El camarista especializado Gustavo Amarilla Arnica, habló desde su experiencia de las otras formas de amenaza que perpetra el crimen organizado. Aquellas que según dijo, son invisibles pero que perturba al operador de justicia y es la presión.

Señaló, que fuera de las amenazas físicas que puede recibir un operador de la administración de justicia, existe otro de los mayores ataques como son las presiones que constituyen una amenaza invisible que no hay que perder de vista ya que es una forma que impide al juez o al fiscal el trabajar armónicamente con la imparcialidad que requiere el cargo.

“Lo digo por experiencia, la mayor amenaza del crimen organizado está dado por no permitirle al juez o a ese agente fiscal trabajar con su lapicera a partir de la presión que ejercen en el marco de la influencia que tiene el crimen organizado en muchas esferas de poder. Esa es la presión que yo digo con mucha base es la más cotidiana o común de atentar contra el trabajo seguro de un operador de justicia”, manifestó el camarista Gustavo Amarilla.

Agregó que el cremen organizado se instala en primer lugar para ejercer presión sobre los operadores de justicia en forma sigilosa que uno no lo nota ya que no se hace de forma pública, al no tratarse de un atentado directo, pero, hace invivible al operador de justicia al momento de tomar una decisión.

Subrayó que estas amenazas concretas van desde el anuncio a ser enviado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por cualquier motivo sin que esté tan siquiera relacionado al caso, hacia la familia del operador de justicia buscando de esa forma tratar de incidir en la decisión que debe tomar un representante de la justicia.

La intervención del camarista especializado fue durante el conversatorio regional sobre seguridad de jueces y fiscales ante el avance del crimen organizado desarrollado en nuestro país la semana pasada.

Gustavo Amarilla tiene una amplia y destacada trayectoria dentro del sistema de justicia, es uno de los jueces más honestos de la administración de justicia. El magistrado tiene una lista interminable de cursos a nivel local e internacional, ya que considera que el manejo de la criminalidad compleja implica para los operadores del sistema una capacitación constante para estar a la altura de los desafíos que cada vez son más grandes.

Amarrilla Arnica, lleva trabajando 28 años en el sistema de justicia, de los cuales 21 años viene desempeñándose como juez de primera instancia en sentencia; luego en Garantías penales, iniciándose como juez antidrogas con competencia a nivel territorial; luego en delitos económicos y anticorrupción, y desde hace unos años es uno de los magistrados que integra el fuero penal especializado como juez especializado contra el crimen organizado.

El doctor Delio Vera Navarro actual presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay AJP, cumple 35 años en la magistratura nacional. Resaltó que ser un juez es un privilegio y que implica mucha responsabilidad por lo que instó a sus colegas a cumplir su deber con valentía y coraje.

Agregó que, cumplir 35 años como magistrado es una gran satisfacción y que siempre ha buscado que sus decisiones estén ajustado a derecho y compromiso que requiere el cargo que son puntales para recuperar la imagen del Poder Judicial.

Comentó, que el magistrado debe estar apegado a la legalidad y la norma y que una justicia del siglo XXI requiere de un juzgador más humano que debe tener un profundo respeto a los derechos de los más vulnerables.

«Insto a mis colegas a seguir trabajando como lo venimos haciendo, la ciudadanía espera mucho de nosotros los jueces. Tenemos que levantar la figura del concepto del juez y asumir el compromiso de combatir la mora judicial y la corrupción» señaló a nuestro medio el doctor Delio Vera Navarro.

Vera Navarro, lidera uno de los gremios con mucha autocrítica al sistema de justicia y que ha instalado a sus agremiados a tener al día sus despachos y estar permanentemente actualizados.

Durante el Conversatorio Regional sobre Seguridad de Jueces y Fiscales frente al Crimen Organizado, el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay AJP, Delio Vera Navarro, señaló que los operadores del sistema requieren de una protección integral para impartir justicia con independencia como lo requiere la judicatura.

Comentó, que un juez amenazado en su integridad es una persona que podría fallar en su misión de impartir justicia, que, ante el frenético crecimiento del crimen organizado es necesario que esta se afronte coordinadamente con todos los actores del Estado.

Agregó que en la actualidad la Asociación de Jueces se encuentra trabajando en un protocolo de seguridad para los jueces de la República que será puesta a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia próximamente. Este Manual tiene como objetivo principal brindar un entorno seguro para la función judicial y especialmente a los jueces que realizan labores en el fuero especializado contra el crimen organizado.

“Estamos compelidos a brindar una verdadera protección integral a los operadores de justicia porque un juez que se ve amenazado ya sea personalmente o su entorno familiar se encuentra con la enorme dificultad de poder ejercer su función con tranquilidad y objetividad que requiere la judicatura”, señaló el camarista Delio Vera Navarro presidente de la Aso de Jueces.

Por otro lado, señaló que los jueces de Paraguay no tienen ni donde estacionar sus vehículos y que ingresan caminando a los tribunales, que aún existe mucho camino que recorrer para lograr la seguridad que necesitan los jueces ya que constituye una riesgo innecesario.

Recordó que Paraguay ya ha vivido tragedias respecto a los operadores de justicia que han sido asesinados incluso en su propio despacho como la jueza Diana Mereles.

Así como las amenazas con disparos de arma de fuego en el domicilio de magistradas que ejercen funciones en la frontera, que el gremio viene realizando numerosas reuniones con autoridades encargadas de la seguridad en nuestro país, tendientes a proteger a los operadores de justicia, que las amenazas no son hechos aislados sino muy repetitivos en las zonas fronterizas del país.

Remarcó, que es necesario brindar una protección a los jueces y fiscales que son piezas claves para preservar la legalidad y el orden y no se puede permitir que el crimen organizado intimide o silencie a los que imparten justicia, que la ley debe ser aplicada sin miedo, concluyó.