Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, ratificaron este jueves el pedido de sobreseimiento provisional para Hernán Rivas, procesado por su título de abogado presuntamente falso.

El Ministerio Público ratificó la salida procesal de sobreseimiento provisional de Hernán Rivas Román. Manifiestan que ya el 19 de julio pasado han presentado su requerimiento conclusivo expediente electrónico, así como la remisión completa de la carpeta del cuaderno de investigación fiscal, se ratifican en pedido presentado y piden al juez del caso Miguel Palacios fijar fecha de audiencia preliminar para el procesado.

La imputación fiscal en este primer periodo sufrió dos reenvíos y a su vez dos ratificaciones por parte de la fiscalía adjunta. Para la cámara de apelaciones la imputación contra Rivas no debió ser admitida por carecer de argumentos que describan la conducta del procesado, sin embargo, para la fiscalía si existe un relato del hecho.

Esta causa pasó por numerosas dilaciones, es por ello que recién el mes pasado la justicia, le pudo imponer medidas al imputado como: la comparecencia bimensual dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el juzgado, comunicar la salida del país 48 horas antes y 48 horas después de su retorno. Tiene además la prohibición de cambiar de domicilio y una fianza personal de G 500 millones que deberá ser sustituida por una caución real dentro de 30 días. En su momento el legislador sostuvo que aclarará en el momento oportuno que su título de abogado no es falso.

El 18 de enero de este año, la agente fiscal Patricia Sánchez había formulado imputación contra Hernán Rivas por haber usado su matrícula para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de la Magistrados en dos oportunidades, matrícula que obtuvo de manera irregular según sospecha el Ministerio Público.

A partir de la imputación la causa tuvo numerosos contratiempos desde la devolución al Ministerio Público por errores en la imputación en dos oportunidades según los camaritas que intervinieron en la causa.

Todo está manos del juez Miguel Palacios quien debe resolver si otorga el sobreseimiento provisional a Hernán Rivas salida que evitará que el caso quede impune.

El abogado penalista Secundino Méndez, señaló que la saturación de juicios orales también genera un perjuicio para los profesionales del derecho que están obligados a brindar un servicio de calidad a sus clientes.

Agregó, que la Corte Suprema de Justicia debería establecer por acordada cuáles son los juicios orales que deben prevalecer para que los profesionales abogados puedan representar con eficiencia a los justiciables.

Dijo que, si bien entienden los profesionales que los juicios ya iniciados son los que deben tener prioridad, algunos tribunales no comprenden esta situación y en caso de que el abogado no llegue por estar en otro juicio, situación comunicada al tribunal, igualmente, se declara el abandono de la defensa.

Mencionó, que al igual que los magistrados, los abogados están abarrotados de juicios orales con cuatro a cinco audiencias desarrollándose en forma simultánea a los que suman aquellas que se van iniciando.

“El cliente quiere que esté en el juicio la persona en quien confía, trasladando esto en el ámbito de la medicina el cliente quiere que s u médico de cabecera lo opere, acá estamos hablando de la libertad de las personas. Es necesario que la Corte por acordada cuáles son los juicios que deben tener prevalencia ya que entienden son los ya iniciados, pero, que esto debe estar documentado. La Corte no piensa en el profesional litigante, nosotros no damos abasto, yo me manejo con cuatro o cinco juicios abiertos, es humanamente imposible cumplir con todos” acotó Secundino Méndez, experto en derecho penal.

Subrayó que los gremios de abogados tampoco ejercen una buena representación adecuada de los abogados, ya que este tipo de situaciones bien podrían formar parte de los pedidos de los Colegios de Abogados para buscar una salida a la problemática.

Por último, Mencionó que es necesario que se amplíe la cantidad de tribunales de sentencia y no suprimirlos, que es necesario un mejor gerenciamiento de esta etapa del proceso ya que tanto para los abogados que deben brindar un servicio óptimo en las actuales condiciones es complicado.

Que, para los tribunales que deben fundar sentencias la situación podría ser mucho peor y pone en riesgo todo el sistema penal y más aún en una etapa donde está en juego la libertad de la persona.

Soledad Machuca presentó el dictamen del Ministerio Público y recomienda a Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazar la acción pretendida por el exconsejero Enrique Kronawetter.

Según el dictamen de Machuca el mandato de Kronawetter y Carlos Trapani, feneció y que la acción promovida contra el decreto del ejecutivo del 20 de noviembre del 2023 por la cual se designa en reemplazo de Kronawetter a Alicia Pucheta debe ser rechazada.

