El juez Miguel Palacios hizo lugar a lo resuelto por la cámara de apelaciones que volvió a remitir al Ministerio Público la imputación por presunto título falso contra el senador Hernán Rivas por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma.

El Ministerio Público tiene diez Díaz para emitir su dictamen y corregir los errores procesales advertidos por los camaristas que ya en dos oportunidades están devolviendo la imputación contra Rivas.

Además, le señalaron al juez de la causa Miguel Palacios que, en las circunstancias actuales del escrito de imputación, no debió admitir por segunda vez la imputación contra Rivas ya que no cuenta con los requisitos legales.

Los camaristas señalan que la imputación contra Hernán Rivas cuenta con errores procesales que deben ser corregidos y que esta situación ya lo habían advertido en su oportunidad en la resolución de marzo pasado. Que en base a la acordada 1.631 de la Corte Suprema de Justicia el Poder Judicial está obligado a ejercer el control jurisdiccional sobre los planteamientos fiscales.

Agregan que al presentarse la imputación se debe poner a conocimiento del imputado el hecho punible que se atribuye, el grado de sospecha y permitirle su derecho a la defensa, es decir describir la conducta que se le atribuye al imputado, así como otras circunstancias determinantes para subsumirla en el tipo penal con la especificación del lugar y tiempo.

Que, el juez tiene la obligación de iniciar el procedimiento una vez verificada todas las cuestiones señaladas y toda vez que se cumplan los presupuestos legales situación que no ocurre con la imputación de Hernán Rivas, según los camaristas.

“En concreto tanto el juez como el Ministerio Público hicieron caso omiso a lo señalado por esta magistratura, pues en el caso de la fiscalía no han corregido los errores procesales señalados, sino más bien se limitaron a justificar las actuaciones realizadas en el acta de imputación presentada. En efecto, estamos ante un caso de aplicación de la ley segregada y parcial. El Ministerio Público ha tenido una actitud ambivalente y dubitativa”, señala parte de la decisión unánime de alzada. Integran esta cámara de apelación, Delio Vera Navarro, Agustín Fernández y Bibiana Benítez.

Por ende, en base a esta explicación vuelven a enviar al Ministerio Público la imputación para que se argumente con precisión la imputación del senador Hernán Rivas, sospechado de tener un título falso de abogado que lo uso para acceder a la matrícula y a su vez con ello ocupar cargos en el JEM.

Un hombre fue condenado a 17 años de cárcel por abuso sexual en niños, coacción y violación. La víctima es su hija biológica quien fue sometida desde la corta edad de 12 años.

A los 13 años la niña ya había quedado embarazada de su agresor y obligada a abortar. La víctima soportó por años esta situación hasta que finalmente contó lo que estaba viviendo.

El agente fiscal Gerardo Chamorro, representó al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 17 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación. El mismo fue hallado culpable de vulnerar a su hija biológica desde que la niña tenía solo 12 años.

Para el Tribunal las pruebas ofrecidas en el juicio oral y público fue determinante para aplicar la condena de 17 años al hombre acusado de cometer tres hechos punibles.

La denuncia fue realizada de forma escrita por la víctima, en la que sindicó como autor del hecho a su padre, manifestando que desde el año 2012, cuando tenía 12 años, el sentenciado comenzó a vulnerarla con manoseos. Posteriormente, la primera vez que abusó sexualmente de la misma, fue llevada por el victimario hasta un motel, siendo sometida bajo amenazas con arma de fuego.

Los abusos siguieron de forma sistemática e incluso quedó embarazada a los 13 años, y el hoy condenado la obligó a abortar. A pesar de ello, continuaba vulnerándola hasta que la misma presentó la denuncia.

A pedido del Ministerio Público la jueza Cynthia Lovera sobreseyó definitivamente a uno de los jóvenes imputados en su momento por la golpiza que sufrió Benjamín Zapag en la discoteca Morgan.

Para el Ministerio Público Marcello Fretes Laterra no tuvo ninguna participación en la agresión que sufrió Benjamín Zapag, por lo que ha retirado la acusación.

“Es posible concluir que, en el presente caso, queda acreditado que Marcello Giovanni Fretes Laterra no tuvo participación en ningún grado en las acciones que causaron lesiones a Benjamín Zapag. Su actuación se limitó a los gritos que, según uno de los testigos, también fueron respondidos con gritos por tarte de Benjamín Zapag”, señala parte del dictamen de la fiscal adjunta Lourdes Samaniego.

Esta postura fue ratificada por la fiscal Carlas Rojas en la audiencia de este martes, luego de lo cual se dio por archivado el proceso respecto al joven quien queda desvinculado definitivamente del proceso penal.

Más de 1.000 armas incautadas en el operativo «Dakovo» donde se desbarató una estructura de tráfico de armas ahora pasan a manos de la Policía Nacional para el combate contra el crimen organizado.

Las armas pertenecían al argentino Diego Dirisio de la firma IAS, quien se encuentra detenido e imputado como uno de los principales líderes de esta estructura criminal.

