La Encuesta Nacional de Victimización reveló una valoración positiva muy alta respecto al trabajo que realizan los jueces y tribunales de la jurisdicción especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado, que llega al 43%.
Es la primera vez que se realiza una medición como esta, y también es la primera vez que la percepción ciudadana hacia la labor de los magistrados que componen una parte del Poder Judicial es valorada positivamente por los consultados.
El doctor en criminología, Juan Martens, explicó que la valoración positiva hacia los magistrados que se encuentran cumpliendo funciones en el fuero especializado podría estar directamente relacionada con los grandes operativos llevados a cabo en los últimos tiempos, donde además de las detenciones de personas con poder e influencia, se concretaron comisos multimillonarios sin precedentes en el país.
Martens sostuvo que es fundamental seguir fortaleciendo la jurisdicción especializada con nuevos mecanismos de trabajo, tal como lo viene realizando la Corte Suprema de Justicia bajo la coordinación de la ministra Carolina Llanes. Resaltó que la cooperación de la USAID, la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, ha sido clave para fortalecer el fuero especializado.
A los encuestados se les consultó sobre el trabajo de varias instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la labor de jueces y tribunales, lo que arrojó una valoración aceptable de la ciudadanía, un 43,4%.
En el poco tiempo que lleva en Paraguay la creación del fuero especializado, se ha logrado avanzar no solo en la cantidad de casos con sentencia, también en el cumulo de bienes comisados del crimen organizado y en la capacidad de respuesta del Poder Judicial pese a las limitaciones presupuestarias en la que se maneja el fuero. En gran parte esto se debe al nivel de capacidad, integridad y valentía de los jueces que integran este fuero cuyos desempeños hoy son valorados positivamente por la ciudadanía.
La justicia especializada incluso ha sentado jurisprudencia con resoluciones respecto a la forma de reclusión de los considerados líderes de estructuras criminales, así como la de frenar chicanas indebidas en el proceso penal.
