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Agua Tónica: Patricia Samudio se presentó en tribunales

Mabel Villamayor
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Agua Tónica: Patricia Samudio se presentó en tribunales

Este viernes la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio se presentó en tribunales junto con su esposo el coprocesado José Costa Perdomo, ambos contaban desde ayer con rebeldía y orden de captura.

Tras presentarse el matrimonio, el tribunal levantó la medida que pesada en contra de ambos y les fijó para el 5 de marzo del 2024, la nueva fecha de juicio oral y público donde ambos serán juzgados por la presunta compra irregular en pandemia.

El Ministerio Público, acusa en esta causa un perjuicio patrimonial a la petrolera de G 346.700.000 por una compra irregular de insumos en plena pandemia del Covid-19.

Entre los productos adquiridos para lucha contra el Covid-19 aparece unas 5.000 botellas de agua tónica, pallets, tanques para agua, termómetros laser, etc, por éstos insumos la petrolera estatal depositó más de G 300.000.000 a la firma SOLUMEDIC y ésta a su vez a la firma RACOLE, cuyos propietarios manifestaron al Ministerio Público que dicha suma lo recibieron en concepto de una deuda  contraída por José Costa Perdomo esposo de Patricia Samudio, se adjunta incluso un pagaré a nombre del acusado como medio de prueba.

Además, los propietarios de la firma SOLUMEDIC, aclararon a la fiscalía que nunca entregaron a Petropar ni tenían en stock las mercaderías e insumos por los que recibieron los más de G 300.000.000 de Petropar, salvo las 400 unidades de mamelucos que fue lo único que proveyeron.

Se detalla además en la acusación la grosera forma en que actuó la extitular de Petropar Patricia Samudio, creando una compra inexistente por la que se pagó la millonaria y suma simulando una recepción de los insumos que jamás existió.

“Las demás empresas que colaboraron con el esquema reflejan operaciones que no existieron para justificar los incrementos de precios y denotar supuestas cadenas de compras, sin embargo, se constató que existió pago de una suma dinero por parte de Petropar sin que exista una contra prestación en cuanto a la provisión de mercaderías”.

El monto que considera el Ministerio Público puede probar como perjuicio patrimonial en detrimento de Petropar es de 346.700.000 G.

Además de Patricia Samudio, su esposo José Costa Perdomo, también fueron acusados en esta causa, Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera, Miguel Darío Cáceres, Freddy Agustín Careaga, acusados por el tipo penal de lesión de confianza.

Magistrados volverán a manifestarse hoy en reclamo de un reajuste salarial

Mabel Villamayor
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Magistrados volverán a manifestarse hoy en reclamo de un reajuste salarial

Los gremios de magistrados, jueces y funcionarios emitieron un comunicado informando que saldrán a las calles nuevamente hoy una vez concluida la jornada laboral, en reclamo por un salario más justo.

La Asociación de Magistrados del Paraguay, la Asociación de Jueces del Paraguay, la Asociación de Juezas del Paraguay, El Sindicato de Funcionarios Judiciales, la Coordinadora Salarial de Magistrados y la de Ujieres, anuncian que desde las 13:00 horas de hoy volverán a salir a las calles para reclamar un aumento salarial.

Solicitan que todos los jueces y funcionarios formen parte de esta iniciativa que tiene como objetivo lograr un reajuste en su salario que se encuentra estancado hace diez años.

Los gremios unidos en una sola intención solicitan que esta medida de protesta sea a nivel país y así lograr hacerse sentir y hacer saber a la ciudadanía que cumplen una función de suma relevancia en la sociedad y que deben ser bien remunerados.

La manifestación pacifica también se replicará el próximo lunes 13 de noviembre de 7:00 a 8:00 de la mañana en todas las sedes del país. Ese día se tratará el Presupuesto General de Gastos 2024 en Diputados.

Fiscalía, insatisfecha con informe sobre Hernán Rivas

Mabel Villamayor
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Fiscalía, insatisfecha con informe sobre Hernán Rivas

La agente fiscal Patricia Sánchez quien investiga la denuncia sobre los títulos dudosos del diputado Hernán Rivas y del senador y presidente del JEM Orlando Arévalo, tras recibir el informe de la Universidad Sudamericana sobre los antecedentes académicos de Rivas volvió a remitir un oficio para profundizar los datos remitidos.

El Ministerio Público en base al informe que recibió respecto a Hernán Rivas, solicitó a la Sudamericana indique expresamente en qué año Rivas culminó la carrera, ya que el informe indica que inició la carrera en el 2010, pero no se consiga en qué año concluyó.

