El fiscal de la causa Silvio Corbeta acusó a Miguel Prieto junto con otras 11 personas por lesión de confianza y asociación criminal por supuestamente integrar un esquema criminal con funcionarios de Municipalidad de CDE de marzo a julio del 2020.
El Ministerio Público acusa al edil y los funcionarios municipales de un perjuicio patrimonial de más de G 2.130 millones con la contratación direccionada de la empresa Tía Chela SRL para provisión de 25.000 kits de mercaderías en pandemia.
“Se le atribuye al intendente Miguel Prieto Vallejos que, en los meses de marzo a julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo, para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G 2.130.036.160 con la promoción de una licitación pública por la vía de la excepción, cuya contratación estuvo direccionada a la empresa proveedora Tía Chela S.R.L, de Fermín Ávalos. Esta estructura a la que hacemos referencia, estuvo integrada por funcionarios y directores municipales a su cargo, así como terceros” dice parte del relato acusatorio del fiscal Silvio Corbeta.
Los demás integrantes del esquema serían, Maggi Fariña, coordinadora de la UOC, Sebastián Martínez, director de desarrollo social, actual concejal, Francisco Arrua Álvarez, director de administración y finanzas, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y sumarios, así como, Cirle Álcaraz Ramírez y Nelson Segovia del área financiera. José Félix Cáceres, jefe de desarrollo comunitario, Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes, Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Paez, presidenta de VANEMI SA.
Agrega la acusación que Miguel Prieto en su calidad de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, con la colaboración de funcionarios municipales que formaban parte de dicho esquema, promovió una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas para personas de escasos recursos por la pandemia del Covid-19 y direccionó esta compra a fin de favorecer la adjudicación de recursos de la Municipalidad de CDE a una estructura jurídica determinada.
La fiscalía en 93 páginas relata la acusación y ofrece pruebas que demuestran lo afirmado y solicitan que la causa sea elevada a la siguiente etapa de juicio para el debate público.
