El Ministerio Público imputó a las personas encargadas de gestionar el local deportivo Arrayanes por homicidio culposo tras la muerte del joven «Rolo» Núñez, ocurrida el 16 de septiembre pasado debido a una descarga eléctrica en las instalaciones.

La imputación alcanza a Édgar Lemuel Torres Domaniczky, María Lila Contreras Saguier, Óscar Daniel Ruiz Fernández y María Marcela Contreras Saguier, quienes están acusados de supuesto homicidio doloso por no cuidar adecuadamente las condiciones de las instalaciones, lo que permitió que el joven «Rolo» muriera electrocutado en el lugar.

El Ministerio Público señala que, tras constatar que una parte del caño rígido de la columna al tablero se encontraba incompleta, con un tubo de metal de 8 cm, con cables colgados bajo el tablero que no deberían estar ahí, uno de ellos se encontraba desconectado y sulfatado.

Agrega que, al momento de realizarse la medición, se procedió a conectar el cable a la llave, constatándose que la estructura metálica que soporta el tablero arrojó una tensión entre 70 y 80 voltios.

La agente fiscal del caso, Carla Rojas, solicitó medidas alternativas a la prisión para los imputados, junto con algunas reglas de conducta, como la comparecencia mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país, caución real y cualquier otra medida que el juzgado considere conveniente.

El Ministerio de la Defensa Pública logró la absolución de un joven que hoy cuenta con 18 años. Lalo fue procesado en mayo del 2020 fue imputado y procesado como un adulto y se encontraba recluido hace dos años.

El joven no solo soportó prisión preventiva por dos largos años también fue procesado como un adulto y no como un adolescente en infracción con la ley penal que tiene un tratamiento especial por lo que su caso fue anulado íntegramente por el tribunal de sentencia que juzgó su caso.

La defensora pudo verificar que, al momento de la perpetración del hecho, Lalo tenía solo 15 años, y en su caso, no se aplicó la ley penal para adolescentes infractores, por lo que se violaron sus derechos durante el proceso judicial.

La defensora solicitó la nulidad absoluta, argumentando que la información de la fiscalía y la forma en que se llevó el procedimiento fue insuficiente e ilegal. El Tribunal otorgó la nulidad absoluta y la absolución de reproche y pena, devolviéndole a Lalo su libertad.

Pese a la reapertura de Tacumbú ordenada por el ministro Ángel Barchini, los jueces del fuero especializado no envían, ni enviarán a dicha cárcel a los nuevos procesados en este fuero para no seguir alimentando al Clan Rotela, quienes se nutren también de reclusos potentados para subsistir.

Los tres magistrados que se desempeñan en el fuero especializado en crimen organizado en la Capital charlaron con Judiciales Net y fueron tajantes al señalar que en ningún caso consideran enviar a Tacumbú a las personas procesados en sus juzgados por el perfil que poseen los imputados y que pese a la reapertura no han enviado ni enviarán a procesados a ese penal.

Los magistrados Lici Sánchez, Rosarito Montanía y Gustavo Amarilla fueron consultados por nuestro medio acerca de la decisión asumida por el ministro de Justicia de reabrir la cárcel nacional de adultos y los tres afirmaron que no es opción para la justicia especializada enviar en esa cárcel a los procesados por integrar una estructura del crimen organizado.

El doctor Gustavo Amarilla señaló que enviar a una persona procesada en este fuero a ese penal seria potenciar al Clan Rotela. “Yo, particularmente no enviaré a nuevos reclusos y ordenaré el destino donde debe cumplir la medida dispuesta por el juzgado. No podemos potenciar económicamente a este Clan”, subrayó el magistrado.

La doctora Rosarito Montanía dijo que ella ya decidió no enviar a nuevos reclusos en el último caso que cayó en su juzgado, agregó que ya dispuso que los nuevos procesados vayan a otros penales bien determinados, pero no en Tacumbú, aclarando que el Ministerio de Justicia no puede ordenar su cambio de reclusión. “Tacumbú está tomado por el Clan Rotela y eso es algo que no podemos desconocer, para mí la solución inmediata es el cierre total de Tacumbú y es oportuno que los jueces vayan sacando a los reclusos de allí y enviarlos a otra penitenciaría”, señaló la magistrada.

Por su parte la doctora Lici Sánchez, dijo que siempre tiene en cuenta la facción y los hechos punibles imputados al procesado para tomar la decisión de donde guardará reclusión y, que hace rato en sus resoluciones ya especifica donde deben ir recluidos sus procesados. “Tacumbú no está manejado por el Estado paraguayo, está difícil la situación, con Tacumbú reabierto y cerrado Emboscada nos quedamos sin muchas opciones, el penal de Coronel Oviedo tampoco goza de buena salud”, acotó la jueza Lici Sánchez.

Para el expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, es importante que el caso de Hernán Rivas no quede con el pedido de permiso, sino sea la puerta de entrada para romper una estructura dedicada a emitir títulos de manera irregular.

«Sería interesantísimo que la Fiscalía o la Corte encuentren en el caso Rivas la puerta de ingreso a un esquema mafioso, criminal de fabricación de títulos y sacar en masa al mercado a gente que no está preparada», afirmó tajante Manuel Riera, expresidente del CAP, a ABC TV.

Agregó que se debe entender el peligro que implica que Hernán Rivas, si no es abogado, es alguien que podría representar a una persona con un problema legal y ejercer su representación. Señaló que Rivas es una persona que hace tres años viene explicando el origen de su título, se confunde con el tema de su tesis y que tiene otras graves inconsistencias en los documentos que aparentemente avalan su profesión de abogado.

Mencionó que el mensaje que se da con este tipo de hechos es muy grave, que compremos los títulos a un precio menor del que hicieron el esfuerzo genuino cursando la carrera. Por ende, este caso debe trascender para investigar este esquema, aunque eso implique tumbar la Universidad afectada.

Comparó la feroz intervención que se hizo la Universidad Católica cuando saltó el problema con la compra de notas, que sacaron a los alumnos y docentes y que en la actualidad soportan la tramitación de papeleos como mecanismo de control. Sin embargo, en este caso, la Universidad Sudamericana no dice nada.