Igualmente, se requiere informe del por qué se le entregó el título de grado a Rivas recién el 6 de marzo del 2020, siendo que él en teoría inició la carrera ya en el 2010.

Se requiere además la copia autenticada de la resolución del 9 de junio, que consta en el título habilitante. Estos nuevos pedidos del Ministerio Público deberán ser contestados máximo, el próximo lunes.

Mientras que, respecto al informe recibido de la Universidad Leonardo Da Vinci, la institución envió las actas y los exámenes de Arévalo y la lista de sus compañeros, el Ministerio Público aún no revisó con detenimiento todos los documentos enviados a la fiscalía y una vez que concluya la revisión se verá si también se solicita un informe ampliatorio como en el caso de Rivas.

La Universidad Sudamericana informó que guarda los documentos por cinco años, mientras que la de Da Vinci solo dos años.

Declarada en rebeldía, Patricia Samudio expresidenta de PETROPAR

Mabel Villamayor
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Declarada en rebeldía, Patricia Samudio expresidenta de PETROPAR

La acusada no se presentó para el inicio del juicio oral y público fijado por el tribunal de sentencia qué debía iniciar el juzgamiento público de la causa conocida como Agua Tónica, además de decretar la rebeldía de la acusada se ordena su captura. La medida también alcanza a su esposo José Costa Perdomo.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Inés Galarza, e integrado por los jueces, Federico Rojas y Olga Ruiz, decretó la rebeldía y captura de los acusados ya no justificaron su incomparecencia ante la convocatoria de los juzgadores.

El Ministerio Público, acusa en esta causa un perjuicio patrimonial a la petrolera de G 346.700.000 por una compra irregular de insumos en plena pandemia del Covid-19.

Entre los productos adquiridos para lucha contra el Covid aparece unas 5.000 botellas de agua tónica, pallets, tanques para agua, termómetros laser, etc, por éstos insumos la petrolera estatal depositó más de G 300.000.000 a la firma SOLUMEDIC y ésta a su vez a la firma RACOLE, cuyos propietarios manifestaron al Ministerio Público que dicha suma lo recibieron en concepto de una deuda  contraída por José Costa Perdomo esposo de Patricia Samudio, se adjunta incluso un pagaré a nombre del acusado como medio de prueba.

Además, los propietarios de la firma SOLUMEDIC, aclararon a la fiscalía que nunca entregaron a Petropar ni tenían en stock las mercaderías e insumos por los que recibieron los más de G 300.000.000 de Petropar, salvo las 400 unidades de mamelucos que fue lo único que proveyeron.

Se detalla además en la acusación la grosera forma en que actuó la extitular de Petropar Patricia Samudio, creando una compra inexistente por la que se pagó la millonaria y suma simulando una recepción de los insumos que jamás existió.

“Las demás empresas que colaboraron con el esquema reflejan operaciones que no existieron para justificar los incrementos de precios y denotar supuestas cadenas de compras, sin embargo, se constató que existió pago de una suma dinero por parte de Petropar sin que exista una contra prestación en cuanto a la provisión de mercaderías”.

El monto que considera el Ministerio Público puede probar como perjuicio patrimonial en detrimento de PETROPAR es de 346.700.000 G.

Además de Patricia Samudio, su esposo José Costa Perdomo, también fueron acusados en esta causa, Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera, Miguel Darío Cáceres, Freddy Agustín Careaga, acusados por el tipo penal de lesión de confianza.

Froilán Peralta se entregó para cumplir su condena de tres años de cárcel

Mabel Villamayor
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Froilán Peralta se entregó para cumplir su condena de tres años de cárcel

El exrector de la UNA, Froilán Peralta, se presentó este jueves en la Comisaría primera de San Lorenzo, dándose así por detenido para compurgar parte de lo que resta de la condena de tres años de encierro que se le aplicó por lesión de confianza.

Peralta fue condenado a cumplir tres años de cárcel por hechos de corrupción durante su administración en la UNA, cuando se desempeñaba como rector. El Ministerio Público acusó un perjuicio patrimonial de más de G 1.100 millones.

El condenado deberá desde hoy cumplir la condena que le aplicó la justicia, ahora que se puso a disposición se hará el cómputo final de lo que resta cumplir de los tres años de condena que recisión como sanción.

Este proceso fue abierto tras la toma de la UNA por un grupo de alumnos por la serie de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción que generó una serie de movilizaciones de los estudiantes denominado “UNA No Te Calles”, en septiembre del 2015.

La otra condenada, María del Carmen Martínez, se encuentra también cumpliendo su condena de tres años y seis meses por estafa.

