El juez José Agustín Delmás elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra el exgobernador de Central, Hugo Javier González, procesado por lesión de confianza y otros hechos punibles que resultaron en un perjuicio patrimonial millonario, según la acusación de la fiscalía.

De los 17 acusados, diez avanzan a la siguiente etapa del proceso debido a un presunto desvío de G. 18.300 millones. Otros siete imputados tienen salidas procesales a cambio de donaciones millonarias, por decisión del juez de la causa, José Agustín Delmás.

La audiencia preliminar comenzó ayer y hoy concluyó con la resolución del magistrado que envía a más de la mitad de los acusados a juicio oral, otorgando salidas alternativas al juicio para otros procesados que admitieron los hechos. Estos últimos tendrán que cumplir ciertas reglas de conducta además de realizar donaciones de dinero.

La acusación sostiene que desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó indebidamente la suma de G. 24.424.032.733 en concepto de aportes a entidades privadas sin fines de lucro para solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo. Sin embargo, estos desembolsos resultaron en un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G. 18.384.427.005. Según el Ministerio Público, este monto millonario carece de respaldo documental y se desconoce el destino del dinero.

Esta es la segunda causa abierta contra el exgobernador por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos que supuestamente se habrían cometido en la Gobernación.

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El juez penal de garantías, Yoan Paul López, ordenó la prisión preventiva de Óscar Zárate, docente de una joven que fue llevada a un motel, donde fue sometida y luego entregada a Justo Zarza, dueño del motel.

Ambos están imputados por presuntamente abusar de una joven estudiante de 16 años que, después de lo ocurrido, decidió quitarse la vida.

El juez decretó la prisión preventiva de ambos procesados, teniendo en consideración la gravedad del hecho, la posible fuga y la obstrucción de la investigación.

El Ministerio Público presentó imputación por coacción sexual, violación, abuso sexual a una persona bajo tutela y estupro, donde resultó víctima una estudiante de solo 16 años de edad que, tras pasar por esta situación, se quitó la vida.

En su declaración, la directora del colegio donde acudía la víctima y el docente señaló al Ministerio Público que, en más de una ocasión, le había llamado la atención al docente por el trato que tenía hacia la estudiante.

El fiscal Marcial Machado es quien lleva adelante la investigación en representación del Ministerio Público y se encuentra en plena fase inicial.

El senador Rafael Filizzola, está procesado por presunta lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial acusado por la fiscalía tras las mejoras ejecutadas en su momento en las celdas de las comisarías. Esta causa fue declarada prescripta respecto a todos los procesados debido al transcurso del tiempo, pero no así con relación al senador.

Con la suspensión de sus fueros, la justicia no tiene impedimento para la prosecución del proceso abierto al exministro del Interior por presunta lesión de confianza. El Ministerio Público considera que las obras ejecutadas no eran necesarias.

Sin embargo, el actual senador alega que el Estado asumió la obligación de garantizar condiciones adecuadas para las personas bajo su custodia, como lo recomiendan varios organismos de Derechos Humanos, incluido el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.

Agregó que el plazo de ejecución del contrato seguía en vigencia cuando dejó el Ministerio del Interior, por lo que no podía ser responsable de la ejecución de la póliza al no ser ya ministro.

«La causa se inició en el año 2013 y, básicamente, se trata de obras de adecuación de comisarías. No se trató de la construcción de comisarías, como se ha dicho públicamente en muchas ocasiones, sino de su adecuación. Ni siquiera se trataba de adecuar las comisarías en su totalidad, sino solo las celdas de las comisarías. Estas obras se iniciaron durante mi administración, pero las dejé de ser ministro en junio de 2011, y el contrato tenía que concluir a finales de agosto de 2011. Después de que dejé mi cargo, las obras dejaron de ejecutarse, y desconozco los motivos por los que no se completaron al 100%. Es falso que haya habido un perjuicio de 1,000 y pico de millones, como dice la fiscalía, porque el total del contrato fue de 1,100 millones y las obras se ejecutaron parcialmente», explicó Filizzola al momento de exponer su caso ante sus colegas y pedir que se aceptara su desafuero, ya que considera que los fueros no deben ser un impedimento para que la justicia actúe.

También añadió que su defensa no presentó artimañas en este proceso, ya que fue el Ministerio Público quien recusó en dos ocasiones a los ministros de la Corte, en cuatro ocasiones. La justicia debe convocarlo para su audiencia preliminar.

El Ministerio Público presentó sus alegatos finales este miércoles en la causa abierta contra Justo Ferreira, presidente de Insumos Médicos, para quien se solicitó seis años de cárcel, al igual que para su hija, Patricia Ferreira, por ingresar al país 50 camas de terapia sin pagar impuestos.

El Ministerio Público pidió seis años de cárcel por los delitos de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, considerándolos coautores.

Mientras que para el despachante de Aduana, Carlos Gamarra, se solicitaron 4 años de prisión por contrabando en calidad de coautor y asociación criminal, ya que, según la fiscalía, prestó servicios para la organización criminal liderada por Justo Ferreira.