En trece páginas machuca argumenta las razones por las que la CSJ debe rechazar la acción promovida por Kronawetter, entre otras cosas señala que, el mandato de Kronawetter feneció en octubre del 2023 al completar el mandato de Mónica Seifart, contándose a partir del juramento de Seifart el plazo de tres años. Con lo que, “el Ministerio Público sostiene inequívocamente que el decreto del Ejecutivo del 20 de noviembre de 2023, no ha infringido el periodo de tres años”, dice Machuca.

Por su parte, el abogado accionante Enrique Kronawetter, señala que el dictamen fue presentado de manera extemporánea por lo tanto el Ministerio Público perdió la oportunidad de ser partícipe en este litigio.

“La adjunta no está legitimada a contestar, pedí el decaimiento del derecho dejado de usar, “olvidó” adrede analizar la ley del Consejo y precisamente en eso se basó nuestra inconstitucionalidad, tomando el precedente de Julio Javier Ríos y que la Sala hizo lugar a la inconstitucionalidad por su remoción ilegítima en razón de que no se cumplió el procedimiento de la ley del Consejo.

El plazo que fija la ley del Consejo, es desde la comunicación que hace el presidente al Consejo el cual opera de pleno derecho por el fenecimiento del mandato constitucional de tres años; así que es falaz lo que afirma de que supuestamente el plazo es personal, ya que la ley del Consejo es la que otorga al presidente de dicho cuerpo comunicar un fenecimiento de mandato y a partir de ahí se computan los tres años del mandato constitucional; si no se produce la designación, luego de vencido el mandato opera la tácita reconducción prevista en la misma ley del consejo, hasta que proceda a designarse al reemplazante, el cual deberá completar el mandato de tres años restantes (incluyendo el que ya consumió el anterior), porque el plazo constitucional es de tres años, y si se altera eso por voluntad o decisión de la autoridad, el plazo se convertiría en un plazo acomodado al criterio político de la autoridad de turno”, señaló Enrique Kronawetter, quien busca con esta acción hacer cumplir el nuevo periodo para el cual fue designado por Mario Abdo Benítez.

El abogado Enrique Kronawetter fue designado representante del Ejecutivo el 12 de abril del 2023 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez y, por ende, su mandato debía ir hasta el 12 de abril de 2026, pero esta situación no fue respetada por el actual presidente quien designó a Alicia Pucheta en el cargo como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza María Leticia Fracci sentenció a 29 años de prisión a Jorge Manuel Domínguez Orquio, por el feminicidio de su pareja a quien después de estrangular abandonó en la casa.

Para el tribunal de sentencia fueron contundentes, el relato de los hijos en común de la pareja, quienes mencionaron no solo en su testimonio sino en cámara Gesell las condiciones de violencia sistemática a la que era sometida la víctima.

Los niños contaron con detalles lo que ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre del 2020, fecha en que fue asesinada la mujer por su concubino. Los niños relataron con detalles los episodios de violencia y cómo esa noche el hoy condenado tenía sujetada a Eva Villasanti del cuello y se encontraba encima de ella, lo que le produjo finalmente la asfixia a la víctima.

Otro relato de suma relevancia para el tribunal fue el del médico forense que señaló al tribunal que la víctima tenía una lesión el pecho que sería producto de la rodilla presionada del acusado sobre la víctima y las lesiones en el cuello se produjeron cuando la víctima seguía con vida por la forma en que se coaguló la sangre.

El Ministerio Público a cargo del fiscal Silvio Alegre, sostuvo en su relato fáctico que Jorge Domínguez, luego de una discusión con su pareja el 30 de noviembre del 2020, la metió en la habitación a la víctima y la tomó del cuello estrangulándola lo cual ocasionó su deceso. Resaltó que existía un ciclo de violencia en la pareja, con maltratos verbales, agresiones fiscas, y hasta amenazas de muerte inclusive por parte del condenado hacia su concubina.

Todos estos elementos fueron valorados puntillosamente por el tribunal de sentencia para aplicar los 29 años de cárcel a Jorge Manuel Domínguez por el feminicidio de su pareja.

Otro elemento valorado en contra del encausado es que nunca colaboró con la justicia, luego de asesinar a su pareja se fue a trabajar y fueron los niños los que dieron aviso de lo que había ocurrido al percatarse que su madre ya no respiraba. Incluso el tribunal tuvo en cuenta la falta de arrepentimiento del autor quien negó en todo momento haber sido el que asesinó a su pareja cuando nadie más que él y los niños se encontraban en la casa.

