El Ministerio Público pidió el rechazo de la acción de inconstitucionalidad pretendida por el abogado Carmelo Caballero, condenado por tráfico de influencia por su participación en el esquema de Óscar González Daher.
El dictamen sostiene que la acción de inconstitucionalidad presentada por el procesado no cumple con los requisitos, ya que en el proceso no se ha vulnerado ninguna garantía del procesado.
Agrega que se pide el rechazo de la acción presentada por Caballero, ya que la naturaleza de la acción debe sujetarse a las exigencias de las normas procesales correspondientes. Por ende, su presentación no puede ser caprichosa o simplista.
Es importante advertir que la acción de inconstitucionalidad apunta esencialmente a determinar si se han observado las garantías del debido proceso, representadas por el cumplimiento del ejercicio de la defensa en juicio, de los principios de contradicción, bilateralidad, entre otros.
También cabe destacar que, para plantear una acción de inconstitucionalidad dirigida contra las resoluciones judiciales, la vulneración de algún principio o norma constitucional que invoque el impugnante debe ser clara y concretamente producida en el pronunciamiento judicial en un caso concreto.
Además, deberán describirse los fundamentos de hecho y de derecho en los que basa la acción, y no la mera invocación de la violación de normas, garantías o principios constitucionales. De no ser así, resultaría imposible para la Corte Suprema de Justicia comprender el verdadero propósito del accionante.
Según la fiscalía, no hay razón que amerite considerar las decisiones atacadas como arbitrarias o que se hayan violado principios y garantías que hacen al debido proceso.
El dictamen continúa diciendo que corresponde recordar que la acción de inconstitucionalidad constituye una vía de carácter excepcional, prevista para salvaguardar los principios y derechos contenidos en la Constitución Nacional. Por lo tanto, no es la vía para entender en cuestiones de fondo y forma que tienen su ámbito natural de dilucidación en las instancias adecuadas. No puede, por tanto, abrirse nuevamente el debate de cuestiones ya tratadas oportunamente, pues ello daría lugar a una tercera instancia con su consiguiente desnaturalización.
Teniendo en cuenta la situación que plantea esta acción y en atención a lo anteriormente expuesto, se estima que evidentemente no hay razón que amerite considerar la decisión como arbitraria o que se hayan violado principios y garantías señalados por el recurrente. Por lo tanto, corresponde el rechazo de la inconstitucionalidad presentada por el abogado Carmelo Caballero.
Firman el dictamen los fiscales Natalia Fuster, Susy Riquelme y Rodrigo Estigarribia.
En esta causa está pendiente el juicio oral y público tanto para Carmelo Caballero como para el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann, quienes también serán juzgados en esta oportunidad por el tipo penal de asociación criminal.
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