El juez Humberto Otazú debe fijar la próxima fecha de audiencia preliminar para Ramón Jiménez Gaona exministro de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC, acusado por lesión de confianza por el fallido proyecto Metrobús.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Una recusación al magistrado impidió el desarrolló la audiencia donde se debe discutir si la causa debe ser elevada para el debate oral. Hoy, al quedar firme la competencia del juez del caso, queda allano el camino para esta diligencia.

La agente fiscal María Estefanía González, menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

Este lunes se reinició el juicio oral y público al exgobernador de Central Hugo Javier González, su defensa tuvo la oportunidad de plantear sus incidencias y como primera medida solicitó la nulidad del auto de elevación de la causa a juicio oral por carecer de requisitos básicos como la descripción de la conducta del acusado y porque el 80% de los documentos ofrecidos por el Ministerio Público son copias simples.

La defensa sostiene que la fiscalía no realiza un relato preciso y circunstanciado del hecho para la aplicación de cada hecho punible atribuido al exgobernador Hugo Javier González, que la acusación no está fundada y debe ser anulada.

Para la defensa el Ministerio Público solo realizó una narrativa de los hechos punibles para acusar a Hugo Javier González por cuatro hechos punibles, usando fotocopias simples para ello.

“Llama la atención y enciende todas las sirenas de la defensa, de cuál es la necesidad de ofrecer documentos simples para presentarlo como prueba, habiendo tenido acceso la fiscalía a esos documentos, esto no reúne los requisitos para ser considerados pruebas, carece de autenticidad estos documentos del tomo 5 al 11, son solo copias simples, el 80% de las pruebas documentales ofrecidas son copias simples. En la acusación del Ministerio Público solo se hace una narrativa para acusarlo por el hecho punible de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa. El relato de hechos debe ser preciso y entendible para que las partes puedan saber el motivo por el que se solicita aplicar un tipo penal, en este caso no existe una relación, ni descripción de la conducta supuestamente punible. Ofrecen copias simples como pruebas, documentos que carecen de autenticidad”, reiteró la defensa de Hugo Javier González, quien afronta su segundo día de juicio oral.

Igualmente, la defensa pidió la inclusión de las sentencias por las cuales se concedió procedimiento abreviado a tres procesados en su momento, es el caso de: José Félix Grau, Óscar Morel Osses y Óscar Gaete, ya que según mencionó el abogado Bernardo Villalba demuestra que existen las personas responsables de los probables daños y que una vez reparado el daño y una vez reparado el daño se extinguió el proceso en contra de los mismos.

Además, la defensa pidió que se remita informes en varias dependencias, entre ellas a la Contraloría General de la República para que envía el dictamen sobre la correspondencia de bienes de Hugo Javier González. Así como una solicitud de informe al Ministerio de Economía Finanzas. La defensa es ejercida por Bernardo Villalba, Idilio Acosta y Fausto Portillo.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.

Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Mientras que los fiscales que van a sostener la acusación de su entonces colega Rodrigo Estigarribia son; Francisco Cabrera, Néstor Coronel y Diego Arzamendia.

La exujier del Poder Judicial, Celsa Mabel Ortellado fue condenada este viernes a un año con suspensión de la ejecución de la condena a prueba, por los hechos punibles de falsificación de instrumentos públicos y otros.

El fallo es considerado de relevancia, debido a que una funcionaria judicial fue sentenciada, tras probarse en juicio oral su responsabilidad en el hecho punible investigado.

La sentencia fue unánime, si bien los magistrados aplicaron la mitad de la sanción solicitada por el Ministerio Público de igual forma sienta un precedente para el combate a la corrupción dentro del sistema de justicia.

La exfuncionaría judicial había falseado cédulas de notificación y tras las acciones de los afectados fue separada del cargo hace 8 años y ahora fue condenada luego de numerosas chicanas procesales interpuestas en el proceso penal.

Con esta decisión, Ortellado pierde todos los años de servicio en el Poder Judicial y e espera que una vez firme la decisión, la misma sea destituida del cargo que ocupaba.

Integran el tribunal de sentencia los jueces: Fabio Aguilar, Vitalia Duarte y Serafín González dieron y el Ministerio Público estuvo representado por la agente fiscal Julia González.

ANTECEDENTE:

En la causa «Credi Merco S. A. c/ Industria Paraguaya de Alcoholes (INPASA) s/ acción ejecutiva, el entonces ujier informó que el local estaba cerrado y que dejó una notificación que volvería al día siguiente, donde supuestamente encontró de nuevo la empresa cerrada y dejó pegada la cédula de notificación por la puerta del edificio.

La querella representada por los abogados Mirna Kuchenmeister y Derlis Martínez, desvirtuó los argumentos tos de la exfuncionaria judicial, dejándola en evidencia a través de las imágenes de cámaras de seguridad de los días que ella mencionó que el local estaba cerrado.

