El juez Miguel Palacios fijó para el 5 de septiembre la audiencia preliminar del diputado colorado Hernán Rivas procesado por poseer un título de abogado presuntamente falso.

El Ministerio Público se ratificó recientemente en su pedido de sobreseimiento provisional para el legislador por diligencias pendientes y así tener un año más de tiempo para colectar evidencias para cerrar el caso.

La imputación fiscal en este primer periodo sufrió dos reenvíos y a su vez dos ratificaciones por parte de la fiscalía adjunta. Para la cámara de apelaciones la imputación contra Rivas no debió ser admitida por carecer de argumentos que describan la conducta del procesado, sin embargo, para la fiscalía si existe un relato fáctico del hecho.

Esta causa pasó por numerosas dilaciones, es por ello que recién el mes pasado la justicia, le pudo imponer medidas al imputado como: la comparecencia bimensual dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el juzgado, comunicar la salida del país 48 horas antes y 48 horas después de su retorno. Tiene además la prohibición de cambiar de domicilio y una fianza personal de G 500 millones.

En su momento el legislador sostuvo que aclarará en el momento oportuno que su título de abogado no es falso, que efectivamente cursó la carrera de derecho y que es abogado, sin embargo, hasta ahora no presentó el elemento de descargo que muestre quienes eran sus compañero y sus profesores de la Universidad Sudamericana donde cursó supuestamente la carrera.

El 18 de enero de este año, la agente fiscal Patricia Sánchez había formulado imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

A partir de la imputación la causa tuvo numerosos contratiempos desde la devolución al Ministerio Público por errores en la imputación en dos oportunidades según los camaritas que intervinieron en la causa.

El juez de la causa ya estableció la fecha de audiencia preliminar donde se debatirá el pedido fiscal de la desvinculación provisoria del imputado en la causa.  

Mientras, que el defensa buscará el sobreseimiento definitivo del senador ya que sostienen que su título es legal y que si cursó la carrera de derecho.

La jueza de ejecución Sandra Kirchhofer, fue confirmada para entender en el marco de la causa donde Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo están condenados a 15 y 5 años de cárcel por usura y lavado de dinero.

La defensa tanto del usurero luqueño como la González Karjallo buscó que la causa sea remitida a Caaguazú. La abogada Raquel Talavera representa a ambos condenados en esta causa.

Para la defensa la jueza no podía seguir entiendo en la causa teniendo en cuanta que se encuentra litigando en un juicio civil con Delcia Karjallo, madre de González Karjallo y la esposa de Ramón González Daher por lo que debía ser apartada de la causa, pero la cámara entiende que no existe razones para separar a la magistrada de la causa.

La jueza Kirchhofer, se encuentra realizando la ejecución de la sentencia y la ejecución del comiso de bienes ordenados en la misma sentencia donde ambos recibieron elevadas condenas de prisión por lavado de activos y usura.

La abogada Raquel Talavera viene sosteniendo desde que asumió la defensa de ambos condenados que el comiso ordenado por la justicia en realidad es una confiscación de bienes porque fueron incluidos inmuebles adquiridos 30 años antes del proceso abierto contra ambos.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia, citó a los acusados de ser cómplices de usura de Ramón González Daher para el próximo 26 y 27 de agosto a las 8:00 para la audiencia preliminar, se trata del expresidente del Club Resistencia Roberto Garcete Rodríguez y su hijo.

Mientras que para la escribana María de Lourdes Duarte, la diligencia la preliminar se desarrollará el 22 de agosto.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para Roberto Alejandro Garcete Cano, expresidente del Club Resistencia, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero como coautor. Mientras que a su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano fue acusado por usura en calidad de cómplice y lavado de dinero como coautor.

Según el relato del Ministerio Público los acusados entregaron un préstamo usurario de G 200 millones al señor Miguel Eladio Britos en junio del 2013, pero consignaron en la operación por escritura pública G 300 millones sin que se les haya entregado la copia de la operación simulada como venta de inmueble las víctimas se retiraron de la escribanía de María de Lourdes Duarte Franco, quien refrendó la fraudulenta operación.

La víctima dejó en garantía su casa cuyo valor supera los G 1.100 millones, y pese a haber devuelto no solo el préstamo de G 200 millones, más G 200 millones como “intereses”, fueron citados a la oficina de Ramón González Daher quien en presencia del señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda (refiriéndose al inmueble ubicado en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G 200.000.000.

“La familia Britos era consciente de con quién estaban tratando y sabía del poder económico y político que el señor Ramón González Daher tenía para conseguir lo que se propusiera. En ese momento, su hermano era senador nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y era bien conocida su influencia en el sistema de justicia de nuestro país. Esta exigencia realizada por el señor Ramón González Daher fue cuestionada por la María Laura de Britos quien le refirió a González Daher que esa casa tenía un valor de Gs. 1.100.000.000 aproximadamente; pero el mismo les exigió que entregaran las llaves, circunstancia que se dio en fecha 20 de diciembre de 2014 cuando la familia Britos Báez, ante el temor de lo que pudiera suceder si se enfrentaba a una de las familias más poderosas del país (los González Daher) decidió retirarse de la vivienda familiar y entregó las llaves de la misma al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, quedando en su poder desde ese momento hasta la fecha”, reza parte de la acusación de la agente fiscal Belinda Bobadilla.

