La Cámara de Apelación Penal, en un fallo unánime, confirmó la sentencia condenatoria a Juan Vera, condenado en un juicio oral por la querella presentada por la periodista Menchi Barriocanal. El tribunal de apelación confirmó la sentencia aplicada a Juan Vera en todas sus partes, ratificando así la pena de multa debido a una opinión.

Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández son los integrantes de la cámara que confirmaron el fallo contra Juan Vera.

El activista Juan Vera, titular de la ONG Asucop, fue condenado en su momento por la jueza Mesalina Fernández a una pena de multa de G 52 millones tras ser declarado culpable por el delito de lesión a la intimidad.

El fallo de la magistrada Mesalina Fernández sentó un precedente muy importante respecto a juzgar con perspectiva de género y de la manera en que las mujeres son más vulnerables a este tipo de violencia.

La magistrada explicó en su momento que el mensaje difundido de forma masiva fue iniciativa de Vera. Las terceras personas actuaron bajo la dirección del señor Juan Vera.

Desde una perspectiva de género, que no debe confundirse con la llamada ideología de género, sino con la distinción entre hombres y mujeres, en un país con alto nivel estadístico de violencia contra la mujer, es mi obligación como órgano jurisdiccional pronunciarme al respecto para revelar cómo este tipo de acciones que instigan al odio y la violencia encuentran en el género femenino un ángulo más débil para el ataque de este tipo y deben merecer una mirada especial de la justicia. Nadie puede ser objeto de injerencias en su ámbito privado», mencionó Fernández en su momento.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició la investigación a la fiscal Lorena Ledesma quien no llegó a la hora establecida alegando que fue confirmada tarde en la causa, pero la diligencia ya fue postergada ante la situación.

Manuel Ramírez Candia ofició de preopinante y dijo que se cumple con todos los requisitos para iniciar la investigación preliminar para verificar si hubo negligencia o irregularidad de la actuación de la fiscal de la causa, Lorena Ledesma. Señaló que la causa tiene mucho impacto y afecta los plazos procesales este tipo de hechos por lo que ameritaba indagar el caso.

En una causa de tanta relevancia, es sumamente llamativo que el Ministerio Público no haya confirmado a la agente fiscal a tiempo y que la fiscal pese a estar recusada no haya comparecido para señalar que su recusación no estaba resuelta y así salvar la situación.

En este proceso, incluso se pasó por una acusación que no se dio por admitida debido a la falta de acompañamiento de pruebas con el escrito acusatorio. Tuvo que enviarse el expediente en su momento para que la fiscalía general acusara.

El proceso lleva más de cinco años sin que hasta la fecha se pueda superar la etapa de audiencia preliminar. En estos casos, uno se percata de que la dilación no solo es atribuible a las defensas, sino también al propio Ministerio Público, que confirmó recién en la fecha a la agente fiscal en la causa, frustrando así el inicio de la diligencia una vez más.

La agente fiscal Lorena Ledesma se comunicó con nuestro medio para aclarar que su colega Carlos Alcaraz era el fiscal interino de la causa y fue él el que no llegó a la diligencia el día y la hora señala por el juez del caso. «Yo fui notificada después de la hora fijada por el juzgado y aún así me presenté», señaló la fiscal Lorena Ledesma.

En esta causa están acusados Reinaldo Cucho Cabaña, alias Cucho, como el líder de la organización criminal, y el diputado Ulises Quintana, para quienes, una vez más, la diligencia fue suspendida.

“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se realizó en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, fueron detenidas más de 30 personas, pero luego se fue descartando la participación de estos, quedando un total de 24 personas dentro del proceso penal, quienes enfrentan hoy la audiencia preliminar.

En ese entonces, se llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales los intervinientes incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo.

FOTO: ABC COLOR.

Las Universidades Sudamericana y Leonardo da Vinci de donde egresaron Hernán Rivas y Orlando Arévalo, pidieron más tiempo para contestar a la fiscal Patricia Sánchez quien les otorgó tres días más de prórroga y agrega un ítem más en su pedido, quiénes egresaron con Rivas y Arévalo.

Este jueves vence el nuevo plazo establecido por la agente fiscal de la causa Patricia Sánchez, para que ambas universidades envíen todos los antecedentes académicos de los indagados así también la lista de compañeros que egresaron con ambos alumnos.

“Remita la nómina de alumnos que conformaron la Cohorte del señor Orlando Arévalo, correspondiente a su año de egreso”, reza la nota enviada a la Universidad Leonardo Da Vinci y en igual sentido es la nota remitida la Universidad de Rivas.

Esta investigación fue abierta tras la denuncia de la agente fiscal Casse Giménez y se indaga los tipos penales denunciados como la producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos y uso de certificados de méritos y servicios.

El Ministerio Público deberá construir un relato fáctico en base todos los elementos que logre colectar en el marco de esta investigación que recién inicia y se encuentra en la etapa de pedidos de informes, posteriormente se citará a los primeros testigos para avanzar en el caso.

Se sospecha que tanto Hernán Rivas como Orlando Arévalo no cursaron la carrera de derecho sin embargo ambos ostentan el título de abogado con la cual pudieron acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que preside Arévalo.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Gloria Hermosa sentenció a 25 años de cárcel a Jacinto Osorio González por su participación en el secuestro del ganadero brasileño, Américo Botello.

