El Ministerio Público pidió seis meses más investigar y presentar acto conclusivo en la causa abierta al senador Erico Galeano por presuntamente prestar logística al crimen organizado.

El agente fiscal Silvio Coberta presentó un pedido de prórroga extraordinaria es decir seis meses más para investigar al legislador indiciado de lavado de dinero y asociación criminal entre otros.

Coberta dice que la causa es sumamente compleja considerando la conducta y los hechos punibles investigados como, el lavado de dinero precedente del narcotráfico que se le atribuye al senador Erico Galeano, por lo que el tiempo ordinario es insuficiente para el Ministerio Público.

Agrega que, el Ministerio Público se encuentra colectando aún elementos de prueba para demostrar la conducta del legislador respecto al dinero que recibió de 1.000.000 de dólares por la operación de compraventa de una propiedad en Aqua Village, dinero que recibió de Hugo Manuel González quien formaría parte del grupo liderado por Miguel Insfrán alias Tío Rico quien es considerado líder de la organización criminal investigada en este caso.

Así también la fiscalía requiere más tiempo para confirmar el nexo del senador con la organización criminal liderada por Tío Rico, ya que habría brindado apoyo logístico con la utilización de su avioneta a Miguel Insfrán y Sebastián Marset.

El legislador se encuentra actualmente con el beneficio de arresto domiciliario con permiso para para participar de las sesiones del Congreso por decisión del juez de la causa Gustavo Amarilla.

La abogada querellante en un caso de abuso sexual en niños, Norma Girala, denunció a nuestro medio que un tribunal a medida benefició en un fallo contradictorio a un excomisario acusado de haber abusado de su nieta de 12 años.

El tribunal de sentencia del Saltos del Guairá, presidido por Benito González e integrado por los jueces Gustavo Villaverde y Bonifacio Rojas, por unanimidad anuló la causa por no darle el Ministerio Público «suficiente» oportunidad al acusado para declarar.

La querellante lamentó que el tribunal no dio validez al acta de declaración indagatoria del acusado, quien se abstuvo de declarar y se negó a firmar el acta, lo que fue asentado por el fiscal de la causa en el acta, pero para el tribunal, el fiscal debió tener otros dos testigos que firmen el acta con él. Además, el tribunal señaló que el agente fiscal debió llamarle más de una vez al procesado para su indagatoria y al no darle dicha oportunidad anuló el proceso por el abuso sexual de una niña de 12 años.

«Al iniciarse el juicio, la defensa presentó el pedido de nulidad de acusación por falta de oportunidad suficiente para la declaración del acusado, porque supuestamente no tenía la firma del acusado ni del abogado. Ameritaba que sea rechazado el incidente, la ley establece claramente la formalidad del acta, ya que se trata de un instrumento público. El fiscal dejó constancia en acta de que el acusado se abstuvo de declarar y de firmar el acta, pero el tribunal refirió que el fiscal debió buscar dos testigos para que firmen el acta y que llamarle una sola vez a una persona a declarar no es suficiente oportunidad. Nos quedamos helados, no puedes obligar al acusado a declarar, la ley o decir que tienes que darle cinco ni diez veces la oportunidad de hacerlo. No se puede decir alegremente que no se le dio oportunidad suficiente al procesado y con eso anular un caso tan grave como este, donde el acusado está sospechado de haber abusado de su nieta», señaló la abogada Norma Girala, quien ejerce la querella en la causa.

Agregó que apelarán el fallo notoriamente contradictorio, sumado a la conducta reprochable del articulador de esta absolución, quien fungió de presidente del tribunal, el juez Benito González. «Nos dolió todo esto, este juez mostró un interés inusual en la causa, se apropió del expediente cuando la presidenta del tribunal salió de vacaciones, y él aprovechó y adelantó el inicio del juicio. Él es el articulador de este fallo, ni tuvo el valor de levantar la cara para explicarnos su sentencia», acotó Girala.

Por último, dijo que denunciaron todas las arbitrariedades e injusticias procesales y se hizo caso omiso al pedido de auditoría que solicitaron, lo que hace notar la hipocresía por parte de la administración de justicia para dar una respuesta a la niñez de este país que está siendo abusada. Agregó que analizan presentar denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los tres jueces de sentencia.

El tribunal de sentencia presidido por el juez Darío Estigarribia e integrado por los jueces Shirley Morales y Marizza Meza, condeno a 25 años de prisión a un ciudadano uruguayo que sometió sexualmente a sus dos hijas pequeñas.

Las víctimas tenían solo 10 y 11 años al momento en que fueron sometidas de parte de su padre, quien además de los abusos las maltrataba físicamente y las tenía amenazadas.

Un día una de ellas cansada de los abusos, relato a su profesora que ya no querían regresar a su casa a consecuencia del abuso y los maltratos que recibían constantemente de su padre, y a fin de salvaguardar la integridad de su hermana menor de ser sometida por su progenitor.

La docente de la niña aplico el protocolo para casos de abusos y con ello se inició la investigación por parte del Ministerio Publico.

Para la condena fueron determinante las distintas diligencias y elementos expuestos durante la sustanciación del juicio por el agente Fiscal Pablo Zarate, como las pericias psicológicas, las declaraciones de las docentes, diagnósticos médicos, la declaración en cámara Gesell de las víctimas, entre otros.

«Es una condena ejemplar, creo que viene muy bien porque es impresionante la cantidad de casos de abuso sexual en niños que tenemos a nivel país», señaló el fiscal del caso Pablo Zárate.

El abuso sexual en niños es un hecho punible que en un 80% de los casos, se produce en el entorno familiar.