La agente fiscal Patricia Sánchez presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Raul Florentín quien le concedió solo 9 días hábiles para presentar su requerimiento conclusivo al Ministerio Público.
Sánchez, señala en un escrito bien detallado que la imputación nunca tuvo entidad de resolución firme y ejecutoriada ya que siempre fue recurrida por la defensa y el propio órgano jurisdiccional se encargó de devolver la imputación a la fiscalía general en dos oportunidades.
“Con los vaivenes procesales desarrollados durante este tiempo, el órgano jurisdiccional, a través de la cámara de apelaciones actuante, revocó dos veces las resoluciones que contenían la culminación de la etapa preparatoria. Computar un plazo máximo de duración de la etapa reparatoria en base a un acta de imputación que no logró entidad formal, produce un agravio al Ministerio Público, pues al cercenar la etapa preparatoria y reducirlo a 9 días hábiles, que el mismo órgano jurisdiccional invalidó deja sin posibilidad al Ministerio Público de desarrollar su actividad investigativa, constriñendo a que presente escrito conclusivo en un plazo temporal más que precario”, reza parte del extenso escrito presentado por la fiscal Patricia Sánchez.
Agrega que al presentar la segunda ratificación por parte de la fiscalía adjunta se requiere al órgano jurisdiccional se le otorgue al Ministerio Público un nuevo plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, teniendo en cuenta a la revocación y pérdida de vigencia con las decisiones de la cámara de apelación.
Reitera que, la resolución del juez Raul Florentín cercena la facultad investigativa del Ministerio Público al otorgado un escaso tiempo que “extrañamente”, se concedió en una causa tan compleja donde se indaga que un legislador tendría un título falso de abogado.
Subraya que el Estado se encuentra indagando un caso de esta magnitud en la búsqueda de la verdad en este caso en el que la fiscalía general pidió 6 meses de investigación.
Que, no se recurrió el plazo investigativo fue porque la última admisión de la imputación fue en marzo pasado, lo que le daba aún tiempo al Ministerio Público para cerrar el caso e incluso pedir una prórroga extraordinaria, pero, con la tardía decisión de la cámara esta situación quedó imposibilitada.
Con estos argumentos la fiscal Sánchez solicita al juez revoque su decisión anterior y conceda al Ministerio Público seis meses para investigar esta causa tan compleja como ya se requirió en el dictamen de la fiscalía adjunta el 5 de julio pasado.
