Los fiscales Silvio Corbeta y Marlene González allanaron este viernes las oficinas de la Municipalidad de Asunción para acceder a los documentos relacionados al uso de bonos por unos G 500 mil millones. Aparentemente esta suma fue destinada irregularmente a gastos corrientes.

“No pudimos dar con los documentos por eso venimos a buscar acá”, señaló la agente fiscal Marlene González quien se constituyó a la comunica capitalina con su colega Silvio Corbeta para muñirse de los documentos en el marco de la investigación abierta a Óscar “Nenecho” Rodríguez por una presunta lesión de confianza.

La fiscal señaló que la Contraloría ya les avisó que no contaban con la documentación pertinente que lo que sí remitió fue el dictamen sobre el uso de los bonos.

Una inmensa carga documental retiró el Ministerio Público este viernes tras allanar la Dirección de Administración Finanzas de la Municipalidad de Asunción en busca del respaldo documental sobre el uso de los bonos. La fiscal señaló que van a analizar todos los documentos incautados en la intervención.

El informe de la Contraloría revela que los fondos provenientes de bonos no pueden utilizados en gastos corrientes, ya que no está habilitada por la ley orgánica municipal. Se sospecha que se mal utilizó unos G 500 mil millones en bonos.

La causa de por sí es compleja no solo por tratarse de un intendente mediático sino por el posible perjuicio patrimonial multimillonario que se indagará en que fueron gastados finalmente.

Un equipo fiscal se encuentra indagando la conducta desplegada por el intendente de Asunción Óscar Rodríguez en el uso millonario de bonos. La Contraloría emitió un lapidario dictamen respecto a la ejecución del dinero.

Por su parte el jefe de gabinete Nelson Mora, señaló que es importante la presencia del Ministerio Público ya que se va a aclarar que ni un solo guaraní ha desaparecido de las arcas municipales.

Que han preparado toda la documentación para entregar al Ministerio Público que son documentos originales, escaneados, copias certificadas y que tienen toda la trazabilidad del uso de dinero, los anticipos hechos, los cheques emitidos y cuando se pagó.

El juez Raul Florentín otorgó 27 días más al Ministerio Público para presentar requerimiento conclusivo en la causa que soporta el senador Hernán Rivas por su presunto título Falso.

En principio el mismo magistrado había resuelto que el dictamen se presente el 19 de este mes, pero, concedió al Ministerio Público 27 días más para plantear su requerimiento conclusivo, no los seis meses que solicitaron al ratificar la imputación contra el legislador la semana pasada y que reiteraron en la audiencia este jueves.

Ante la reposición planteada por la agente fiscal Patricia Sánchez, el juez Raul Florentín concedió unos días más al Ministerio Público, tiempo que de igual modo no sería suficiente para presentar la conclusión de un caso tan complejo donde se habla de producción y uso de documentos.

Sánchez, señaló en un escrito que la imputación nunca tuvo entidad de resolución firme y ejecutoriada ya que siempre fue recurrida por la defensa y el propio órgano jurisdiccional se encargó de devolver la imputación a la fiscalía general en dos oportunidades, que en estas condiciones la justicia no podía imponerle jun plazo tan precario para presentar el requerimiento conclusivo.

A partir de esta resolución el Ministerio Público tiene prácticamente tiene 27 días para formular su requerimiento. Así las cosas, todo indica a que si no concede un plazo extraordinario al Ministerio Público la causa de Hernán Rivas corre serio riesgo que quedar impune.

El 18 de enero de este año, la agente fiscal Patricia Sánchez había formulado imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

A partir de la imputación la causa tuvo numerosos contratiempos desde la devolución al Ministerio Público por errores en la imputación en dos oportunidades, según los camaritas que intervinieron en la causa. Hoy el tiempo apremia al Ministerio Público para cerrar el caso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el pedido de casación planteado por la defensa del condenado Ulises Núñez, ya que la misma fue presentada fuera del plazo legal, con lo que la pena máxima de 30 años de cárcel para el operador de radio quedó firme.

Ulises Núñez fue hallado culpable del asesinado a sangre fría de Natalia Lorena Silveira, una joven de solo 22 años. El hecho ocurrió en abril del 2018 en la ciudad de San Lorenzo.

El cuerpo de la joven víctima fue hallado quemado en un automóvil el 11 de abril de 2018. El hecho ocurrió entre la madrugada del 10 y la mañana de ese mismo 11 de abril, en el barrio San José de San Lorenzo.

Al día siguiente, el 12 de abril, durante una entrevista de radio, Núñez había confesado que asesinó a la joven de un disparo y que posteriormente la llevó a un motel, donde tuvo el cuerpo por varias horas en el automóvil, pero que finalmente la llevó hasta una zona oscura, donde quemó el vehículo con el cuerpo adentro.

La autopsia realizada a los restos de la joven reveló que ella seguía aún con vida cuando fue consumida por el fuego en su vehículo, y el hombre había justificado su crimen por que la joven víctima, “lo engañaba”.

Para la justicia quedó plenamente demostrado que Ulises perpetró el hecho y quemó a la víctima estando esta aún con vida, por ello le aplicaron la máxima sanción prevista en nuestra legislación de 30 años, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público fueron contundentes para el tribunal que en su momento juzgó el caso.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público a 24 integrantes de la estructura de lavado de activos en nuestro país, esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalan en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público contra las 24 personas cómplices de Jarvis Chimenes Pavão.

Igualmente, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre las cuales se encuentran las estancias; Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico. El operativo Pavo Real, desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de droga, montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, esquema que viene operando desde hace 30 años, es decir, toda la vida delictiva de Pavao.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público e irán a juicio oral.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados están: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte.