Se comprobó que nadie fue hasta la firma Credi Merco a notificar, pese a que introdujeron en el expediente una fotografía, sin fecha, sin precisión de quien, y cuando la tomó, con el solo objetivo de favorecer a INPASA en un juicio entablado por Credi Merco, por una deuda de hace varios años.

Todos estos elementos fueron analizados por los magistrados, quienes por unanimidad condenaron a la funcionaria dejando un precedente importante dentro del Poder Judicial, informaron medios del Ciudad del Este.

Para el juez penal de garantías de la capital, José Agustín Delmás, es necesario realizar una modificación de la sanción a ser aplicada para algunos hechos punibles que saturan el sistema penal, ya que ingresan diez a quince casos por día, por juzgado.

Por ello, sugirió modificar el marco penal relacionado con algunos tipos penales, para dar un mayor margen al magistrado para otorgar salidas diferentes al juicio oral, utilizando los institutos previstos en la ley y así evitar elevar a juicio oral todos los casos o, por lo menos, mayoritariamente para que no saturen esa etapa del proceso.

Comentó que otro de los aspectos fundamentales para aplicar estas salidas alternativas al juicio oral es el consentimiento de la víctima, ya que es la dueña del proceso y también debe sentirse resarcida con la salida que ordena la justicia.

“Tropezamos con el elevado marco penal como principal punto. Sería importante una modificatoria de ciertos tipos penales que le dé esa posibilidad al magistrado de otorgar una mayor cantidad de salidas procesales para descomprimir el sistema penal, especialmente de los colegiados que deben juzgar estos tipos penales. Tenemos cerca de diez a quince casos por juzgado ordinario, y si se elevan a juicio oral todos esos casos, el sistema seguirá saturado”, señaló el doctor José Agustín Delmás a Judiciales Net.

Agregó que su juzgado particularmente aplica las recomendaciones que surgen de la Oficina Técnica Penal (OTP) de no abusar con la aplicación de la prisión preventiva y utilizar esta medida solo como última ratio, y solo cuando exista el peligro de fuga, obstrucción y la falta de arraigo.

Otra de las sugerencias de la OTP que su juzgado aplica, siempre que la víctima lo acepte, son las salidas alternativas al juicio oral, ya que la víctima es la dueña del proceso al iniciarse la causa a instancia de ella.

Por último, dijo que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, debe encarar su política criminal en base al caso que lleva adelante. Además de asegurarse que la imputación cuente con todos los requisitos, con una descripción sucinta de los hechos, la identificación del imputado y el hecho que se le atribuye, entre otros aspectos. De lo contrario, el juez está obligado a no iniciar el procedimiento y devolver la imputación al Ministerio Público para corregir los defectos.

Los errores procesales advertidos por los camaristas hace unos meses no fueron corregidos por ello vuelven a enviar a la fiscalía general para subsanar el error. Además, le señalan al juez de la causa que en estas circunstancias no debió admitir por segunda vez la imputación contra Rivas.

Los camaristas señalan que la imputación de Hernán Rivas cuenta con errores procesales que deben ser corregidos y que esta situación ya lo habían advertido en su oportunidad en la resolución de marzo pasado. Que en base a la acordada 1.631 de la Corte Suprema de Justicia el Poder Judicial está obligado a ejercer el control jurisdiccional sobre los planteamientos fiscales.

Agregan que al presentarse la imputación se debe poner a conocimiento del imputado el hecho punible que se atribuye, el grado de sospecha y permitirsele su derecho a la defensa, es decir describir la conducta que se le atribuye al imputado, así como otras circunstancias determinantes para subsumirla en el tipo penal con la especificación del lugar y tiempo.

Que, el juez tiene la obligación de iniciar el procedimiento una vez verificada todas las cuestiones señaladas y toda vez que se cumplan los presupuestos legales situación que no ocurre con la imputación de Hernán Rivas, según los camaristas.

“En concreto tanto el juez como el Ministerio Público hicieron caso omiso a lo señalado por esta magistratura, pues en el caso de la fiscalía no han corregido los errores procesales señalados, sino más bien se limitaron a justificar las actuaciones realizadas en el acta de imputación presentada. En efecto, estamos ante un caso de aplicación de la ley segregada y parcial. El Ministerio Público ha tenido una actitud ambivalente y dubitativa”, señala parte de la decisión unánime de alzada. Integran esta cámara de apelación, Delio Vera Navarro, Agustín Fernánez y Bibiana Benítez.

Por ende, en base a esta explicación vuelven a enviar al Ministerio Público la imputación para que se argumente con precisión la imputación del senador Hernán Rivas, sospechado de tener un título falso de abogado y uso este documento apócrifo para acceder a la matrícula y a su vez con ello ocupar cargos en el JEM.

Cristóbal Cáceres uno de los defensores del senador Erico Galeano, señaló que se vieron obligados a recusar al juez Osmar Legal por que necesitan más tiempo para ejercer una defensa técnica adecuada del senador.

