El fiscal de la causa Silvio Corbeta acusó a Miguel Prieto junto con otras 11 personas por lesión de confianza y asociación criminal por supuestamente integrar un esquema criminal con funcionarios de Municipalidad de CDE de marzo a julio del 2020.

El Ministerio Público acusa al edil y los funcionarios municipales de un perjuicio patrimonial de más de G 2.130 millones con la contratación direccionada de la empresa Tía Chela SRL para provisión de 25.000 kits de mercaderías en pandemia.

“Se le atribuye al intendente Miguel Prieto Vallejos que, en los meses de marzo a julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo, para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G 2.130.036.160 con la promoción de una licitación pública por la vía de la excepción, cuya contratación estuvo direccionada a la empresa proveedora Tía Chela S.R.L, de Fermín Ávalos. Esta estructura a la que hacemos referencia, estuvo integrada por funcionarios y directores municipales a su cargo, así como terceros” dice parte del relato acusatorio del fiscal Silvio Corbeta.

Los demás integrantes del esquema serían, Maggi Fariña, coordinadora de la UOC, Sebastián Martínez, director de desarrollo social, actual concejal, Francisco Arrua Álvarez, director de administración y finanzas, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y sumarios, así como, Cirle Álcaraz Ramírez y Nelson Segovia del área financiera. José Félix Cáceres, jefe de desarrollo comunitario, Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes, Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Paez, presidenta de VANEMI SA.

Agrega la acusación que Miguel Prieto en su calidad de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, con la colaboración de funcionarios municipales que formaban parte de dicho esquema, promovió una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas para personas de escasos recursos por la pandemia del Covid-19 y direccionó esta compra a fin de favorecer la adjudicación de recursos de la Municipalidad de CDE a una estructura jurídica determinada.

La fiscalía en 93 páginas relata la acusación y ofrece pruebas que demuestran lo afirmado y solicitan que la causa sea elevada a la siguiente etapa de juicio para el debate público.

Gerardo Soria presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral ratificado por el tribunal de conducta de la Asociación Nacional Republicana que ordena su expulsión por criticar al presidente del partido Horacio Cartes.

El escrito de presentación señala que las resoluciones emanadas tanto del tribunal electoral y la ratificatoria de la Justicia Electoral violan aviesamente garantías y principios constitucionales del recurrente.

“Las resoluciones judiciales electorales impugnadas cuya nulidad se peticiona por la vía de la presente acción de inconstitucionalidad son consideradas arbitrarias y por ende inconstitucional, por nuestro representado por no ajustarse a derecho, al haberse apartado flagrantemente de las normas esenciales”, reza parte del escrito de Alejandra Peralta Merlo quien representa los intereses de Soria.

Agrega el escrito que el motivo principal de la expulsión de Soria de a ANR obedece única exclusivamente a las expresiones de Gerardo Soria contra Horacio Cartes.

Que, con recortes periodísticos agregados como prueba de las críticas realizadas por Soria se usaron dentro del sumario administrativo arbitrario, y sirvió como elemento para expulsarlo de la ANR.

En 33 páginas fundan la acción que busca la reincorporación de Soria al Partido Colorado y como medida cautelar de urgencia requieren que se deje sin efecto las decisiones recurridas que ordenan su expulsión.

La cámara de apelaciones confirmó la competencia de la magistrada Rosarito Montanía al rechazar la recusación formulada contra ella por el pastor José Insfrán, quien alegó que la magistrada lo mantiene privado de su libertad en condiciones inhumanas.

Ahora que la jueza fue confirmada en la causa, podrá admitir la acusación contra Miguel Insfrán alias Tío Rico y convocarlo para su audiencia preliminar en el marco del proceso que afronta por supuestamente liderar un esquema criminal de tráfico internacional de droga.

Para el Ministerio Público está probado que Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, lideraba un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y de allí enviarlo al exterior. El fiscal Deny Yoon Pak lo acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.

La acusación cuenta con más de 700 páginas en las que se plasma la conducta desplegada por el acusado de liderar en nuestro país el mayor esquema internacional de tráfico de droga y lavado de dinero. Igualmente, se ofrece numerosas pruebas periciales, resultado de la pericia en las líneas que pertenecen a Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias Tío Rico, donde coordinan los envíos de cocaína y se tratan de hermano (brother), documentales y 90 testigos que el Ministerio Público considera suficientes para sostener la acusación contra Tío Rico y llevar el caso a juicio oral y público.

“En tal sentido, por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína. Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal” relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Según un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.

«Tío Rico» utilizó empresas controladas por testaferros y miembros de su familia, así como negocios destinados al lavado de activos. El Centro Cristiano Mundial de Avivamiento fue utilizado para tal fin, colocando a su hermano, el Pastor evangélico José Alberto Insfrán, como figura de fachada. Además, la cooperativa San Cristóbal se convirtió en otra herramienta para realizar préstamos y descuentos de cheques a nombre de los miembros de su clan familiar.

La procurador Marco Aurelio González presentó un incidente de excepción de falta de acción y advierte al juez de su falta de competencia para revisar fallos firmes en el ámbito penal, le solicita además que se parte de la causa de oficio.

Recordemos que la señora Delcia Karjallo de González, presentó un juicio de nulidad al referir que sus bienes fueron incautados por el Estado sin que ella haya sido condenada o formado parte del proceso donde fue condenado su esposo el usurero Ramón González Daher.

