Tras la demanda de la Procuraduría General de la República contra los ocupantes vip de Jardines de Remasito, la jueza en lo Civil y Comercial Claudia Domínguez decretó la prohibición de innovar sobre la finca 916 y a la vez dispuso un embargo millonario sobre los bienes de los demandados.
La justicia busca con estas medidas precautelar uno que las propiedades no sean vendidas y asegurar a la vez el monto de la demolición de las construcciones para devolver al propietario real las tierras en estado natural.
La medida fue adoptada a pedido del abogado del Estado que busca recuperar las tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa y fueron ocupadas por personas que en su mayoría pagaron sumas irrisorias para asentarse en el lugar con lujosas residencias.
La demanda fue presentada contra 22 ocupantes, encabeza la lista de embargados, Miguel Antonio Reynal y se ordena el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de G 280.000.000.
También Horacio, Emilio, Mauricio, Claudia, Diego y Fernando Melgarejo Lezcano se ordena el embargo hasta cubrir la suma de 85.000.000 de guaraníes.
Sigue la lista con, Jorge Raul García y María del Socorro García hasta cubrir la suma de G 300.000.000.
Igualmente, Gumercindo Leguizamón Ortiz y Purificación Gómez de Ortiz hasta cubrir el embargo por G 53.000.000. Sigue la lista de demandados con, Ronney Daniel González Fernández hasta cubrir la suma de G 120.000.000.
Mientras que Giovanni Martín Amaini Ficher se le embarga sus bienes por G 250.000.000 y a Walter Escobar García por G 53.000.000. A Damián Vázquez se le embarga sus bienes por G 72.000.000.
A Sara Luisa Alviso de Simón y Hugo Simón se los embarga por G 212.000.000. Así también se le embarga sus bienes a los ocupantes Alfredo José Vinader y Víctor José Vinader por la suma de G 183.500.000.
Sigue la lista de demandados con Daniel Iván Gómez Rambado a quien se lo embarga hasta cubrir la suma de G 72.000.000. A la ocupante Rossana María Ramírez hasta cubrir la suma de G 94.000.000 y al ocupante Daniel Llano Benítez hasta cubrir la suma de G 27.000.000.
Cinco de ocupantes ya entregaron sus llaves para evitar exponerse a un litigio con el Estado reconociendo la forma dudosa en la que adquirieron las tierras de la armada.