El hecho se registró en la madrugada del 30 de noviembre de 2020, en el asentamiento «El Triunfo», del barrio Itapuami de Luque.

Además de la jueza Leticia Frachi, integraron el tribunal de sentencia la jueza Liz Ramírez y el juez Javier Sapena.

La actuaria judicial Juliana Romero, imputada por presuntamente haber camuflado uno de los expedientes de Ramón González Daher, recuperó su libertad por decisión del juez Rolando Duarte.

El magistrado sustituyó el arresto domiciliario que pesaba en contra de la funcionaria judicial y le concedió la libertad ambulatoria. Además de una fianza, el juzgado estableció las siguientes reglas de conducta para Juliana Romero; como la prohibido cambiar de salir del país sin permiso del juzgado, la comparecencia mensual ante juzgado y la obligación de mantener el domicilio fijado en el expediente.

Tras la audiencia de revisión solicitada por la procesada, la actuaria pudo recuperar su libertad ambulatoria ratificándose la caución real sobre un inmueble por valor de G 150.000.000.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero por supuestamente haber manipulado el sistema informático del Poder Judicial y así camuflar el expediente de RGD.

Los tipos penales imputados por el Ministerio Público son el de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionario por haber supuestamente sido ella la que modificó e hizo desaparecer el expediente del usurero Ramón González Daher.

Según la fiscal de la causa la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Esto sostiene el Ministerio Público en base al testimonio del juez Darío Báez quien en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos luego escucharlos en calidad de testigos y quienes de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizaao por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió para camuflar el expediente del usurero luqueño.

En noviembre próximo le vence el plazo extraordinario a la agente fiscal Ruth Benítez para formular requerimiento conclusivo en el caso. Hasta el momento no existe otra persona imputada más que la exactuaria de Darío Báez.

Con el voto de la preopinante y presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Alicia Pucheta, votó por sancionar con un apercibimiento a la agente fiscal Stella Mary Cano que mantuvo cinco meses paralizada la causa Mocipar.

Si bien se probó su mal desempeño al no realizar la pericia que ella misma consideraba fundamental en la causa conocida como Mocipar con cientos de víctimas de estafa, Pucheta, votó por la sanción más benigna a la enjuiciada. Se adhirieron al voto sus colegas César Garay, Enrique Berni, Derlis Maidana y Orlando Arévalo.

Por su parte el ministro Manuel Ramírez Candia votó por la destitución de la enjuiciado por la gravedad de su actuación en la causa Mocipar al “trabajar por la impunidad, ella no trabajó en la búsqueda de la verdad, muy por el contrario. Tenía una sola tarea investigativa que era la pericia que ella consideraba muy importante para determinar si existía la estafa, no lo hizo en un año, era su responsabilidad hacerlo. Hubo una actividad investigativa negligente, carente de objetividad y favorable a la impunidad, por lo tanto, yo voto por la remoción de la agente fiscal”, señaló el ministro Ramírez Candia.

A esta posición de sumaron Mario Varela y Alejandro Aguilera.

Es la segunda vez que Stella Mary Cano es apercibida por el JEM. Con esta decisión queda nuevamente habilitada para volver al Ministerio Público a desempeñarse como agente fiscal una vez que la Corte Suprema de Justicia levante la medida disciplinaria adoptada en su contra.

La jueza de garantías Diana Carvallo, elevó a juicio oral y público el proceso abierto por homicidio doloso contra el efectivo policial Gustavo Florentín acusado por el homicidio del joven Rodrigo Quintana.

Tras la audiencia preliminar la magistrada decidió elevar el caso a la siguiente etapa de juicio oral donde un tribunal de sentencia juzgará el caso y valorará las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.

El policía Gustavo Florentín es el único acusado por el Ministerio Público por el crimen de Rodrigo Quintana. La diligencia se pudo desarrollar luego de varias chicanas procesales que frustraron la preliminar por años.

La jueza Diana Carvallo, luego de varios intentos frustrados, pudo concluir la audiencia preliminar para Gustavo Florentín y elevó el caso a juicio.

Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

Hasta el momento no se tiene una sentencia firme por este hecho y los padres siguen insistiendo en que la justicia les permita ser querellantes en el caso ya que solo la viuda tiene la legitimidad para adherirse como querellante en la causa.