Para los funcionarios Guillermo Molina y Gustavo Acosta, la fiscalía pidió 5 años de cárcel por haber colaborado con la organización criminal al ingresar mercaderías de manera irregular al país. Como funcionarios públicos, tienen una mayor responsabilidad en el hecho investigado.

Según los fiscales Osmar Legal y otros, se probó el hecho investigado, demostrando que nunca hubo la intención de ingresar las 50 camas de manera legal. Se valieron de funcionarios de aduanas para rectificar el ingreso irregular de la mercadería y buscaron siempre el beneficio propio, evitando el pago de impuestos por estas mercaderías.

«Quedó claramente demostrado que son coautores de contrabando, asociación criminal y producción de documentos falsos. Justo Ferreira era el líder de la organización dedicada a introducir al país mercaderías de manera irregular. Realizaron 10 despachos, y la firma iMedic incluso entregó facturas falsas. Con todas las pruebas se corrobora el comportamiento de los acusados al introducir dichas mercaderías al país sin pagar los impuestos», afirmaron los fiscales en sus alegatos finales.

El juicio oral se reanudará el próximo 2 de noviembre con los alegatos de la defensa.

El Ministerio Público pidió el rechazo de la acción de inconstitucionalidad pretendida por el abogado Carmelo Caballero, condenado por tráfico de influencia por su participación en el esquema de Óscar González Daher.

El dictamen sostiene que la acción de inconstitucionalidad presentada por el procesado no cumple con los requisitos, ya que en el proceso no se ha vulnerado ninguna garantía del procesado.

Agrega que se pide el rechazo de la acción presentada por Caballero, ya que la naturaleza de la acción debe sujetarse a las exigencias de las normas procesales correspondientes. Por ende, su presentación no puede ser caprichosa o simplista.

Es importante advertir que la acción de inconstitucionalidad apunta esencialmente a determinar si se han observado las garantías del debido proceso, representadas por el cumplimiento del ejercicio de la defensa en juicio, de los principios de contradicción, bilateralidad, entre otros.

También cabe destacar que, para plantear una acción de inconstitucionalidad dirigida contra las resoluciones judiciales, la vulneración de algún principio o norma constitucional que invoque el impugnante debe ser clara y concretamente producida en el pronunciamiento judicial en un caso concreto.

Además, deberán describirse los fundamentos de hecho y de derecho en los que basa la acción, y no la mera invocación de la violación de normas, garantías o principios constitucionales. De no ser así, resultaría imposible para la Corte Suprema de Justicia comprender el verdadero propósito del accionante.

Según la fiscalía, no hay razón que amerite considerar las decisiones atacadas como arbitrarias o que se hayan violado principios y garantías que hacen al debido proceso.

El dictamen continúa diciendo que corresponde recordar que la acción de inconstitucionalidad constituye una vía de carácter excepcional, prevista para salvaguardar los principios y derechos contenidos en la Constitución Nacional. Por lo tanto, no es la vía para entender en cuestiones de fondo y forma que tienen su ámbito natural de dilucidación en las instancias adecuadas. No puede, por tanto, abrirse nuevamente el debate de cuestiones ya tratadas oportunamente, pues ello daría lugar a una tercera instancia con su consiguiente desnaturalización.

Teniendo en cuenta la situación que plantea esta acción y en atención a lo anteriormente expuesto, se estima que evidentemente no hay razón que amerite considerar la decisión como arbitraria o que se hayan violado principios y garantías señalados por el recurrente. Por lo tanto, corresponde el rechazo de la inconstitucionalidad presentada por el abogado Carmelo Caballero.

Firman el dictamen los fiscales Natalia Fuster, Susy Riquelme y Rodrigo Estigarribia.

En esta causa está pendiente el juicio oral y público tanto para Carmelo Caballero como para el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann, quienes también serán juzgados en esta oportunidad por el tipo penal de asociación criminal.

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La jueza Clara Ruiz Díaz rechazó el pedido de libertad ambulatoria solicitado por el funcionario Randolf Carlos Daniel Gaona Presentado, imputado por presuntamente formar parte de un supuesto esquema dedicado a falsificar resoluciones judiciales.

Este funcionario fue detenido con Raul Guerrero Ugarte, tras varios allanamientos por parte de la agente fiscal Irma Llano quien se encuentra investigando la causa tras la denuncia realizada por la dirección de tecnología de la Corte Suprema de Justicia que al percatarse de la irregularidad comunicó al Ministerio Público.

Los funcionarios soportan proceso por acceso indebido a datos, producción de documentos no auténticos y manipulación de traficaciones técnicas, por el concurso de hechos punibles se requirió la prisión preventiva que seguirá siendo cumplida por decisión de la magistrada interina de la causa, Clara Ruiz Díaz.

Según el relato de hechos del Ministerio Público, se ha creado documentos de contenido falso con código QR que direcciona a un dominio que no corresponde a la del poder judicial y dan como autentica pero, al realizar la verificación de las mismas, no existen. La gravedad del hecho se debe a que dichos documentos falsos son en algunos casos sobre resoluciones judiciales electrónicas del Poder Judicial de la República del Paraguay, identificándose varios documentos con dichas características.