La procuraduría se presenta con la finalidad de impedir el progreso de la demanda autónoma de nulidad presentada por la esposa de RGD, quien busca recuperar los bienes que ya fueron incautados y pasaron a nombre del Estado.

“Sin entrar a debatir la cuestión de fondo, queremos advertir una cuestión de competencia en razón de la materia y solicitar su estudio oficioso, para entender en el presente juicio de acción autónoma de nulidad y en consecuencia, la cancelación de inscripción. En ese orden de ideas le solicitamos que se inhiba de oficio puesto que el fuero civil no es competente. Recuérdese que la señora Delcia Karjallo pretende que este juzgado civil, revise, estudie y analice la posibilidad de anular un proceso llevado a cabo en el ámbito penal. dice parte de la nota presentada por el procurador Marco Aurelio González.

Por su parte la abogada Raquel Talavera toma los términos del escrito de la procuraduría como una “amonestación” al magistrado que entiende en la demanda y que en todo caso la procuraduría debí presentar una excepción de incompetencia y no así una advertencia a un juez de la República en representación de propio Estado.

Agrega Talavera en su escrito de contestación que la procuraduría no puede intervenir en esta demanda ya que jamás formó parte del proceso en el fuero penal y tampoco en el proceso de comiso en ejecución.

“Nuestro sistema institucional es muy débil, el Estado no puede confiscar los bienes de una mujer de la tercera edad que no fue condenada y nunca formó parte del proceso de su marido. Son como buitres, roban y por supuesto que se tapan todo entre ellos. Seguiremos luchando con la ley y la Constitución en la mano”, señaló la abogada Raquel Talavera a Judiciales Net quien una vez más reiteró que recurrirá a instancias internacionales para defender los intereses de su representada.

En su momento, el juez Walter Raul Mendoza Orue, decretó la anotación de litis sobre la parte de ganancial que le pudiera corresponder a la señora Delcia Karjallo, que son el 50 % de cada uno de los bienes inmuebles actualmente inscriptos a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes incautados y comisados (SENABICO).

El magistrado señaló en su fallo que, “en atención a los presupuestos genéricos y específicos señalados, como también a la pretensión de la accionante, considero pertinente la anotación de la litis sobre el 50 % de cada uno de los bienes inmuebles mencionados e individualizados precedentemente, parte que le correspondía a la accionante como socia en la comunidad de gananciales conformada con su esposo, en razón de que los hechos demandados y la pretensión de la accionante se relaciona con los presupuestos específicos de esta cautelar, en especial la modificación del derecho real de dominio, pero solo en la parte que le pudiera corresponder.

El tribunal de sentencia que debe juzgar la conducta del usurero luqueño Ramón González Daher por el supuesto robo de 471 cheques del juzgado del juez Humberto Otazú, quedó confirmado al rechazar el tribunal de apelación la recusación contra dos integrantes del colegiado.

La defensa del acusado había recusado al presidente del tribunal Juan Carlos Zárate y la jueza María Fernanda García de Zúñiga, el abogado Erich Ratflaff alegó que hace días planteó que su cliente participe de la audiencia oral por medios telemáticos, sin embargo, no tuvo respuesta del tribunal motivo por el que recusó al presidente.

El Ministerio Público acusó a Ramón González Daher y su abogada Emma González, por quebrantamiento de depósito debido al robo de 471 cheques del juzgado de Humberto Otazú. Los cheques formaban parte del cúmulo de pruebas donde resultó condenado a 15 años de cárcel por usura. Ramón González Daher soporta cargos por el hecho punible de quebrantamiento del depósito y hurto agravado.

Mientras que la abogada Emma Concepción González Ramos, está acusada por obstrucción a la restitución de bienes. La diligencia queda en suspenso hasta tanto los miembros del tribunal sean confirmados o apartados en la causa.

El juez especializado Osmar Legal, volvió a ratificar la prisión preventiva de Cinthia María Turro Braga, una de las 13 personas que cuenta con pedido de extradición de Brasil por presuntamente integrar el mayor esquema de tráfico de armas en la región.

Esta segunda vez que se ratifica la medida de prisión luego de la audiencia de revisión solicitada por la defesa que busca levantar la prisión preventiva de Turro Braga.

La mujer intentó levantar su prisión preventiva, pero, el magistrado considera que la medida debe ser ratificada para asegurar su entrega al vecino país.

A Turro Braga, se le atribuye, así como a los otro 13 imputados, el formar parte de una estructura criminal que provee armamento a grupos criminales de Brasil a través de la firma IAS con la complicidad de militares que también ya guardan prisión preventiva para afrontar cargos en nuestro país por los mismos hechos punibles.

En diciembre del año pasado, el juez Gustavo Amarilla, había decretado la prisión preventiva de Cinthia Turro Braga, señalando en su decisión que, en base a los datos consignados en el pedido de detención con fines de extradición y tratándose de un proceso penal Federal por tráfico internacional de armas de fuego y asociación criminal y otros hechos punibles de alta expectativa de sanción y complejidad de la investigación, existen suficientes fundamentos para convertir la detención en prisión preventiva.

Desde ese momento la mujer como los demás compatriotas aguardan que culmine su proceso de extradición para luego ser enviados a Brasil donde se exponen a más de 20 año de encierro.

El operativo Dakovo desmanteló el mayor esquema de tráfico de armas en la región que contaba no solo con la protección de funcionarios estatales que brindaron colaboración con el esquema criminal.