Además de; Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Amilcar Battaglin, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira y Olga Reichardt De Souza.

El juez de la causa una vez recibida la acusación fiscal y toda la carpeta fiscal deberá fijar fecha de audiencia preliminar para los acusados.

Este jueves fue entregado a la justicia de los Estados Unidos Federico Santoro Vasallo, quien sería mano derecha del prófugo Sebastián Marset y pieza clave dentro de la estructura criminal desbaratada con el operativo A Ultranza Py.

Los Estados Unidos requiere a Santoro para responder cargos por conspiración para cometer lavado de dinero entre otros tipos penales, exponiéndose a una pena carcelaria superior a 20 años.

El extraditado Federico Ezequiel Santoro Vasallo, ciudadano uruguayo fue detenido en agosto pasado en nuestro país. La justicia local lo liberó por los cargos en Paraguay para cumplir con el pedido de los Estados Unidos.

Santoro Vasallo fue mano derecha del narcotraficante Sebastián Marset, considerado por el Ministerio Público de Paraguay como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional que enviaba cocaína a Europa desde Paraguay.

Marset, es el narcotraficante más buscado en los últimos tiempos y ha venido esquivando a la justicia desde hace años con la complicidad que encuentra en diferentes países, incluyendo el nuestro.

Eva De Witte asumió la defensa del exdirector de TV Pública Cristian Turrini quien estaría recibiendo amenaza de muerte por facciones criminales por haber colaborado con el Ministerio Público.

Según su defensa al condenado lo usaron para sacarle información y hoy lo tienen abandonado a su suerte cuando debía estar protegido por la justicia ya que colaboró y firmó seis acuerdos con el sistema de justicia, sin embargo, hoy está en grave riesgo.

La profesional cuestionó que los mismos jueces de ejecución no se declaren competentes para entender en el caso, ya que el de Asunción dice que es el juez de Concepción el competente por estar allí recluido y el de Oviedo que es el de Asunción porque allí radica el expediente.

“El sistema le uso a Turrini, si bien no existe la delación está el artículo 43 que le impone al sistema reducirle la pena a Cristian y no lo hicieron, firmaron seis acuerdos de delación. Él cooperó eficazmente dentro de la causa informando lo que sabía. Esas informaciones fueron útiles al sistema, él dio nombres y firmó los acuerdos con la fiscalía antinarcóticos. Él tenía que estar protegido, de hecho, la jueza Rosarito Montanía resolvió que él tenía que estar en la Agrupación Especializada por esa situación, pero, después de Veneratio le tiraron en Concepción allí están todos los clanes, él está siendo amenazado, Marabel le dijo que ya le pagaron a él y que tanto cuesta matarte a vos, le quieren conbrar. El Ministerio Público y el Poder Judicial se desentiende de él, le usaron esa es la palabra. Te pongo la firma que no pasa de este mes si no se toman acciones”, señaló la abogada.

Cristian Turrini exdirector de TV Pública, fue sentenciado en noviembre de 2023 a cumplir 20 años de cárcel por su activa participación en el envío de más de 2.900 kilos de cocaína al extranjero en bolsas de carbón.

Turrini, fue condenado por tráfico internacional de droga y asociación criminal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de droga, que, según el tribunal era un colaborador principal en asociación criminal y que no existía ninguna duda de su participación en el hecho.

Quedó demostrada su participación en el caso de la carga de 2.900 kilos de cocaína incautada en un Puerto de Villeta en octubre de 2020 en bolsas de carbón vegetal con destino a Europa.

Según había mencionado en su momento su abogado en la etapa de juicio oral, su cliente había colaborado con el Ministerio Público lo que no le valió de nada ya que fue condenado a una pena elevada.

El condenado exdirector de TV Pública Cristian Turrini, estaría recibiendo amenaza de muerte por lo que ha solicitado su traslado del penal de Concepción al de Viñas Cué, pero, el juez no hizo lugar a ese pedido y ordenó al Ministerio de Justicia arbitrar los medios para asegurar la integridad del condenado.

Igualmente, el magistrado remitió los antecedentes al Ministerio Público y a su colega de garantías penales de Concepción sobre la denuncia de que se estaría gestando el asesinato de Turrini condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico.

Según la denuncia presentada por la defensa, se le ofreció a Bruno Marabel perpetrar el crimen de Turrini por lo que la defensa buscó su traslado al penal militar donde estima estaría fuera de peligro, pero, el juzgado entiende que en su lugar de reclusión se puede de todos modos resguardar su integridad física y mental.

El juez Mendoza también ordenó la constitución del médico forense del Poder Judicial para que inspeccione al condenado y que en un plazo de 72 horas le entregue un informe sobre el estado se salud de Turrini.

Cristian Turrini exdirector de TV Pública, fue sentenciado en noviembre de 2023 a cumplir 20 años de cárcel por su activa participación en el envío de más de 2.900 kilos de cocaína al extranjero en bolsas de carbón.

Turrini, fue condenado por tráfico internacional de droga y asociación criminal por su participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de droga, que, según el tribunal era un colaborador principal en asociación criminal y que no existía ninguna duda de su participación en el hecho.

Quedó demostrada su participación en el caso de la carga de 2.900 kilos de cocaína incautada en un Puerto de Villeta en octubre de 2020 en bolsas de carbón vegetal con destino a Europa.

Según había mencionado en su momento su abogado en la etapa de juicio oral, su cliente había colaborado con el Ministerio Público lo que no le valió de nada ya que fue condenado a una pena elevada.