Impulsan proyecto para que la DP regule honorarios a pudientes que utilizan sus servicios

El diputado Édgar Olmedo presentó un proyecto de modificación del artículo 59 de la Ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, la propuesta de modificación tiene como principal finalidad permitir a la institución regular honorarios a los usuarios pudientes en el fuero penal.

Señala Olmedo que, la idea es permitir a la Defensa Pública una mejor administración de sus recursos en las personas con verdadera vulnerabilidad económica, lo que no ocurre en la actualidad.

“Creemos que la regulación de honorarios permitirá alcanzar este objetivo, por dos motivos en primer lugar, porque la regulación de honorarios evitará que personas que cuenten con recursos económicos suficientes para pagar un abogado, se aprovechen del servicio gratuito de la institución en detrimento de las personas sin recursos y de los abogados particulares. En segundo lugar, porque los honorarios que eventualmente se recauden servirán para mejorar a calidad del servicio”, reza parte de la propuesta presentada por el legislador Édgar Olmedo a instancias del defensor general Javier Esquivel.

Agrega que este proyecto de modificación no pretende cierra la posibilidad que, con la modificación del CPP, también un abogado particular pueda asumir la defensa de un procesado que no designe un profesional de su confianza.

Agrega que si bien La Constitución nacional obliga al Estado a ofrecer un abogado público al procesado es para aquellas personas que carecen de recursos para pagar un abogado particular, que Estado solo tiene la obligación de proveer una defensa pública gratuita a las personas que no tienen como pagar abogado, no así a las personas pudientes.

Es por ello que se impulsa la modificación del artículo 59 de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, ya que este artículo obliga a la DP a proveer un abogado público en el fuero penal en todos los casos. Con la modificación, la institución podrá regular honorarios a los procesados en el fuero penal que tengan recursos para pagar un abogado.

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