La justicia entregó a la policía fusiles y pistolas que fueron Incautados durante el operativo denominado » Dakovo» ejecutado en diciembre del año pasado donde se desmantelo una estructura de tráfico de armas que tenía conexiones con estructuras criminales del Brasil.

La operación se realizó en diciembre del año pasado donde fueron detenidos jefes militares, gestores, vendedores y el propietario de la empresa importadora de armas Internacional Auto Supply, el argentino Diego Dirisio. En esa oportunidad fueron decomisadas 2.300 armas que debían ser destinados a facciones criminales brasileñas, según las investigaciones.

Son en total 1.170 armas las que se entregaron a los agentes de la Fope, Agrupación Especializada y Lince bajo la figura de depositarios judiciales.

La jueza penal de garantías del fuero especializado contra el crimen organizado Lici Sánchez fue quien ordenó la entrega. Explicó que también se entregó otro lote de armas a las Fuerzas Armadas y que existe un desafío a nivel internacional para el combate contra las organizaciones criminales organizadas.

«Esa es la finalidad de este acto. Que las armas incautadas tengan un buen uso, en este caso dotar insumos a las fuerzas públicas», señaló Lici Sánche.

Las Fuerzas Armadas recibieron en junio pasado tanto fusiles como pistolas del mismo operativo.

El tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio oral y público respecto al exgobernador de Central Hugo Javier González y otros, rechazó los incidentes de nulidad de la acusación planteada por varias defensas. Para el tribunal no existe vicios en la acusación que deban ser revisadas.

La presidenta del tribunal Karina Cáceres explicó que la acusación versa sobre los hechos y relata la conducta de cada acusado por ende cumple con todos los requisitos. Igualmente, el tribunal rechazó la acumulación de causa solicitada por una de las defensas.

Los fiscales que representan al Ministerio Público en este juicio oral pidieron este martes al tribunal de sentencia rechazar los incidentes de nulidad de la acusación fiscal tanto por la falta de descripción de hechos como por indefensión como lo pide las defensas.

Mencionan los fiscales Francisco Cabrera, Néstor Coronel y Diego Arzamendia que, es falsa la alegación de las defensas que sostiene que no pudieron defenderse debidamente al no acceder a las pruebas ya que estas contenían defectos sin embargo, según la fiscalía estas defensas si accedieron en todo momento a la carpeta fiscal y estas mismas cuestiones ya fueron discutidas en la audiencia preliminar, a lo que el tribunal hizo lugar.

Los fiscales ratificaron que la acusación contiene todos los requisitos legales establecidos, que si existe una descripción fáctica de los hechos, que existe el relato de la conducta desplegada por cada acusado al igual que el perjuicio patrimonial y los hechos punibles de los cuales se les acusa.

“Si la conducta se subsume en la conducta penal acusada, eso se va a discutir en este juicio, cada parte hará su alegación sobre esas pruebas, que es el objeto de este debate y ya después el tribunal resolverá en consecuencia”, señaló el fiscal Cabrera.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.

Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres. El Ministerio Público acusa un perjuicio patrimonial de G 5.100 millones a la gobernación de Central.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En conversación con a nuestro medio el fiscal Lorenzo Lezcano señaló que, según las pruebas producidas en el juicio oral y público contra la mujer, confirman que Laura Villalba era la enfermera del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

El fiscal comento que Villalba recibió instrucción militar por parte del EPP y eso tiene como probarlo además de ella se encargaba por sus conocimientos de enfermería de sanar a aquellos heridos del grupo.

 Agregó que ella se había escapado luego del enfrentamiento del grupo con la FTC donde murió Lucio Silva y que ya un mes después fue detenida y se encuentra afrontando juicio oral por varios hechos punibles.

La diligencia continúa en la etapa de declaración de testigos y la producción de otros medios de prueba. El Ministerio Público confía en los elementos de convicción que pone a conocimiento del tribunal de sentencia serán suficientes para lograr una condena.

La mujer fue acusada por el Ministerio Público por asociación terrorista, producción de riesgos comunes y otros. Laura Villalba está sindicada de integrar el grupo criminal EPP y de cumplir funciones de enfermera.

Laura Villalba fue detenida en el 2020 y se la acusa de integrar el grupo criminal que ha perpetrado numerosos secuestros y atentados en el país.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta de mujer está integrado por los jueces: María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk.

El juez especializado Osmar Legal volvió a convocar al senador Erico Galeano para audiencia preliminar el próximo 15 de julio a las 8:00. Es la tercera vez que se le cita al acusado para esta diligencia en el marco de la causa que soporta por supuestamente estar al servicio del crimen organizado.

Tras ser confirmado como el juez de la causa Osmar Legal volvió a convocar a las partes para la preliminar donde se resolverá si la causa será elevada a la siguiente etapa de juicio oral.

El senador colorado Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también le brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfran Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata la acusación que debe ser debatida en la audiencia preliminar.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultraza PY, que fue el mayor operativo contra el crimen organizado en nuestro país que contó con la colaboración de la DEA, EUROPOL, la Policía uruguaya y la Senad.