Un hombre fue condenado a cumplir 20 años de prisión por el abuso sistemático a su hija de solo 12 años de edad. Las brutales agresiones se perpetraron por dos largos años, hasta que la niña comentó lo que estaba viviendo a su hermana mayor.

El fiscal Alberto Torres representó al Ministerio Público en este caso y obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad para el hombre acusado de abusar reiteradamente de su propia hija. El condenado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, fue encontrado culpable por abuso sexual en niños.

El juicio oral y público se produjo numerosas pruebas para demostrar la culpabilidad del hoy condena, elementos que fueron de contundencia para el tribunal se sentencia que juzgó el caso.

En un fallo unánime el tribunal de sentencia, presidido por Lourdes Morínigo y conformado por Óscar Gabriel Genes y Evangelina Villalba, lo condenó a purgar la elevada pena de 20 años de cárcel.

Los antecedentes refieren que los abusos comenzaron a medianos del 2019 en la vivienda familiar al sur del Alto Paraná, cuando la víctima tenía solo 12 años de edad. Las agresiones se iniciaron después del fallecimiento de la madre de la pequeña.

El hombre aprovechaba las ocasiones en que la hija mayor hacía dormir a su hermanito en otra habitación para abusar de la víctima, siempre de manera brusca y violenta, según la acusación fiscal. Estos ataques eran reiterados y ocurrían principalmente en horas de la noche y madrugada.

Tras cada abuso, el agresor amenazaba a su hija para que no contara a nadie lo sucedido. Sin embargo, cansada de las agresiones sexuales, la menor decidió confesar a su hermana, quien presentó la denuncia el 21 de abril de 2021 ante las autoridades.

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó una inspección médica forense y una evaluación psicológica a la niña por parte de una profesional del Centro de Atención a Víctimas, confirmando los abusos sexuales.

El abogado Idilio Acosta uno de los defensores del acusado exgobernador de Central Hugo Javier González, repuso la decisión tribunal de sentencia que no hizo lugar al pedido de dejar sin efecto por falta de fundamentación de auto de apertura que tiene una fundamentación aparente de tres líneas, según el abogado.

La defensa insiste en que la resolución que eleva a juicio oral el proceso por lesión de confianza y otros hechos punibles respecto a Hugo Javier González no está fundada y solo existe lo expuesto por las partes en la resolución y que por ello es nula.

“Dos puntos fueron reclamados por esta defensa primeramente la falta descripción de la conducta y la fundamentación aparente. No se solicita la nulidad de la acusación, pero si pedimos que se anule la resolución del auto de apertura a juicio oral por falta de fundamentación. Al rechazar el tribunal este incidente caemos en el mismo vicio reclamado por la defensa, estamos ante una fundamentación aparente a partir de la violación del 125, los argumentos de las partes para fundar una resolución, es lo genera un agravio a la defensa y entonces necesariamente debemos solicitar al tribunal la reposición de lo resuelto en relación a este incidente”, señaló el defensor.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes, según la acusación del Ministerio Público.

Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Mientras que los fiscales que van a sostener la acusación de su entonces colega Rodrigo Estigarribia son; Francisco Cabrera, Néstor Coronel y Diego Arzamendia.

El juicio oral proseguirá el próximo 15 de julio.

La agente fiscal Patricia Sánchez presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Raul Florentín quien le concedió solo 9 días hábiles para presentar su requerimiento conclusivo al Ministerio Público.

Sánchez, señala en un escrito bien detallado que la imputación nunca tuvo entidad de resolución firme y ejecutoriada ya que siempre fue recurrida por la defensa y el propio órgano jurisdiccional se encargó de devolver la imputación a la fiscalía general en dos oportunidades.

“Con los vaivenes procesales desarrollados durante este tiempo, el órgano jurisdiccional, a través de la cámara de apelaciones actuante, revocó dos veces las resoluciones que contenían la culminación de la etapa preparatoria. Computar un plazo máximo de duración de la etapa reparatoria en base a un acta de imputación que no logró entidad formal, produce un agravio al Ministerio Público, pues al cercenar la etapa preparatoria y reducirlo a 9 días hábiles, que el mismo órgano jurisdiccional invalidó deja sin posibilidad al Ministerio Público de desarrollar su actividad investigativa, constriñendo a que presente escrito conclusivo en un plazo temporal más que precario”, reza parte del extenso escrito presentado por la fiscal Patricia Sánchez.

Agrega que al presentar la segunda ratificación por parte de la fiscalía adjunta se requiere al órgano jurisdiccional se le otorgue al Ministerio Público un nuevo plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, teniendo en cuenta a la revocación y pérdida de vigencia con las decisiones de la cámara de apelación.

Reitera que, la resolución del juez Raul Florentín cercena la facultad investigativa del Ministerio Público al otorgado un escaso tiempo que “extrañamente”, se concedió en una causa tan compleja donde se indaga que un legislador tendría un título falso de abogado.