El hecho fue perpetrado el 29 de agosto del 2008, pero el hoy condenado Jacinto Osorio González permaneció 11 años prófugo de la justicia y recién ahora pudo ser condenado por un tribunal que lo sentenció a dos años menos que lo requerido por el fiscal de la causa Federico Delfino quien solicitó la condena de 27 años de prisión para Osorio González por haber tenido activa participación en el secuestro del ganadero.

En sus alegatos finales el agente fiscal Delfino señaló que el acusado actuó con dolo, que tuvo dominio del hecho y mantuvo una comunicación fluida con los demás actores de la estructura criminal que secuestro a la víctima. Además de resaltar que una persona víctima de secuestro nunca más s recupera de una situación de esta naturaleza y le deja secuelas de por vida.

En un fallo unánime el tribunal lo condenó a purgar la pena carcelaria de 25 años por secuestro, extorsión agravada y otros.

Además de la magistrada Gloria Hermosa, integran el tribunal de sentencia los jueces Víctor Alfieri y Alba González.

Celeste Amarilla presentó la acción penal privada este lunes contra Óscar Rodríguez y solicitó G 1.000 millones como composición económica como reparación de daño a su imagen.

La legisladora señaló que no permitirá que esta autoridad dañe una imagen que cuidó por años y que buscará a través de la justicia reparar el daño que sufrió al ser expuesta de esta manera por el intendente Rodríguez, quien manifestó a Monumental en su momento que tuvo una relación sentimental con la senadora.

“Hemos solicitado mil millones como reparación del daño, realmente es un monto simbólico porque mi honor no tiene precio. Daña mi imagen porque yo recibo votos y le digo, no va a venir un chiquilín a derrumbar 59 años de comportamiento, a mis votantes no les voy a defraudar”, acotó la senadora.

La querella fue patrocinada por la abogada especialista en derechos humanos y libertad de expresión Alejandra Peralta. La primera diligencia tras presentarse la acción será, la de pasar por una audiencia de conciliación y en caso de que las partes no acuerden, irán a juicio oral y público donde se dirimirá la cuestión.

El Ministerio Público amplió la imputación por lesión de confianza y asociación criminal, soborno y otros contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas.

Relata el Ministerio Público que existe suficientes elementos de sospecha que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de emergencia nacional.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquin Nunez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.

Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.

Este resultado fue producto a la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa.

El fiscal Silvio Corbeta es quien investiga el caso y solicitó que la investigación venza el mismo día que le estableció la cámara como fecha de investigación, en abril del 2024.

El abogado Eduardo Cazenave defensor de Cristian Turrini, anunció a ABC TV que buscará que instancias superiores anulen la condena de 20 años de cárcel aplicada a su cliente por narcotráfico y asociación criminal.

Para el defensor la sentencia debe ser anulada porque está basada en pruebas nulas o inexistentes, por ende, el fallo también es nulo. Cazenave sostiene que el tribunal puso en riesgo a su cliente al mencionar que colaboró con el Ministerio Público con lo que se demuestra que este país no existe garantías para prestar colaboración con la justicia.

Agregó que este caso le deja como ejemplo que el abogado debe chicanear y patear para delante el juicio hasta lograr que su cliente salga por compurgamiento de la pena mínima como ha pasado en otros casos, que particularmente su defensa no presentó dilaciones indebidas en el caso ya que estaban convencidos que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público generaban serias dudas sobre la participación de Turrini en este esquema de tráfico internacional de prueba y que la duda debe favorecer al reo.

“Vamos a buscar la nulidad del fallo, se basa en una prueba nula o inexistente, ya es nulo el fallo, no podés condenar en base a indicios, la mínima duda obliga a una absolución, acá no se demostró la participación de Turrini. Nosotros planteamos la hipótesis de que la carga se contaminó por el camino porque el contenedor llegó abierto allá, nunca nos explicaron eso. Acá se busca endilgar a mi cliente y Ayala Jaquet por esta carga y ambos no tienen la capacidad económica para comprar ni para mover esta inmensa cantidad de droga”, sostuvo Cazenave.

Por último, criticó la investigación fiscal por la contaminación de las pruebas que según incluso fueron plantadas evidencias y que la colaboración de Turrini tampoco sirvió para reducir la pena.

La semana pasada el tribunal de sentencia presidido por Víctor Alfieri condenó en 20 años de cárcel a Cristina Turrini.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para el excandidato presidencial Paraguayo Cubas Colomes, por los incidentes tras las elecciones generales pasadas.

Los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, presentaron este domingo su acto conclusivo y acusaron a Payo por los tipos penales de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales, se requiere la admisión de todos los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público contra Cubas.

El Ministerio Público ofrece como prueba el contenido de todo lo extraído de los teléfonos celulares del abogado Paraguayo Cubas entre otras evidencias que respaldad la acusación fiscal.

La acusación tiene 41 páginas y relata que, el acusado en uno de sus videos específicamente la del 1 de mayo de este año refirió que hubo irregularidades en el conteo de votos, “no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar el tal “Chanti mba´embo”.

Son varios los videos de Paraguayo Cubas que son presentados por el Ministerio Público como prueba, además, de lo que escribió el hoy acusado en su perfil de Facebook.

El juez del caso deberá fijar fecha de audiencia preliminar para el acusado.