La jueza especializada Rosarito Montanía hizo lugar al criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público respecto a Federico Ezequiel Santoro Vasallo, con lo que allana el camino para ser entrado al país requirente.

La medida se toma en el marco de un pedido de extradición proveniente de los Estados Unidos que solicita la remisión de Santoro en ese país para responder cargos por conspiración para cometer lavado de dinero entre otros tipos penales, exponiéndose a una pena carcelaria de 20 años.

El extraditable Federico Ezequiel Santoro Vasallo, ciudadano uruguayo fue detenido en agosto pasado en nuestro país. La justicia local con esta orden lo libera del proceso penal que soporta y así cumplir con el pedido de los Estados Unidos.

El hombre es considerado mano derecha del presunto narcotraficante Sebastián Marset, señalado por el Ministerio Público como el líder de una organización criminal que enviaba cocaína a Europa desde Paraguay. Esta organización criminal fue desbaratada con el operativo A Ultranza Py causa en la que está imputado Sebastián Marset.

Marset, es el narcotraficante más buscado en los últimos tiempos y ha venido esquivando a la justicia desde hace años con la complicidad que encuentra en diferentes países, incluyendo el nuestro.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia a pedido de la Sala Penal, emplazo por 15 a todos los jueces de Ejecución Penal del país a informar sobre los condenados que están cumpliendo sus sentencias en arresto domiciliario.

La máxima instancia busca saber las condiciones en las que fueron otorgadas esas medidas a los condenados. Esto surge luego del escándalo que salpica a la justicia con el otorgamiento de arresto a un narcotraficante condenado a 24 años de cárcel beneficiado con esa medida por la jueza Laura Benítez de Itapúa.

Tras cumplir solo 4 de los 24 años que le aplicó la justicia solicitó un arresto domiciliario en mayo de este año y la jueza de ejecución de Itapúa Laura Benítez le concedió el arresto domiciliario para cumplirlo en un domicilio de Itapúa, decisión que en la semana ya fue violada.

La ministra Carolina Llanes fue quien solicitó el pedido de emplazamiento a los jueces, luego de conversar con sus colegas Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera para requerir estos informes a los jueces encargados de ejecutar las condenas de las personas sentenciadas.

“En conversación con los integrantes de la Sala Penal, hemos decidido solicitar a todos los jueces de ejecución penal de la República a informar en un plazo de quince días al Consejo de Superintendencia en relación a las medidas de prisión domiciliaria u otra medida que permita a los condenados a pena privativa de libertad a cumplir su condena fuera de la penitenciaría. Esto, a los efectos que una vez entregado esos informes estarán sujetos a un control aleatorio por parte de la Dirección de Auditoría y Control Jurisdiccional asimismo solicitaremos a la Dirección de Estadística del Poder Judicial la información para cruzar los informes”, señaló la doctora Carolina Llanes a sus pares durante la sesión de este miércoles.

Una vez escuchado el pedido de la ministra Carolina Llanes, los ministros en pleno aprobaron el pedido de informe a los jueces de Ejecución Penal quienes conceden medidas extraordinarias a personas que no deben ser beneficiadas. La intención de la Corte es ejercer un control sobre los jueces de esta etapa del proceso cuya labor es vital para hacer cumplir las sentencias y quienes hoy están en la mira la máxima instancia.

Muchos jueces terminan sucumbiendo a la corrupción y acceden a pedidos oscuros por parte de los condenados que buscan distintas maniobras desde simular un pésimo estado de salud o directamente ofrecen dinero para lograr favores judiciales que les permitan cumplir sus condenas en la comodidad de su casa.

Del recuento de las audiencias preliminares suspendidas y realizadas en los juzgados de garantías de Capital, en la semana del 17 al 21 de junio, surge que estas diligencias son suspendidas en su mayoría a pedido de las partes.

De las 31 audiencias no diligenciadas en esta semana, 12 fueron a pedido de las defensas privadas, 11 a pedido del Ministerio Público y 8 a pedido de la Defensa Pública.

Mientras que las otras razones por las que no se realizaron estas audiencias 20 fueron por planteamientos procesales, 2 falta de notificación y 3, renuncia de defensa.

Según el reporte de la semana mencionada se detalla que se diligenciaron 53% de las audiencias programadas, lo que corresponde a 73 realizadas, en tanto que 64 fueron suspendidas, representando esto un 47%.

De las 64 audiencias preliminares suspendidas, 31 fueron por pedidos de suspensión, 20 por incomparecencia y 3 por renuncia de la defensa. Igualmente, 2 por falta de notificación y 8 por planteos procesales.

El informe contempla las audiencias preliminares programadas por los juzgados penales de garantías de Capital y de delitos económicos, los juzgados penales de la adolescencia Primer Turno y Segundo Turno, y los especializados en crimen organizado, 1er, 2do y 3er turnos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Roberto Osorio de ocho años de cárcel por el negociado de los combustibles en la Policía Nacional.

Osorio, ya cumple su condena en la Agrupación Especializada, el hombre por condenado por enriquecimiento ilícito, por probarse en juicio su participación en el negociado con combustible.

La condena respecto a su esposa Ada Liz Da Rosa de cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad por lavado de dinero, también quedó firme con el fallo de la Corte.

Los fiscales Luis Piñanez y Natalia Fuster, representaron en este juicio al Ministerio Público y lograron demostrar los extremos de la acusación y por ende la aplicación de la condena solicitada por la fiscalía por hechos punibles probados en juicio de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La sentencia fue dictada en su momento por los jueces, Juan Pablo Mendoza, como presidente y los miembros, Laura Ocampo y Fabián Weisensee.