Subraya que el Estado se encuentra indagando un caso de esta magnitud en la búsqueda de la verdad en este caso en el que la fiscalía general pidió 6 meses de investigación.

Que, no se recurrió el plazo investigativo fue porque la última admisión de la imputación fue en marzo pasado, lo que le daba aún tiempo al Ministerio Público para cerrar el caso e incluso pedir una prórroga extraordinaria, pero, con la tardía decisión de la cámara esta situación quedó imposibilitada.

Con estos argumentos la fiscal Sánchez solicita al juez revoque su decisión anterior y conceda al Ministerio Público seis meses para investigar esta causa tan compleja como ya se requirió en el dictamen de la fiscalía adjunta el 5 de julio pasado.

Luego de varios contratiempos, se inició este lunes el juicio oral y público al considerado fusilero del EPP Lorenzo González, quien participó activamente del crimen según la acusación fiscal.

Lorenzo González Martínez, estuvo presente en la captura de la joven Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la república Raúl Cubas. También participó de la reunión donde se decidió su muerte, según la acusación del Ministerio Público.

El acusado fue extraditado de Brasil en el 2022. Tras un largo proceso fue entregado a Paraguay para afrontar cargos por secuestro, homicidio doloso, asociación criminal y otros hechos punibles por su participación activa en el secuestro de Cecilia Cubas.

González Martínez habría participado de la toma de la víctima Cecilia Cubas el 21 de septiembre del 2004, en inmediaciones de su domicilio. El hombre además sería el fusilero del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, según las pruebas con que cuenta el Ministerio Público y serán expuestas en juicio oral contra el acusado.

El tribunal de sentencia está conformado por los magistrados Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

La cámara de apelaciones confirmó la condena de tres años de cárcel para el propietario de la firma Imedic Justo Ferreira por el tipo penal de contrabando, por haber introducido al país 50 camas eléctricas para terapia intensiva, sin pagar impuestos.

Recordemos que Ferreira fue absuelto por Asociación criminal y producción de documentos no auténticos, estos hechos punibles no pudieron ser probados por el Ministerio Público en el juicio oral.

Igualmente, alzada confirma la absolución de Patricia Ferreira, Carlos Gamarra el despachante y los funcionarios aduaneros Guillermo Molinas y Gustavo Acosta.

En su momento, en una clara y detallada explicación la juez Elsa García señaló que se probó solo el tipo penal de contrabando, no así el tipo penal de producción de documentos no auténticos y menos el de asociación criminal que no fue acreditada por el Ministerio Público. Por lo que resultó condenado por el hecho punible probado que es el contrabando por no declarar las camas eléctricas para terapia.

El Ministerio Público en sus alegatos finales había requerido seis años de cárcel para Justo Ferreira, sin embargo, el tribunal de sentencia al demostrase solo uno de los tres hechos punibles acusados en su momento lo sentenció a tres años de encierro por haber intentado lucrar con las 50 camas de terapia intensiva, sentencia hoy confirmada por la cámara de apelaciones.

Según la estadística divulgada por el Ministerio Público, el 60 % de los homicidios dolosos registrados en nuestro país ocurren en el ámbito familiar, encuentros y acontecimientos sociales, teniendo como detonante el alcohol y otras sustancias.

Los datos fueron expuestos por el Observatorio y el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planificación de la Fiscalía, tras analizar el perfil del homicidio doloso en Paraguay mediante un trabajo de muestreo de 94 causas de homicidio doloso, entre los años 2019 al 2024.

El perfil de este hecho punible brinda datos reveladores, ya que permite señalar la violencia en el ámbito familiar y social. Tal como señala el análisis, estos episodios de muertes violentas se dan en fiestas, cumpleaños, encuentros deportivos y de amigos.

En lo que respecta a los casos de sicariato, se da en un 32%, en las cárceles en un 5% y muertes tras registrarse un hecho punible de hurto o robo agravado un 3%.

La motivación principal para concretar una muerte violenta es la discusión, que figura con un 51%, que finalmente muestra el grado de importancia de intolerancia y falta de gestión de conflictos en la convivencia de las personas, teniendo como detonante el alcohol u otras sustancias psicotrópicas.

La otra motivación es el sicariato que se dio en un 30%, situaciones como resistencia o defensa de un hecho punible un 3% y muertes accidentales en un 2%.

La fiscalía recibió por departamento las siguientes cantidades: Amambay ocupa el primer lugar con un 20%, seguido de Central con un 13%y Alto Paraná con un 11%. Les siguen Concepción y Canindeyú con un 8% cada uno, y Asunción con un 7%.

Con un 5%figuran los departamentos de San Pedro, Caaguazú e Itapúa. Presidente Hayes arrojó un resultado de un 4% y Caazapá un 3%. Cordillera y Guairá tienen un 2% cada uno de causas ingresadas. Finalmente, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Boquerón y Alto Paraguay tienen solo un 1% respectivamente.

