demostrar la conducta del legislador en relación al dinero recibido, que asciende a 1.000.000 de dólares, por la operación de compraventa de una propiedad en Aqua Village. Este dinero fue recibido de Hugo Manuel González, quien se cree que forma parte del grupo liderado por Miguel Insfrán, alias «Tío Rico,» considerado el líder de la organización criminal investigada en este caso.

Además, la fiscalía indicó que necesita más tiempo para confirmar la conexión del senador con la organización criminal liderada por «Tío Rico,» ya que se sospecha que brindó apoyo logístico utilizando su avioneta a Miguel Insfrán y Sebastián Marset.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico,» y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

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