Según un informe elaborado por la Oficina Técnica Penal OTP, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y otras dependencias del Poder Judicial se detectó un total de 1.000 casos de personas con varios procesos penales que se encuentran en rebeldía y por ende, con sus casos paralizados.
Con este informe ya socializado a los magistrados a nivel país, la Sala Penal encara un primer paso y ambicioso proyecto de combatir fuertemente la mora judicial instando a los jueces a convocar a audiencias a estos 500 procesados en principio y levantar la rebeldía que pesa en contra de los mismos para luego pasar al resto de las personas cuyos casos están en mora.
El sistema penal atraviesa por una saturación especialmente en la etapa de juicios orales, donde los tribunales se encuentran saturados de juicios con fechas de audiencias marcadas ya incluso para el 2025.
Consultada por nuestro medio la coordinadora de la OTP la camarista especializada Silvana Luraghi, señaló que el plan abarca tres etapas fundamentales, como la entrega del listado de los casos varados a los magistrados, la realización de audiencias y ya luego la auditoría de gestión sobre el resultado de las audiencias.
“Aproximadamente de todo el país es un listado de 1000 casos, pero, el proyecto en principio se hará en central y capital que son aproximadamente 500 casos penales. La finalidad es realizar las audiencias y darle la salida procesal correspondiente como por ej: sentencias, u otros modos conclusivos del proceso penal. Las audiencias a ser realizadas son en los casos de personas privadas de libertad que se encuentran en distintas cárceles del país y que tienen otros procesos penales donde figuran como prófugos y en rebeldía. Entonces, a los efectos de levantar el estado de rebeldía y proseguir con el trascurso normal del procedimiento se realizarán las audiencias con el fin de que las causas que se encuentran paralizadas lleguen a ser finiquitadas conforme a las investigaciones y decisiones que se tomen en torno al caso”, comentó Luraghi.
La problemática fue detectada por el Ministerio de Justicia quienes expusieron la situación a la Oficina Técnica Penal y a la dirección de informática quienes elaboraron un listado a través de los antecedentes penales de las personas privadas de libertad.
La camarista subrayó que este proyecto busca destrabar los procesos penales y finiquitarlos en la lucha frontal contra la mora judicial y darle respuestas a los justiciables.
