El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Karina Cáceres y Ana Rodríguez condenó este lunes a la exagente fiscal Ana Elizabeth Girala y a varios de sus colaboradores tras concluir que montaron un esquema mediante el cual obtenían beneficios económicos y otros bienes a cambio de actuaciones propias del Ministerio Público.
Las magistradas realizaron un extenso relato de los hechos, mencionaron los juicios en los cuales quedó probado que la agente fiscal y sus funcionarias pidieron dinero.
Por decisión unánime, el colegiado impuso a Girala una pena de siete años y tres meses de prisión por los hechos de prevaricato, cohecho pasivo agravado, extorsión y tentativa de extorsión. Asimismo, fueron condenadas sus funcionarias Griselda Acha, a seis años y seis meses de cárcel en carácter de cómplice, y Christi Magalí Ortega, a cuatro años de prisión, por su participación en los hechos investigados.
En la misma causa, los abogados Marco Velazco y Liz Martínez fueron hallados culpables de soborno y recibieron penas de dos años y seis meses y tres años y seis meses de cárcel, respectivamente. Por otro lado, Nélida Vicenta Alcaraz fue absuelta por duda.
Durante la lectura de la sentencia, el tribunal sostuvo que las pruebas producidas durante el juicio permitieron acreditar plenamente la existencia de un esquema de corrupción instalado en una unidad fiscal de San Lorenzo.
“Este tribunal arriba a la conclusión de que los hechos han sido probados durante la audiencia oral y pública con certeza absoluta”, afirmaron las magistradas al fundamentar la decisión.
Según la sentencia, Girala, junto con sus colaboradoras y uno de los abogados condenados, mantenía un acuerdo destinado a obtener dinero y otros beneficios a cambio de actuaciones funcionales que debían realizarse de manera imparcial y dentro del marco legal.
“Hemos llegado a la conclusión de que entre Ana Elizabeth Girala, Griselda Acha, Christi Magalí Ortega y Marcos Aurelio Velazco existía un acuerdo para obtener beneficios económicos y otros bienes a cambio de actuaciones funcionales propias del Ministerio Público”, señaló el tribunal.
Las juezas describieron que la entonces fiscal convirtió las decisiones vinculadas a la persecución penal en una suerte de mercancía negociable. En uno de los pasajes más contundentes de la resolución, el colegiado sostuvo que Girala “transformó los actos propios del ejercicio de la acción penal pública en un objeto de negociación, como si se tratase de una mercancía intercambiable en el mercado económico”.
La sentencia agrega que la exagente fiscal dirigía el funcionamiento del esquema y establecía la forma en que debían abordarse los usuarios del sistema de justicia, entre ellos imputados, víctimas, abogados y familiares.
“Ana Elizabeth Girala establecía el modo de las actividades funcionales y determinaba la forma de abordar a los usuarios, ya sean imputados, abogados, víctimas e incluso familiares de los usuarios, y vendía actos de servicio”, expresaron las magistradas.
El tribunal también concluyó que la fiscal utilizaba mecanismos de presión para lograr que las personas accedieran a entregar dinero u otros bienes. Según la resolución, las exigencias se realizaban bajo amenazas relacionadas con el avance de causas penales o la retención de objetos incautados.
“Recurría a medios coercitivos para lograr que los usuarios cedan a la exigencia de pago, utilizando la amenaza a una imputación o de no devolver objetos retenidos, vehículos, para forzar la entrega de dinero con fines privados ajenos a los propios del ejercicio legal de la persecución penal pública”, sostuvieron las juezas.
Durante el juicio también se acreditó que, además de dinero, los involucrados solicitaban diversos bienes como contraprestación por sus intervenciones en los expedientes. Entre ellos figuraban termos de la marca Stanley y otros objetos de valor.
De acuerdo con la valoración del tribunal, en varias causas penales Girala solicitó o aceptó promesas de beneficios a cambio de adoptar determinadas decisiones procesales, favoreciendo o perjudicando a personas involucradas en investigaciones.
Las magistradas concluyeron que los acusados actuaron con dolo directo, negociando expedientes y utilizando la estructura del Ministerio Público para obtener ventajas indebidas. Para el colegiado, se trató de una grave vulneración de los deberes funcionales de la entonces representante fiscal y de las funcionarias que colaboraron con el esquema.
La causa expuso un mecanismo de recaudación irregular que, según la sentencia, operó desde una unidad fiscal de San Lorenzo y que convirtió actuaciones propias de la función pública en instrumentos de beneficio particular, afectando la confianza en el sistema de justicia.