Ministro Ríos propone rechazar incidentes dilatorios en un solo acto

Mabel Villamayor
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Ministro Ríos propone rechazar incidentes dilatorios en un solo acto

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, instó a sus colegas de la Sala Penal a reunirse y rechazar en un solo acto los planteamientos sin fundamentos presentados en diversas causas, con el fin de agilizar los procesos.

Ríos se pronunció luego de que la ministra Carolina Llanes informara sobre la gran cantidad de incidentes impertinentes que se presentan ante la Sala Penal, que solo buscan dilatar los juicios y beneficiar a los acusados. Según el informe de Llanes, solo en el mes de marzo se registraron 1.234 incidentes, de los cuales el 90% fueron rechazados por improcedentes.

El ministro Ríos señaló que la justicia debe actuar de manera rápida y eficaz, y que ante el informe con que ya cuenta la Sala, sus integrantes deberían actuar de manera más expeditiva y como mecanismo de agilidad reunirse y rechazar dichas presentaciones sin mero trámite y en una sola reunión.

Asimismo, Ríos indicó que se debe cuidar el debido proceso y la defensa en juicio, por lo que consideró como una salida más adecuada que los ministros de la Sala Penal, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera se reúnan y rechacen las incidencias impertinentes.

“La Corte no puede delegar sus funciones jurisdiccionales a la parte administrativa. Perdemos tiempo, sería muy interesante que los ministros se reúnan una vez por semana y en un solo acto rechacen las presentaciones, es necesario que cambiemos nuestro método de trabajo y por otro lado no descuidar las garantías constitucionales”, sentenció el ministro.

Casi el 40% de los incidentes presentados ante la Sala Penal son meramente dilatorios

Mabel Villamayor
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Casi el 40% de los incidentes presentados ante la Sala Penal son meramente dilatorios

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso ante sus pares y la ciudadanía “la ruta de la chicana” que utilizan algunos abogados para dilatar los procesos penales. Según su estudio, el 36% de los planteamientos que llegan a la Sala Penal no reúnen los requisitos.

La ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó un informe sobre la interposición de incidentes procesales, que, mal planteados, afectan al normal desarrollo de los y contribuye a la mora judicial. Según su estudio, basado en el seguimiento de varios casos, un proceso penal puede demorar entre seis y ocho meses por el uso de recursos e incidentes improcedentes o infundados.

Explicó que la chicana procesal consiste en la presentación de planteamientos que no tienen por objeto la defensa de los derechos de las partes, sino el retraso de la resolución del caso. Como ejemplo, mencionó la presentación de incidentes de nulidad con apelación en subsidio contra las imputaciones y, una vez resueltos, la presentación de casaciones contra la decisión de la cámara de apelaciones, cuando no se trata de una decisión que puso fin al proceso.

Informó que el 36% de los planteamientos que llegan a la Sala Penal no reúnen los requisitos para la casación, es decir, son chicanas procesales que son presentadas al solo efecto de dilatar los procesos. Además, dijo que el 64% de los planteamientos carecen de fundamentación y que también se recurre a las recusaciones sin causa y a las aclaratorias para ganar tiempo.

La ministra Llanes manifestó que es necesario buscar la forma de frenar estas chicanas procesales, sin violar las garantías del debido proceso o el derecho de defensa. “Necesitamos agilizar los procesos y dejar de dar andamiaje a incidentes que son solo chicanas procesales. Por eso queremos ver cómo condicionar la entrada de estos incidentes”, acotó.

Asimismo, recordó que es necesario aplicar las sanciones previstas en la ley contra los chicaneros, que pueden ser multas, costas, daños y perjuicios, e incluso la suspensión del ejercicio profesional. La ministra Llanes dijo que su informe busca generar conciencia sobre el problema de la chicana procesal y que espera contar con el apoyo de sus colegas y de la ciudadanía para combatirlo.

Magistrados se manifiestan por aumento salarial

Mabel Villamayor
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Magistrados se manifiestan por aumento salarial

Magistrados de todos los fueros e instancias se congregaron en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción, en una manifestación espontánea para reclamar un aumento salarial que no han visto en una década. Este histórico reclamo reúne a jueces de diferentes ámbitos que se unen en busca de un aumento salarial que refleje la importancia de su labor en la sociedad.

En una sorpresiva movilización, jueces de diversas especialidades y fueros se manifestaron en la explanada del Poder Judicial de Paraguay el miércoles. La demanda que los llevó a las calles es clara: un aumento salarial que no han experimentado en los últimos 10 años, a pesar de la creciente inflación y el aumento del costo de vida en el país.

