Casi el 40% de los incidentes presentados ante la Sala Penal son meramente dilatorios

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso ante sus pares y la ciudadanía “la ruta de la chicana” que utilizan algunos abogados para dilatar los procesos penales. Según su estudio, el 36% de los planteamientos que llegan a la Sala Penal no reúnen los requisitos.

La ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó un informe sobre la interposición de incidentes procesales, que, mal planteados, afectan al normal desarrollo de los y contribuye a la mora judicial. Según su estudio, basado en el seguimiento de varios casos, un proceso penal puede demorar entre seis y ocho meses por el uso de recursos e incidentes improcedentes o infundados.

Explicó que la chicana procesal consiste en la presentación de planteamientos que no tienen por objeto la defensa de los derechos de las partes, sino el retraso de la resolución del caso. Como ejemplo, mencionó la presentación de incidentes de nulidad con apelación en subsidio contra las imputaciones y, una vez resueltos, la presentación de casaciones contra la decisión de la cámara de apelaciones, cuando no se trata de una decisión que puso fin al proceso.

Informó que el 36% de los planteamientos que llegan a la Sala Penal no reúnen los requisitos para la casación, es decir, son chicanas procesales que son presentadas al solo efecto de dilatar los procesos. Además, dijo que el 64% de los planteamientos carecen de fundamentación y que también se recurre a las recusaciones sin causa y a las aclaratorias para ganar tiempo.

La ministra Llanes manifestó que es necesario buscar la forma de frenar estas chicanas procesales, sin violar las garantías del debido proceso o el derecho de defensa. “Necesitamos agilizar los procesos y dejar de dar andamiaje a incidentes que son solo chicanas procesales. Por eso queremos ver cómo condicionar la entrada de estos incidentes”, acotó.

Asimismo, recordó que es necesario aplicar las sanciones previstas en la ley contra los chicaneros, que pueden ser multas, costas, daños y perjuicios, e incluso la suspensión del ejercicio profesional. La ministra Llanes dijo que su informe busca generar conciencia sobre el problema de la chicana procesal y que espera contar con el apoyo de sus colegas y de la ciudadanía para combatirlo.

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