La jueza Rosarito Montanía cito para el próximo 18 de julio a las 09:00 de la mañana a Miguel Insfrán alías Tío Rico, acusado de liderar una red internacional de tráfico de cocaína con Sebastián Marset.

Una vez que la jueza fue confirmada en la causa admitió la acusación del Ministerio Público y fijó la fecha de audiencia preliminar para el acusado por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.

El Ministerio Público, acusó a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de allí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público, situación que será dirimida en esta audiencia preliminar.

La acusación cuenta con más de 700 páginas en las que se plasma la conducta desplegada por el acusado de liderar en nuestro país el mayor esquema internacional de tráfico de droga y lavado de dinero. Igualmente, se ofrece numerosas pruebas periciales, realizadas a las líneas que pertenecen a Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias Tío Rico, donde coordinan los envíos de cocaína y se tratan de hermano (brother), documentales y 90 testigos que el Ministerio Público considera suficientes para sostener la acusación contra Tío Rico y llevar el caso a juicio oral y público.

El fiscal Deny Yoon Pak, alega en su escrito de acusación que, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

Agrega que, para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Los subtenientes de Infantería Gustavo ángel Ramón Marmol Azar y Hugo Roque González García, fueron condenados a dos años con suspensión de la ejecución de la condena por el mismo periodo. Los mismos fueron condenados por castigar físicamente a cadetes.

La agente fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, obtuvo la sanción de dos años de pena privativa de libertad para dos jóvenes militares del Regimiento Escolta Presidencial, acusados por lesión corporal en ejercicio de sus funciones. La decisión se dio mediante un procedimiento abreviado, en el marco de la audiencia preliminar llevada a cabo este lunes.

Los antecedentes refieren que el 17 de junio del 2023, en el interior del Regimiento Escolta Presidencial, Alejandro Agustín Aguayo Caballero y Junior Fabian Bogarín Candia, soldados en cumplimiento del servicio militar, fueron golpeados a la altura del glúteo, en reiteradas ocasiones, con tiras de madera que sería parte de la parrilla de una cama.

El motivo de la agresión fue que las víctimas supuestamente no realizaron de forma eficiente la práctica de orden cerrado, por lo que fueron exigidos a que se encolumnen, para recibir los maltratos, esta situación fue grabada y se viralizó por lo que el Ministerio Público intervino y logró esta condena.

La representante del Ministerio Público ratificó la acusación con pruebas fehacientes, entre las cuales se encuentra el video del momento de los golpes, que fue viralizado. El Juzgado dispuso varias medidas disciplinarias para los sentenciados, por el periodo que durará condena de dos años.

Luis Riart exministro de Educación condenado a tres años de cárcel por lesión de confianza, se presentó ante la justicia para iniciar el cumplimiento de su condena y lo hará en la Agrupación Especializada por decisión de la justicia.

Riart soporta condena por un perjuicio patrimonial al Estado de G. 14.045.123.400 por la compra por la vía de la excepción del edificio Excelsior por un monto superior al que realmente costaba.

El juez de ejecución Carlos Mendoza decretó el cumplimiento de la sentencia condenatoria que no se cumplía por las acciones reiteradas presentadas por Riart.

La sentencia en primera instancia ya se había dictado en el 2019, luego de ello además de las apelaciones, también se dieron numerosas dilaciones incluyendo una acción de inconstitucionalidad presentada contra el fallo ya firme. Este lunes el condenado ingresó a la Agrupación Especializada para iniciar el compurgamiento de su sentencia.

El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público la causa por soborno agravado contra el abogado Miguel Mendieta, y le dio trámite de oposición al pedido fiscal respecto al militar Luis María Belloto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto para quienes el Ministerio Público pidió la aplicación de un procedimiento abreviado.

El magistrado señaló que su juzgado entiende que los hechos indagados son graves. Que por ello prefiere escuchar el parecer del superior del agente fiscal que ha requerido una salida alternativa al juicio oral para el matrimonio que sirvió de nexo para introducir un teléfono a Viñas Cue para Tío Rico.

Los mismos afrontaron audiencia preliminar este lunes donde el Ministerio Público ratificó su acusación respecto al abogado Mendieta y solicitó que la causa sea elevada a la siguiente etapa para el debate público y que el matrimonio sea beneficiado con una salida procesal en esta etapa.

El Ministerio Público busca que el matrimonio compuesto por el militar Luis María Belotto Quiñonez, Alba Lidia Ale de Belotto acusados en calidad de autores del soborno agravado, obtengan una salida procesal en esta audiencia ya que el marco penal al que podrían ser condenados es de tres años, como pena máxima.

Pero, Otazú envió a la fiscalía general el expediente para que en un plazo de diez días emita un dictamen ratificando la acusación y enviar la causa a juicio oral o, que se termine aquí en proceso con un procedimiento abreviado.

Según la acusación formulada en su momento, por el fiscal del caso Francisco Cabrera, las conductas realizadas por el Coronel Luis María Belotto y su esposa Ada Lidia Ale de Belotto, fueron quienes realizaron el ofrecimiento de la entrega de una suma de dinero concreta, Gs. 10.000.000 al Mayor Guillermo Moral Centurión a cambio de que él introduzca un teléfono celular en forma clandestina y se lo entregue al recluso Miguel Insfrán Galeano alias Tío Rico.

Que, este argumento se sustenta en la interceptación de comunicaciones realizadas con autorización judicial, extracción de datos del teléfono celular, informes remitidos por la Dirección de Servicio de Justicia Militar, grabaciones de circuito cerrado y testimoniales ofrecidas.