Además, la fiscalía acusó, a la escribana María de Lourdes Duarte Franco, por los hechos punibles de producción inmediata, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autora y lavado de dinero en calidad de cómplice.

Por haber realizado un acto simulado de compraventa de inmueble cuando en realidad era un préstamo que dejaba como garantía un inmueble y todo este acto fue a instancia del acusado, Roberto Alejandro Garcete Cano. Que incluso consignó un monto superior de la operación de G 300 millones cuando en realidad la familia Britos solo recibió G 200 millones. Conducta por demás grave al consignar no solo un acto irregular sino por falsear su contenido afectando, dice la acusación.

El Ministerio Público, con todo lo colectado durante el periodo investigativo, documentales y testificales, así como otros medios de prueba afirma que tiene los elementos para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público.

FOTO: ULTIMA HORA.

La agente fiscal Patricia Sánchez confirmó que el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, aprobó la implementación a nivel nacional del protocolo de seguridad para fiscales y funcionarios del Ministerio Público que se trabajó con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP.

Comentó, que este documento se trabajo por dos años con varios organismos internacionales que han prestado colaboración no solo en la redacción sino con sus propios consultores.

Agregó, que buscan con este protocolo minimizar al máximo los riesgos para los funcionarios y fiscales que desempeñan sus funciones no solo en el ámbito de crimen organizado, será el riesgo el que determine la protección de los operadores de justicia no donde desempeñan sus labores.

“El baremo que determina quien puede ser beneficiario de los servicios o de la seguridad que pueda brindarse a través del protocolo lo determina el riesgo. No si presta servicio en crimen organizado, obviamente hay fiscales que por la naturaleza de la investigación que realiza están más expuestos, pero, también hay muchos colegas del interior del país que sin ser especializado llevan causas de alta complejidad y vinculados grupos criminales zonales que también implica cierto nivel de riesgo que también es atendible por parte del Ministerio Público y se les provee de un esquema de seguridad mientras dure esa situación de riesgo”, comentó la agente fiscal Patricia Sánchez, quien integra el Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección de Fiscales, de la AIAMP.

Subrayó, que se implementa un mecanismo de seguridad en base al resultado del análisis que se realiza arroja en cada uno de los fiscales y según su perfil para que el esquema de seguridad montado sea exitoso.

Dijo que los agentes fiscales en la actualidad muestran mucho interés en la seguridad, que permanentemente están consultando cómo hacer para mejorar su autoprotección que es muy necesaria para mitigar los riesgos.

El próximo 20 de agosto de 15:00 a 17:00 h, se desarrollará un conversatorio para socializar el protocolo para la protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público que integran la AIAMP.

La docente a cargo de impartir la charla será la agente fiscal Patricia Sánchez y es de carácter obligatorio para los fiscales, por decisión del fiscal general del Estado Emiliano Rolón, la modalidad será virtual.

El contador Adrián Benítez Espínola, fue condenado a tres años de pena privativa de libertad, tras ser encontrado culpable por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

El hoy condenado contador, ocasionó un perjuicio patrimonial de 6.000 millones de guaraníes a una empresa al presentar facturas apócrifas a la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para quedarse con el dinero del contribuyente.

Durante el debate, el fiscal Alcides Giménez presentó diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales que determinaron la existencia de los extremos acusados y la responsabilidad penal del acusado. Elementos que fueron contundentes para el tribunal de sentencia, conformado por los jueces Marino Méndez, Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, que sentenció a tres años de prisión al profesional contable.

Según los antecedentes del caso, el hoy condenado durante muchos años llevó la contabilidad de la firma Ali Import-Export. El contador recibía importantes sumas de dinero para el pago de tributos a la SET, pero desviaba el dinero a su cuenta personal y luego introducía en la contabilidad de la empresa facturas de contenido falso e inconsistentes, provocando de esa manera el millonario perjuicio.

En ese sentido, durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015 y 2016, Benítez Espínola introdujo en la contabilidad de Ali Import-Export facturas supuestamente emitidas por los siguientes contribuyentes: Fabián Saúl Benítez Gómez, Liza Raquel Quiñónez de Piñánez, Arnaldo Pereira Sosa, José Sidinei Kemmerich Ferreira, Gladys Inocencia Usher, Fátima Isabel Talavera Chamorro, Dionicio González Gutiérrez, Gilda Catalina Acuña de Domínguez, Herógenes Vera y Tomás López Guerrero. No obstante, todos ellos confirmaron posteriormente ante la SET que nunca mantuvieron relaciones comerciales con López.