Mencionó que hasta el momento siempre se pusieron a disposición del juzgado, que no se dan las condiciones para ejercer una buena defensa ya que no accedieron a todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía contra su cliente por colaborar y estar a disposición de una estructura criminal.

El acusado acusa al juez de parcialidad manifiesta al no expedirse sobre el pedido de posponer por semanas más la preliminar del senador ya que no pudieron acceder a los tomos de la carpeta fiscal, según expresaron en su escrito de presentación de este jueves.

Es la segunda vez que Galeano suspende su preliminar bajo la excusa de que el cúmulo probatorio excede la capacidad de la defensa para preparar la defensa del acusado en el tiempo que ha establecido el magistrado para desarrollar la defensa técnica correctamente y podría poner en riesgo su legítima defensa.

Hasta que la cámara de apelaciones confirme al magistrado, la audiencia queda pospuesta y tal vez la defensa ya tenga en ese lapso el tiempo que necesita para analizar todas las pruebas y defender a su cliente de la grave acusación que soporta de haber prestado logística a una estructura criminal.

El senador colorado cartista Erico Galeano, fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación por asociación criminal y lavado de dinero contra Erico Galeano y solicitan que el caso sea elevado a la siguiente etapa de juicio oral para el debate público de todo lo que ofrece el Ministerio Público como carga probatoria contra Galeano.

El abogado Cristóbal Cáceres defensor del senador Erico Galeano, volvió solicitar la suspensión de la audiencia preliminar prevista para el 21 de junio próximo y a la vez solicitó que se le intime al Ministerio Público.

Señala el escrito de la defensa que, el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo acompañó de frondosa documentación, siete tomos de la carpeta de investigación, a su vez de 35 anexos.

“Esta defensa ha tenido conocimiento que, en la fiscalía a cargo de la investigación han quedado 40 tomos, sin poder precisar la cantidad exacta, entre los que podrían surgir elementos de descargo para esta representación. Con la acusación el Ministerio Público tenía la obligación de individualizar y puesto a conocimiento de la defensa, aclarando que entre los anexos existen elementos de descargo eventual y que también son una buena cantidad de biblioratos. Que tamaña documentación que obra en el casillero del Ministerio Público a cargo del fiscal Silvio Corbeta, debe ser también entregada a las partes, ya sea indicando su existencia en la oficina del Ministerio Público. Por este motivo el juzgado debe intimar al Ministerio Público a individualizar o remisión de dichos documentos, para el cotejo de los documentos y para la evaluación de los extremos aludidos”, reza parte del escrito de Cristóbal Cáceres uno de los defensores de Erico Galeano.

Agrega que le sería imposible a la defensa realizar una defensa técnica acorde para Erico Galeano por el poco tiempo que tiene para analizar los documentos presentados contra Galeano y por ello, solicitan una prórroga de 15 días más para estudiar los documentos y que se posponga una vez más la preliminar prevista para mañana 21 de junio.

El senador colorado cartista Erico Galeano, fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación por asociación criminal y lavado de dinero contra Erico Galeano y solicitan que el caso sea elevado a la siguiente etapa de juicio oral para el debate público de todo lo que ofrece el Ministerio Público como carga probatoria contra Galeano.

Para el juez especializado Matías Garcete, el juez debe estar alejado de los comentarios que puedan surgir sobre un caso determinado en las redes sociales o de cualquier otra presión externa para emitir un fallo imparcial. 

Afirmó que es importante que un juzgador se aleje de las presiones externas que puedan existir en torno a un caso, ya que por ley están obligados a ser imparciales y actuar con independencia.

“Si es que vamos a juzgar conforme a los comentarios en redes sociales, entonces para qué el juicio es lo que siempre digo. El Código Procesal Penal nos exige que debemos ser independientes e imparciales, entonces el juez debe estar alejado de las presiones externas. Debemos omitir caer en eso, de lo contrario vamos a tener miedo para absolver y miedo para condenar”, acotó Garcete.

Agregó que particularmente, suele comentar a sus colegas que siente una tranquilidad y duerme con la conciencia tranquila luego de emitir una decisión y que, hasta la fecha, nunca dudó de algo que firmó.

Subrayó, que tiene un mecanismo de análisis de los casos que le toca juzgar, donde tiene en cuenta todas las aristas incluso los cuestionamientos que puede realizar la defensa y si un juez dudó de lo que firmó no está preparado para juzgar.

“Si te dejaste llevar por las apariencias sociales, esa es la dimensión fáctica del problema y la consecuencia jurídica es lo que dirán terceros. Si llegas al cargo tenés que ser solvente con la función que ocupas osino dedícate a hacer lo que te dicen”, concluyó Matías Garcete, doctor en derecho y juez de sentencia en el fuero especializado de delitos económicos.