El tribunal de sentencia de Saltos de Guairá presidido por el juez Benito González y los miembros Gustavo Villaverde y Cynthia Espínola, condenó por unanimidad a Jorge Antonio Aguilera Rodríguez exempleado de la empresa Queen Anne S.A a tres años y siete meses de cárcel por estafa.
Para el tribunal las pruebas producidas en el juicio fueron concluyentes ya que se probó que Aguilera Rodríguez participó en carácter de cómplice de los hechos punibles de hurto, alteración de datos y estafa mediante sistemas informáticos quien junto con Hugo Irala (prófugo) manejaban el sistema informático de la firma afectada y realizaron operaciones simulando ventas en una caja no habilitada por los propietarios, para dar salidas de mercaderías, aprovechando el contexto de la pandemia del Covid-19 desde los meses de junio a diciembre de 2020.
Ambos entonces empleados de la empresa, ocasionando un perjuicio patrimonial, en el caso del condenado de más de 70.000 dólares, pero, el perjuicio total perpetrado por ambos empleados infieles es de más de 350.000 dólares.
Los antecedentes refieren que, en marzo del 2020, directivos y gerentes de la empresa Queen Anne S.A de Salto del Guairá, acordaron trabajar a puerta cerrada con un grupo reducido de funcionarios, los cuales eran gerentes de cada sección y el jefe de Informática, el señor Hugo Fabián Irala, entre ellos encontraba el señor Jorge Antonio Aguilera Rodríguez, quien era jefe de la sección de Electrónicos y Celulares.
Desde ese tiempo hasta el mes de setiembre del 2020, los mismos prestaron servicios en ausencia de los propietarios y el gerente general realizando devoluciones y algunas ventas para lo cual fueron habilitadas cuatro líneas de cajas. Irala, quien era el único que tenía acceso al sistema informático, habilitó una línea de caja con el número 5, pero lo hizo en el sistema operativo informático que solamente él manejaba, la cual fue utilizada para simular ventas de todo tipo de mercaderías, y posteriormente, realizar la sustracción.
Aguilera Rodríguez, se encargaba de las mercaderías, luego separaba e introducía en una caja para dársela al encargado de depósito. Asimismo, generaba los tickets de preventas de los productos preparados y listos para la sustracción de la empresa sin ser abonados por las cajas que fueron habilitadas oficialmente. Los productos pasaban por la caja 5 que solamente estaba habilitada para las operaciones fraudulentas.
El fiscal acusador fue Ramón Ferreira y la querella adhesiva estuvo representada por los abogados Aldo Bacchetta y Silvia Cabrera, quienes celebraron la decisión del tribunal de sentencia por no quedar impune la millonaria estafa que sufrió la empresa.