Representa al acusado el abogado Ricardo Estigarribia quien sostuvo que su cliente no fue quien realizó el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

La agente fiscal Nathalia Silva apeló la absolución de la médica pediatra Laura Sena, quien recientemente fue absuelta por el tipo penal de homicidio culposo por la muerte del pequeño Renato Rojas.

El Ministerio Público busca rever en alzada la sentencia emitida por mayoría de votos de los magistrados Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.

La apelación señala que el voto en mayoría hizo una valoración parcial del testimonio de los médicos y peritos que fueron a declarar ante el tribunal. Igualmente se omitió valorar la respuesta del doctor Pablo Lemir quien dijo que si monitorizara el corazón del niño permite diagnosticar tempranamente si se está empezando a complicar.

“No consta en la sentencia, el preguntado realizado al doctor Pablo Lemir, por las agentes fiscales de que, si se realizaban todas las conductas ausentes, se podía haber detectado y prever la bradicardia y complicaciones que llevaron al paro. Preguntado al que respondió: Si, se podía prevenir”, reza parte de la apelación del Ministerio Público.

Agrega que con dichas omisiones el tribunal en mayoría viola los principios lógicos del CPP y por lo tanto resulta contradictoria la fundamentación, con lo que corresponde la nulidad del fallo que hoy impugnan en alzada y con base a estos argumentos debe ordenarse el reenvío de la causa para un nuevo juicio oral y público.

Para el tribunal de sentencia en mayoría, no se probaron los extremos acusados por el Ministerio Público ya que el pequeño Renato tenía 50% de probabilidad de sobrevivir en base a su estado clínico, por lo que absolvieron a la médica.

Laura Sena, señaló que se hizo justicia, que en el Ministerio Público nunca la escucharon y que nadie puede dimensionar todo lo que ha pasado en estos años y que nunca se respetó su estado de inocencia porque desde el inicio la vieron y trataron como culpable.

Renato falleció en el Sanatorio Migone en agosto del 2019, desde allí la familia buscó que los profesionales de blanco que asistieron al pequeño de dos años sean condenados, pero la justicia ha resuelto que no se perpetró el hecho punible alegado de homicidio culposo ya que no existió omisión en el tratamiento.

El tribunal de sentencia presidido por el magistrado Juan Francisco Ortiz y la miembro, Rossana Maldonado absolvieron a la pediatra. Mientras que votó disidencia el juez Manuel Aguirre.

El político Dany Durand imputado por estafa fue declarado como litigante de mala fe por las reiteradas acciones dilatorias que estancan el desarrollo de su audiencia preliminar y fue sancionado con multa.

La justicia lo obliga a pagar la suma de G. 3.766.945 equivalente a 35 días multa por su inconducta. Esto lo resolvió la jueza penal de garantías Cynthia Lovera este lunes.

Durand, está imputado por estafa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, lesión de confianza, desvío de aportes de seguro social, lavado de dinero y estafa en grado de tentativa.

El fallo menciona específicamente la audiencia preliminar fijada para el pasado 7 y 8 último para las 8:30; notificada a las partes con 21 días de antelación. Sin embargo, el día de la audiencia 1 hora y 25 minutos antes de la diligencia recuso a las agentes fiscales Alba Delvalle, Ruth Benítez e Irma Llano.

“Al respecto esta magistratura sostiene que no desconoce el derecho a la defensa material en juicio consagrado en el Art. 16 de la Constitución Nacional, asimismo de la facultad prevista en el Art. 57 y concordantes del Código Procesal Penal, sin embargo, plantear la recusación en contra de las agentes fiscales recientemente confirmadas por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, y efectuado el día señalado para la audiencia preliminar con una hora y veinticinco minutos antes, evidencia de esta forma una actitud meramente dilatoria por parte del procesado Dany Durad”, menciona parte de la resolución.

Según la investigación fiscal, los hechos punibles presuntamente cometidos por Dany Durand, se dieron mediante engaños tanto por parte de él como de varios empleados de su firma MOCIPAR. Los clientes adquirían inmuebles, vehículos y electrodomésticos a cuotas. Estos bienes eran entregados una vez terminado el pago, pero estaba sujetos a un sorteo dominical donde en caso de ser adjudicados, la cuenta estaba saldada.

Para el Ministerio Público el contrato era irregular, ya que ante el mínimo retraso en las cuotas, los clientes perdían todo derecho.

Respecto a su defensa representada por el abogado Cristhian Fernando Aquino, la jueza Lovera resolvió poner a conocimiento del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para lo que hubiere lugar en derecho.