Estos homicidios fueron perpetrados en su mayoría con armas blancas como cuchillos, puñales, machetes.

Para realizar el perfil del homicidio en Paraguay y tomar las muestras de las 94 causas, se tuvo en cuenta un total de 2.565 causas registradas en los años 2019 hasta junio del 2024, teniendo en cuenta los departamentos de mayores reportes de casos.

La fiscal adjunta Patricia Rivarola, volvió a ratificarse en los términos de la imputación contra del senador Hernán Rivas, sospechado de cometer los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“Luego de analizadas las constancias obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal Patricia Sánchez, así como la concurrencia de suficientes elementos probatorios que hacen sospechar la existencia de los citados hechos punibles”, señala parte del dictamen.

Hace unas semanas atrás la cámara de apelaciones volvió a devolver la imputación de Rivas al Ministerio Público por errores procesales advertidos que no fueron corregidos a raíz de la primera decisión de la cámara. Además, le señalaron al juez de la causa Miguel Palacios que en estas circunstancias no debió admitir por segunda vez la imputación contra Hernán Rivas.

Los camaristas señalan que la imputación de Hernán Rivas cuenta con errores procesales que deben ser corregidos y que esta situación ya lo habían advertido en su oportunidad en la resolución de marzo pasado. Que en base a la acordada 1.631 de la Corte Suprema de Justicia el Poder Judicial está obligado a ejercer el control jurisdiccional sobre los planteamientos fiscales.

Agregan que al presentarse la imputación se debe poner a conocimiento del imputado el hecho punible que se atribuye, el grado de sospecha y permitirle su derecho a la defensa, es decir describir la conducta que se le atribuye al imputado, así como otras circunstancias determinantes para subsumirla en el tipo penal con la especificación del lugar y tiempo.

Que, el juez tiene la obligación de iniciar el procedimiento una vez verificada todas las cuestiones señaladas y toda vez que se cumplan los presupuestos legales situación que no ocurre con la imputación de Hernán Rivas, según los camaristas.

El tribunal de sentencia de Saltos de Guairá presidido por el juez Benito González y los miembros Gustavo Villaverde y Cynthia Espínola, condenó por unanimidad a Jorge Antonio Aguilera Rodríguez exempleado de la empresa Queen Anne S.A a tres años y siete meses de cárcel por estafa.

Para el tribunal las pruebas producidas en el juicio fueron concluyentes ya que se probó que Aguilera Rodríguez participó en carácter de cómplice de los hechos punibles de hurto, alteración de datos y estafa mediante sistemas informáticos quien junto con Hugo Irala (prófugo) manejaban el sistema informático de la firma afectada y realizaron operaciones simulando ventas en una caja no habilitada por los propietarios, para dar salidas de mercaderías, aprovechando el contexto de la pandemia del Covid-19 desde los meses de junio a diciembre de 2020.

Ambos entonces empleados de la empresa, ocasionando un perjuicio patrimonial, en el caso del condenado de más de 70.000 dólares, pero, el perjuicio total perpetrado por ambos empleados infieles es de más de 350.000 dólares.

Los antecedentes refieren que, en marzo del 2020, directivos y gerentes de la empresa Queen Anne S.A de Salto del Guairá, acordaron trabajar a puerta cerrada con un grupo reducido de funcionarios, los cuales eran gerentes de cada sección y el jefe de Informática, el señor Hugo Fabián Irala, entre ellos encontraba el señor Jorge Antonio Aguilera Rodríguez, quien era jefe de la sección de Electrónicos y Celulares.

Desde ese tiempo hasta el mes de setiembre del 2020, los mismos prestaron servicios en ausencia de los propietarios y el gerente general realizando devoluciones y algunas ventas para lo cual fueron habilitadas cuatro líneas de cajas. Irala, quien era el único que tenía acceso al sistema informático, habilitó una línea de caja con el número 5, pero lo hizo en el sistema operativo informático que solamente él manejaba, la cual fue utilizada para simular ventas de todo tipo de mercaderías, y posteriormente, realizar la sustracción.

Aguilera Rodríguez, se encargaba de las mercaderías, luego separaba e introducía en una caja para dársela al encargado de depósito. Asimismo, generaba los tickets de preventas de los productos preparados y listos para la sustracción de la empresa sin ser abonados por las cajas que fueron habilitadas oficialmente. Los productos pasaban por la caja 5 que solamente estaba habilitada para las operaciones fraudulentas. 

El fiscal acusador fue Ramón Ferreira y la querella adhesiva estuvo representada por los abogados Aldo Bacchetta y Silvia Cabrera, quienes celebraron la decisión del tribunal de sentencia por no quedar impune la millonaria estafa que sufrió la empresa.