Esta manifestación, que comenzó después de la jornada laboral, atrajo a magistrados de larga y destacada trayectoria, quienes se unieron para pedir de forme unánime: «¡aumento salarial ya!». Por primera vez en la historia, jueces de Garantías penales, de sentencia, niñez, del fuero civil, del fuero especializado y la cámara de apelaciones se unieron en esta protesta conjunta por la mejora salarial.

El juez Carlos Hermosilla, uno de los presentes de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay AMJP, y vocero de esta manifestación, explicó a Judiciales Net la razón detrás de su protesta. Señaló que, a lo largo de una década, sus salarios no han experimentado ninguna variación positiva, a pesar de que la inflación ha aumentado en un 42.5%, según datos del Banco Central. «Estamos ganando hoy la misma cantidad de dinero que hace diez años, pero su valor se ha reducido en un 42.5%. Estamos llegando a ganar la mitad de lo que ganábamos hace una década», enfatizó Hermosilla.

El juez también hizo hincapié en la labor delicada que desempeñan en la sociedad para proteger la libertad y los bienes de las personas. En este contexto, considera que es esencial que sus salarios reflejen adecuadamente su contribución a la justicia y la sociedad en general.

A pesar de la solidaridad expresada por la Corte Suprema de Justicia con la causa de los magistrados, la Comisión Bicameral del Congreso, no ha dado lugar a su solicitud de aumento salarial. Los jueces continúan su lucha por un reconocimiento económico justo que refleje la importancia de su trabajo en el sistema judicial de nuestro país.

La Corte Suprema suspende a la fiscal Stella Mary Cano

Mabel Villamayor
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La Corte Suprema suspende a la fiscal Stella Mary Cano

La agente fiscal Stella Mary Cano, cuestionada por su actuación en varios procesos judiciales, fue suspendida en el cargo con salario básico por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió hoy, por unanimidad, hacer lugar al pedido de suspensión en el cargo con salario básico de la agente fiscal Stella Mary Cano, quien es investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por irregularidades en la investigación en los procesos de la Caja de Jubilados Bancarios y la de Mocipar.

El propio Poder Judicial, había iniciado una auditoría en ambos casos la de Mocipar como el de la Caja de Jubilados Bancarios y había arrojado que la agente fiscal no cumplió con su deber de investigar los hechos denunciados, sino se simuló una investigación.

La suspensión de la fiscal Cano había sido resuelta por el JEM hace meses, pero nunca se comunicó oficialmente a la CSJ, hasta el pasado 6 de noviembre, cuando se envió el oficio correspondiente. La CSJ ingresó para estudiar el punto esta misma semana y así dar como efectiva la suspensión de la cuestionada fiscal.

Cano es cuestionada por sus actuaciones irregulares en otros procesos como el de Mario Ferreiro, por quien también fue denunciada ante el JEM.

Bacchetta denuncia presión desde el JEM para imputación del intendente de Lambaré

Mabel Villamayor
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Bacchetta denuncia presión desde el JEM para imputación del intendente de Lambaré

El abogado defensor del intendente de Lambaré, Enrique Bacchetta,  denunció que existe una fuerte presión desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que su cliente sea imputado por presunto homicidio culposo tras el trágico incidente en el que dos militares fueron arrastrados por un raudal en la ciudad.

Bacchetta alega que esta presión tiene un trasfondo político y busca dejar fuera de la intendencia a su representado. El intendente de Lambaré, Agustín Guido González, se encuentra en medio de una controversia judicial después de ser denunciado por presunto homicidio culposo en relación con un trágico incidente en el que dos militares perdieron la vida al ser arrastrados por un raudal en dicha ciudad.

Según su abogado defensor, Enrique Bacchetta, esta denuncia está siendo impulsada por una fuerte presión ejercida desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), específicamente por uno de sus miembros “que ostenta un considerable poder”.

Bacchetta, en una declaración a ABC Color, ha revelado que existe un individuo dentro del JEM que estaría utilizando su influencia para que su cliente sea imputado en este caso. Aunque evitó revelar el nombre de esta persona, Bacchetta sugiere que el proceso tiene un trasfondo político y que el objetivo principal de la imputación sería sacar al intendente de su cargo. «Es una persona del JEM la que presiona, que presume ser abogado y que tendría un título, pero de contenido falso», afirmó Bacchetta.

El abogado también ha señalado que tiene conocimiento de que la fiscalía encargada de investigar el caso está siendo sometida a fuertes presiones por parte del JEM. En este sentido, Enrique Bacchetta ha manifestado su compromiso de prestar toda la colaboración necesaria desde la intendencia para garantizar un proceso investigativo justo y transparente.

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